12 de febrero 2024
AA
Share
Mientras los seguidores ortegamurillistas repiten la canción trillada del “golpismo” para justificar la represión de la dictadura, el clan familiar se va enriqueciendo cada vez más, a costa de sus mismos partidarios. Laureano y Rafael Ortega hacen negocios privados en Rusia, China y Venezuela, pero a los sandinistas de base y a los empleados públicos no les llegan ni las sobras, y los buses chinos son solamente un fallido plan de consolación.
La prioridad para la dictadura ha sido sostener a la cúpula familiar, generales, operadores políticos y testaferros en el poder. Frente a la imposibilidad de competir limpiamente contra empresas nacionales y extranjeras el clan familiar cambió su modus operandi antes de la crisis de 2018 y se reorganizó en torno a tres sectores: la economía sujeta a la captura del Estado; la economía de la zona franca, agroexportación y comercio local; y la economía informal.
La economía hacia afuera, de la zona franca, y el gran capital
El principal motor de la economía de Nicaragua es el sector exportador, que genera la mitad del ingreso nacional, compuesto por tres grandes industrias en manos de oligopolios: la zona franca, la agroexportación y la industria minera, cuyas operaciones la manejan menos de 200 grandes empresas.
Estas empresas incluyen no más de 130 negocios de la zona franca en el sector textil (30% norteamericanas, otro 15% surcoreanas y un 20% nicaragüenses a cargo de mantenimiento, leasing predominantemente), responsables de dos tercios de todas las exportaciones.
Hay siete empresas mineras transnacionales exportando 800 millones de dólares en oro, y menos de 30 empresas a cargo de la exportación de carne, café, azúcar y tabaco, en las que su principal propietario son los grandes empresarios.
El gran capital también está presente en la industria alimenticia, banca, controlando la mayoría del sector importador. Al igual que el comercio externo, las empresas que operan en el mercado nacional tienen un control oligopólico que trabaja con una cadena de valor local de mas de cien mil negocios formales proveedores de productos y servicios.
Con la asesoría del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, han dejado operar con más flexibilidad a este sector vinculado internacionalmente, legalmente atado a acuerdos dentro del CAFTA o con oficinas fuera de Nicaragua, para evitar sanciones y penalidades.
La zona franca emplea menos de 130 000 trabajadores en un país de una fuerza laboral de tres millones de trabajadores —que ahora son el 45% de la población con una carga económica más grande.
Como el mercado internacional está copado y es políticamente arriesgado, el clan familiar ha optado por ampliar su presencia en bienes y raíces (alquilando locales, comprando y vendiendo propiedades), comunicación, construcción, educación, telecomunicación y energía, entre otros. Se salieron parcialmente del sector importador de petróleo con el colapso de Venezuela y las sanciones a DNP, pero mantienen la distribución de energía a través de Disnorte-Dissur, como una empresa privada en sus manos.
El clan sabe que aún no tienen el dinero para competir con empresas transnacionales o del gran capital. No les conviene intervenirlos en este momento, pero con la soga cortita tienen medida una fecha en el corto plazo para confiscar, una vez que ya no ajuste con la plata que sacan de la extorsión, la entrada de remesas y el endeudamiento externo.
La vida del nicaragüense de la calle: la informalidad
El grueso del trabajo en Nicaragua está en la economía informal: actividades económicas en mercados saturados, no generan suficiente rentabilidad y no pueden competir con el sector formal y tampoco cotizan al INSS ni pagan impuestos.
El verdadero sector privado está en la calle. La gente que vende en el mercado, en puestos ambulantes, que trabaja para alguien, pero no tiene protección social o laboral ni del Gobierno; el que tiene un restaurante o una comidería para menos de 30 clientes diarios, el que alquila un taxi para ganarse el día.
Así trabajan dos tercios de los obreros, dos millones de trabajadores con pocas calificaciones, sin protección alguna. Estos incluyen madres solteras, hijos de migrantes, los que tienen que cuidar a alguien, los que trabajan en oficinas, pero les pagan “bajo la mesa”, y viven de no más de 10 000 córdobas mensuales y les toca mantener al menos a una boca más.
