23 de enero 2024
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, que desvincula los Registros Públicos del Poder Judicial, y le resta atribuciones a ese poder del Estado.
La oficialización —mediante publicación en La Gaceta— ocurre días después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen, ratificó en segunda legislatura la reforma constitucional que deroga el numeral 4 y reforma los numerales 5 y 6 del artículo 165 de la Carta Magna.
El numeral 4 derogado señalaba entre las atribuciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial: “Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
En ese mismo orden, en los numerales 5 y 6 se cambió la redacción donde se establecía la obligación del Consejo de nombrar a los registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil. Así como la responsabilidad de instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas disciplinarias cometidas por los mismos.
Registros ya habían sido arrebatados al Poder Judicial
Pese a que la reforma al artículo 165 constitucional es oficial hasta su publicación en La Gaceta, diario oficial, el régimen orteguista traspasó el control de los Registros a la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 31 de octubre del 2023, el mismo día que la Constitución fue reformada en primera legislatura.
El traspaso de los Registros Públicos a la PGR, institución encargada de ejecutar las confiscaciones ilegales contra cientos de oenegés canceladas por la dictadura, fue realizado mediante la aprobación de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE).
Esta pérdida de atribuciones del Poder Judicial se suma al desalojo abrupto de la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, y de la magistrada Yadira Centeno, ordenado por el FSLN, y a la barrida de cargos de trabajo dentro de ese poder del Estado, que dejó más de 900 despidos en todo el país.
También consuman anulación de porcentaje constitucional
Este lunes 22 de enero también fue oficializada en La Gaceta la reforma al artículo 159 de la Constitución Política, mediante el cual el orteguismo eliminó el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley le correspondía al Poder Judicial. Abriendo así la brecha para disminuir el presupuesto asignado a este poder del Estado.
La reforma al artículo 159 constitucional fue aprobada en segunda legislatura el pasado 18 de enero, por los 91 legisladores nicaragüenses, quienes argumentaron que el cambio persigue "homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria".
El 23 de noviembre de 2023, minutos después de reformar la Constitución en primera legislatura, los diputados aprobaron la reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial para agregar los cambios realizados. Situación que va en contra del procedimiento legal, ya que los cambios a la Constitución deben ser aprobados en dos legislaturas.
Presupuesto reflejó las "barridas"
Un análisis de CONFIDENCIAL sobre el presupuesto del Poder Judicial para 2024 refleja una reducción del 80.5% —942 millones de córdobas— en el rubo de “salarios permanentes”, lo que revela la barrida en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, a finales de octubre de 2023. La dictadura ha callado sobre esta purga en ese poder del Estado, que acumula más de 900 despedidos en todos los niveles.
La CSJ tenía aproximadamente 9000 empleados y con la barrida han eliminado las plazas de trabajo del 10% del personal, sin otorgarles una carta de despido y su correspondiente liquidación, pasivo laboral y fondo de pensiones. Entre los despedidos hay magistrados de la Corte, magistrados de Apelaciones, directores de áreas, jueces y secretarios en instancias centrales y locales, y también personal administrativo y de servicios de todo el país, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas al Poder Judicial y cuatro exfuncionarios.
El Poder Judicial tiene asignado para 2024 unos 227 millones de córdobas para “salarios permanentes”, lo que representa una reducción de 942 millones de córdobas en comparación con 2023, cuando le aprobaron 1169 millones de córdobas para esa partida.
En términos generales, la dictadura redujo el 66% —unos 2810 millones de córdobas— los fondos para la CSJ para 2024, en comparación con 2023, según el Presupuesto General de la República (PGR), aprobado este 6 de diciembre por la Asamblea Nacional. Para el próximo año, el Poder Judicial dispondrá de unos 1400 millones de córdobas, mientras en 2023 le aprobaron 4210 millones de córdobas.
