18 de febrero 2024
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A un año de que el régimen orteguista convirtió a 317 nicaragüenses en apátridas, la respuesta de la comunidad internacional ha sido extraordinaria. Sin embargo, ese acto violatorio contra el sistema de derechos humanos internacional y de convenciones de apatridia, no puede ser normalizado, advierte Juan Pappier, subdirector en funciones de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Pappier, en entrevista con el programa Esta Semana y CONFIDENCIAL, señaló que es importante que los organismos de Naciones Unidas sigan pendientes sobre qué pasa en Nicaragua en el día a día, ya que de esa forma se mantiene la atención sobre la crisis en materia de DD. HH., evitando que se normalice.
El abogado internacional explicó que el régimen de Daniel Ortega ha optado por la estrategia de reducir presos políticos, imponiendo el destierro y el despojo de su nacionalidad, incurriendo en "violaciones gravísimas". Por tanto, indicó que esos abusos contra la Convención para Reducir los casos de Apatridia, de 1961 abren nuevas vías internacionales para poder acceder a la justicia y que el Estado de Nicaragua rinda cuentas.
Se cumplió un año del despojo de la nacionalidad nicaragüense contra 317 ciudadanos que fuimos objeto de un acto de venganza y persecución política. Por encima de la cárcel, de la tortura, ahora se ejecuta este despojo de nacionalidad, que incluye además la eliminación de todos los derechos políticos, la declaración de traición a la patria y la confiscación ilegal de todos los bienes. ¿Qué significa la apatridia dentro de este contexto de violaciones a los derechos humanos?
Esta decisión que ha tomado Daniel Ortega de quitarle la nacionalidad a más de 300 personas es algo que en la región solamente habíamos visto por parte de Augusto Pinochet, y Pinochet lo había hecho con muchas menos personas en la dictadura chilena. Creo que eso refleja la gravedad de la violación de derechos humanos de la que estamos hablando. Los apátridas se quedan sin una nacionalidad, y por ello, sin derechos políticos, con enormes dificultades para ejercer sus derechos civiles. Son personas que están en tierra de nadie.
Es realmente una violación gravísima al Derecho Internacional, a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954; a la Convención para Reducir los casos de Apatridia, de 1961; a las obligaciones en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una violación flagrante y obvia de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua y creo que es algo que no podemos normalizar, porque me parece que Ortega y Murillo han optado por esta vía para evitar tener tantos presos políticos en el país. Prefieren quitarles la nacionalidad y expulsarlos como si Nicaragua fuera su finca y ellos, los patrones que expulsan a la gente. Pero no podemos normalizar esta estrategia, que por un lado reduce la cantidad de presos políticos, pero a través de violaciones gravísimas de los derechos humanos y el Derecho Internacional.
¿Cómo evalúas la reacción de los gobiernos, de la comunidad internacional ante estos hechos? Varios gobiernos latinoamericanos han expresado gestos de solidaridad. España, por otro lado, ha realizado un hecho extraordinario de solidaridad, al otorgar la nacionalidad española a más de 110 nicaragüenses. Pero al mismo tiempo, en Centroamérica, pareciera que hay una normalización del régimen de Ortega, que es su vecino inmediato.
Los gestos de solidaridad que tú mencionas son extraordinarios, son muy importantes. Hay que aplaudir lo que hizo España y también los ofrecimientos que hicieron otros países como Colombia, Argentina. Creo que son gestos muy importantes, de una solidaridad que hay que destacar, pero no nos podemos quedar con eso únicamente. Hay que tomar medidas para prevenir, para evitar que el régimen de Ortega y Murillo siga tomando estas medidas contra otros críticos, otros opositores. No podemos normalizar estas violaciones de derechos humanos y pretender que únicamente vamos a darle nacionalidad a quienes sufren estos abusos. Hay que denunciar de forma clara estos abusos. Hay que tratar de llevarlos a tribunales internacionales, aumentar la presión contra el régimen de Ortega porque estas son, insisto, violaciones graves al Derecho Internacional de los derechos humanos en el país.
Y es grave lo que ocurre en Centroamérica. Estos esfuerzos, por ejemplo, de Honduras, por intentar normalizar lo que pasa en Nicaragua. Hacer de cuenta que lo que pasa allí no es grave. Me parece que habla muy mal del récord en materia de política exterior del Gobierno hondureño, que no sea mucho más claro sobre las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega.
Enjuiciado internacionalmente por apatridia
Mencionaste por lo menos dos tratados para la prevención de la apatridia, de los cuales es signatario el Estado de Nicaragua, así como otros para la prevención de la tortura. ¿Podría el régimen de Ortega ser enjuiciado o demandado ante la Corte Internacional de Justicia por violación de estos tratados?
Sí. Son vías que existen, que hay que explorar. La Convención de 1961 es muy clara sobre este tema que se pueden llevar diferencias sobre la interpretación o aplicación de la Convención a la Corte Internacional de Justicia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Convención contra la Tortura y también con otros tratados regionales como el Pacto de Bogotá, que han suscrito varios Estados en América Latina para llevar sus controversias o disputas a la Corte Internacional de Justicia, y creo que esa vía tendría un valor político enorme porque Nicaragua tiene gran aprecio por la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 1984, en contra de Estados Unidos, condenado por la CIJ.
Esa sentencia ha generado un gran legado, una gran imagen en Nicaragua. Es algo que el sandinismo reitera constantemente. Creo que tendría un gran impacto político, además de jurídico, explorar esta vía, de intentar llevar a Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia para que rinda cuentas por estas violaciones de derecho internacional.
Esa sería una demanda contra el Estado de Nicaragua, no es una demanda penal contra individuos que han perpetrado violaciones, para lo cual entiendo está la Corte Penal Internacional. ¿Sería el Estado de Nicaragua el enjuiciado?
Exactamente. El Estado de Nicaragua sería demandado, no es una demanda contra una persona en particular. La Corte Penal Internacional hace investigaciones contra personas en particular, pero Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, la única forma de llevar a Nicaragua frente a la Corte Penal Internacional sería con una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que ha ocurrido en apenas dos ocasiones en la historia y que es muy difícil lograr hoy en día porque podría vetar esa decisión Rusia o China. La vía de la Corte Penal Internacional está prácticamente cerrada hoy en día, pero hay que explorar otras vías alternativas. Una es la de la Corte Internacional de Justicia, otra son vías basadas en el principio de la jurisdicción universal que permiten investigar en jurisdicciones locales, domésticas, graves crímenes cometidos en otros países.
En los próximos días se conocerá un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua. ¿Qué expectativa tienes en relación a ese informe?
Creo que es un Grupo que ha hecho un muy buen trabajo en relación con Nicaragua, tanto para documentar lo que ocurre en el terreno, aunque no tienen acceso al país, pero hacen un esfuerzo por conocer en detalle lo que está ocurriendo. Sobre todo para mantener la atención sobre Nicaragua en este esfuerzo por evitar que se normalice lo que está pasando en el país. Hay que asegurarnos de que los organismos de Naciones Unidas sigan pendientes, sigan siendo informados sobre lo que está ocurriendo hoy en día en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En ese sentido, los informes que produce el Grupo de Expertos son importantes. Seguramente habrá nuevos hallazgos en cuanto a los reportes de crímenes de lesa humanidad en el país. Imagino que habrá nuevos hallazgos sobre la persecución de miembros de la Iglesia Católica, sobre estos esfuerzos por quitarle la nacionalidad a las personas y deportarlos o expulsarlos del país. Creo que va a ser un informe importante para mantener a la comunidad internacional alerta sobre lo que está pasando en Nicaragua.