La población informal ha crecido desde 2018 porque el régimen no quiso crear condiciones para modernizar la economía, y porque la inseguridad jurídica que causó la represión de 2018 provocó la quiebra a miles de negocios.
Son cerca de 600 000 microempresarios informales, negocios unipersonales, tratando de tener ventas equivalentes a dos salarios mínimos: la mayoría viven por debajo del salario mínimo. En una encuesta realizada en enero de 2023, el ingreso mensual promedio reportado era de C$ 7500 (30% del salario promedio en el sector formal). Este ingreso no cubre el costo de la canasta básica que era de más de USD 450 y realmente es compensado en la mayoría de los casos por la entrada de remesas, que están llegando a más de la mitad de los hogares del país.
La economía rentista y de captura del Estado
El tercer sector es la economía que el clan Ortega-Murillo y su círculo de poder han montado para sostenerse y que opera de una manera sincronizada entre: la administración de favores económicos y fiscales a los socios de la dictadura; y el uso del Estado para la represión económica mediante extorsión, confiscación, desprotección laboral y endeudamiento externo.
La arquitectura de su acumulación de riqueza se apoya del Estado como el vehículo del cual captan recursos económicos y los distribuyen a empresarios amigos del régimen. Han usado el aparato estatal para mantener subordinado a un sector de la fuerza laboral desde un entorno clientelista y de miedo. De los más de 110 000 empleados públicos (excluyendo los de las municipalidades) la dictadura exige lealtad a cambio de empleo, y si no, te sacan y formas parte de la economía informal o emigras al exterior.
Las extorsiones tributarias y confiscaciones ilegales han sido el mecanismo para alterar la competitividad en el mercado, debilitando a negocios nacionales, empujándolos a la quiebra, a ventas prematuras, o a la intervención estatal. La cantidad de empresas confiscadas son más de 1000, entre pequeños negocios de un millón de dólares de ventas anual, hasta ganaderías, caballerías, universidades y otros entes que generaban rentas superiores a los diez millones anuales.
Mientras los “empresarios” del círculo de poder tampoco pagan impuestos, reciben créditos favorables y participan en negocios turbios. El clan familiar participa y facilita estas operaciones comerciales, situación que les permite extender su brazo político al lado del económico. Aquí se incluyen contrataciones a empresas de construcción afines al régimen para ejecutar proyectos de obras públicas financiados con endeudamiento externo.
El clientelismo no llega a los seguidores de Ortega en la base
La paradoja es que como a Ortega realmente no le importa al pueblo, el orteguista de la calle, esa minoría que representa menos del 20% del electorado (máximo de 600 000 adultos), que expresa fidelidad al régimen, son los que está enfrentando más dificultades económicas y menos beneficios del clientelismo dictatorial.
Estos son la mayoría de los progobierno, los que no pertenecen a la élite en el poder, los sandinistas de base que están en la economía informal. Son la gente de los barrios pobres, los que están en Ciudad Sandino, o alrededor del Mercado Oriental, los que venden en la calle. Estos son los que no reciben nada de la corrupción, pero confían que un día les darán un premio que nunca llega, ni con escuelas, o trabajo.
Ellos no entran al sector formal porque no tienen calificaciones laborales. En una encuesta realizada en enero de 2023, el 30% de los proOrtega estaba en la economía informal, el 10% trabajaba para el Gobierno, el 11% para la empresa privada, y el resto estudiando (12%) o mujeres trabajando desde casa (30%) o en agricultura (9%).
Esta gente tenía ingresos de C$ 6000 —más de 20% por debajo del promedio—. Ellos andan en buses expuestos a accidentes y sin protección vial. Estos también son los que menos reciben remesas del exterior. En un país en donde más de un millón de hogares recibe remesa, los progobierno son menos del 20%. A estos Ortega les promete una lámina de zinc, un nuevo bus, una vacuna gratis, pero solo si juran lealtad; una educación universitaria si confiesan su amor al comandante. A cambio, les da trabajo informal o un trabajito sobrante en la municipalidad.
El modelo excluyente de Ortega-Murillo no ofrece buena educación, ni empleos de calidad. Su prioridad económica es fortalecer a su élite empresarial para competir con el gran capital y las transnacionales, hasta lograr, gradualmente, desplazarlas.
