30 de enero 2024
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La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estableció una serie de tasas que deberán pagar las personas naturales o jurídicas que deseen producir, comercializar y exhibir materiales audiovisuales en Nicaragua.
El nuevo impuesto fue establecido mediante una reforma a la Ley 909, Ley creadora de la Cinemateca Nacional, aprobada este martes 30 de enero de 2024, con el voto favorable de 90 diputados —la mayoría de tendencia sandinista— y ningún voto en contra.
Dicha reforma fue propuesta por Ortega el pasado 16 de enero, con el supuesto fin de “fortalecer la Cinemateca Nacional como una institución reguladora” y “promover el desarrollo y realización de producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz, de valores y de respeto”, según se lee en la exposición de motivos.
Cineastas nacionales y profesionales del derecho han explicado antes que la función real de la Cinemateca Nacional es de ente "censurador" de las producciones audiovisuales, debido a que entre sus funciones está la de "prohibir" y hasta "decomisar" las producciones que no se ajusten a los intereses de la dictadura.
Mientras tanto, en el entramado de la reforma se cambia la redacción del artículo 10 de la ley de la Cinemateca y se establecen las tarifas que se deberán pagar por los servicios que brinda la cinemateca. Cobros que anteriormente no estaban explícitos en la ley.
“Los montos percibidos en concepto de pago de tarifas por servicios, se consideran Renta con Destino Específico y serán depositados en la Cuenta Única del Tesoro, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público liquidará y transferirá a la Cinemateca Nacional”, establece el artículo reformado.
De acuerdo con el diputado José Figueroa, de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el establecimiento, actualización, uso y destino de las tasas generadas por los servicios que brinda la Cinemateca Nacional, "garantiza seguridad jurídica de los usuarios" y "facilita la obtención de recursos necesarios que pasaran a ser parte del presupuesto asignado a dicha institución del Estado".
Permisos costarán hasta 4000 córdobas
Las tasas establecidas se dividen en tres categorías: emisión de permisos, emisión de certificados, e inscripciones en el Registro Cinematográfico y Audiovisual y emisión de certificados de personas naturales o jurídicas.
Entre los aranceles más elevados se encuentra el permiso por el derecho de filmación, por el cual los extranjeros deberán pagar 2500 córdobas, en el caso de personas naturales, y 4000 córdobas, las personas jurídicas.
El permiso para producir obras audiovisuales o cinematográficas en Nicaragua fue establecido en 1500 córdobas para personas naturales y 3000 córdobas para personas jurídicas.
Por la exhibición de obras audiovisuales o cinematográficas deberán pagar 1000 córdobas las personas naturales y 2000 las personas jurídicas. Mientras que, por la distribución de estos materiales se pagarán 500 y 1000 córdobas respectivamente.
En cuanto a las certificaciones de películas se deberán pagar entre 750 y 1000, para los filmes de coproducción, y entre 300 y 600 córdobas por las películas nacionales.
Registrarse también tienen costo
Además, los nicaragüenses que se dediquen a la producción audiovisual deben pagar por la inscripción en el Registro Cinematográfico y Audiovisual de la Cinemateca, el cual fue creado después que un equipo periodístico de TV Azteca, dirigido por el periodista mexicano Otoniel Martínez, estuvo en Nicaragua durante dos semanas documentando la vida cotidiana de los nicaragüenses a pesar del estado de sitio policial.
Quienes se dedican a la producción y realización audiovisual deberán pagar entre 350 y 600 córdobas para registrarse. Un costo similar deberán pagar quienes se dedican a la comercialización para la distribución y comercialización para la exhibición de materiales audiovisuales.
Finalmente quienes se dedican a la enseñanza audiovisual y cinematográfica deberán pagar entre 100 y 500 córdobas por el registro. Los creativos artísticos y técnicos cinematográficos deben pagar 100 córdobas.
Un ente "censurador"
La estatal Cinemateca Nacional, antes adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), fue transformada en octubre de 2022 en un ente autónomo bajo la rectoría de la Presidencia de la República.
Este ente autónomo puede prohibir “el desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos", de acuerdo con el artículo 13, párrafo segundo, de la Ley Creadora de la Cinemateca.
Entre sus atribuciones se destaca “autorizar la preproducción, producción, realización o filmación, exhibición y distribución de proyectos audiovisuales y cinematográficos nacionales o extranjeros, en Nicaragua”, según se lee en el artículo 4, numeral 14 de la misma normativa.
Por tanto “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar en el territorio nacional, actividades audiovisuales y cinematográficas de cualquier índole, deberá cumplir con los requisitos de registro ante la Cinemateca Nacional y contar con la debida autorización para la ejecución de tales actividades”, indica el artículo 12.
Desde 2018, cuando los medios de comunicación y la población documentaron con sus teléfonos inteligentes la represión a las protestas contra el régimen, la Policía y simpatizantes del régimen han continuado confiscando cámaras, teléfonos y toda clase registro de lo sucedido en el país.
