25 de enero 2024
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La aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional con la cual la dictadura orteguista pretende legalizar el robo de la nacionalidad a cualquier nicaragüense que declare “traidor a la patria”, “es una amenaza de que esto va a continuar” contra quienes estén dentro o fuera de Nicaragua, advierten defensores consultados por CONFIDENCIAL, tras reiterar que la reforma es ilegal y violenta instrumentos internacionales de derechos humanos.
Al menos 322 personas -222 expresos políticos desterrados y posteriormente, 94 líderes sociales, políticos, periodistas, defensores- han sido despojados de su nacionalidad nicaragüense y convertido en apátridas por la dictadura orteguista que los califica de “traidores a la patria”, sin pruebas ni juicios justos. Además, otra cantidad indeterminada de nicaragüenses está en esa misma situación “de facto” impedidos de entrar al país, afirman los abogados Uriel Pineda y Gonzalo Carrión, también despojados de su nacionalidad por denunciar las violaciones a derechos humanos contra nicaragüenses.
“Hay de facto un desplazamiento forzado, que más bien se traduce en un destierro. Sin existir causa legal para no poder ingresar al país han permitido que muchas personas no ingresen, sean expulsadas. Este fenómeno, aunque no se materializa jurídicamente en una pérdida de la nacionalidad, lo cierto es que hay una coacción para impedir que estas personas permanezcan en el territorio nacional… este núcleo de personas también queda en una situación de desprotección… quedan en una situación de facto de apatridia o privados de su nacionalidad”, explicó Pineda en una entrevista en el programa Esta Noche, que se transmite por YouTube debido a la censura televisiva del régimen.
Pineda considera necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llame a los Estados a tener cierta flexibilidad con la situación de Nicaragua. Y sobre todo, los países de principal destino de los exiliados “de cara a la atención a este problema humanitario que está generando el régimen Ortega Murillo en Nicaragua”, expresó.
“El mensaje es para todas y todos. Adentro y afuera, que mejor nos callamos porque ahora encontraron una fórmula de mayor maldad. Ya no sos nicaragüense, te declaro vende patria sin juicio y te quito todo”, sostuvo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Ortega debería ser juzgado en la Corte Internacional
Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el régimen también violenta la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los casos de Apatridia (1961), a los que Nicaragua está adherido.
Ambos instrumentos establecen la posibilidad de invocar a la Corte Internacional de Justicia para su interpretación y aplicación. El Estatuto señala en su artículo 34 que “toda controversia entre las partes en esta Convención respecto a su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en controversia”.
“Histórica y específicamente Daniel Ortega ha sido un gran creyente de la Corte Internacional de Justicia, de sus laudos ha obtenido victorias significativas en ese sentido. Sin embargo, dentro de la competencia de la Corte Internacional de Justicia estaría conocer, la interpretación y la aplicación de esta alternativa, si otro país así lo denunciare, justamente como ha ocurrido en el caso de Canadá y Países Bajos en contra de Siria o más recientemente la situación de Sudáfrica respecto de Israel", subrayó Pineda.
El 23 de enero, el régimen orteguista presentó ante la CIJ una solicitud para intervenir en la demanda contra Israel, presentada por Sudáfrica, señalando la violación a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
Para Pineda, Ortega busca dos objetivos con esta movida política: el primero, la "búsqueda insaciable del protagonismo internacional". El segundo, es que Ortega busca anticiparse ante cualquier iniciativa de un país o conjunto de países para articular esfuerzos y presentar ante la Corte "una acción en virtud de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua". Para ello, podrían invocar no solo las convenciones de apatridia, sino la de torturas, la de violaciones a los derechos de las mujeres, señaló.
"Lo que está haciendo Ortega es anticiparse a ese escenario y buscar de alguna manera como desvanecer esa noticia -sobre sus violaciones- al interponer esta acción de coadyuvancia...", reiteró el abogado.
Reforma constitucional nació viciada
Una reforma a la Constitución Política requiere ser aprobada en dos legislaturas (en este caso 2023 y 2024) para ser vigente. Sin embargo, el régimen orteguista ordenó la desnacionalización de 322 personas con tan solo una, por lo que esa reforma “nace viciada”, dice Carrión, del Colectivo de DD.HH. Su aprobación en esta segunda legislatura “es un teatro mal montado, bochornoso, que no tiene nada que ver con un proceso de discusión, carente de validez”, sostuvo.
Con la reforma al artículo 21 de la Constitución, se indica que “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”. Asimismo, en 2023, la Asamblea aprobó la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense para disponer sobre el artículo 21.
Carrión explica que la reforma carece de validez porque el derecho a la nacionalidad es inderogable. Este derecho está establecido en el artículo 20 de la Constitución, que señala que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
En el caso de los 94 apátridas, indica, “nos llevaron al paredón, nos fusilan con todos nuestros derechos y garantías, nos mandan al paredón condenados sin juicio”, comparó. El abogado sostiene que el despojo de la nacionalidad “es un atentado al proyecto de vida de todos los que estábamos en lista y los que faltan”.
Pineda también considera que la reforma es “una violación grave a los derechos humanos. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una serie de derechos que no pueden ser vulnerados en ningún momento, igual por ninguna circunstancia. Y en ese sentido se reconoce el derecho a la nacionalidad…”.
Por tal razón, agrega, el derecho del Estado a privar de la nacionalidad a “traidores de la patria” representa una vulneración a ese derecho y sobre todo, genera una “antinomia constitucional en el entendido de una regresión en esta materia. ¿Por qué? porque la nacionalidad nicaragüense se consideraba de carácter irrenunciable…”, subraya. Y a la vez, señala que intenta legitimar una acción que hacían de facto y que en el futuro van a "continuar aplicándolo".
