26 de enero 2024
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El destierro de cinco de 34 sacerdotes que fueron detenidos por el supuesto delito de lavado de dinero en varias diócesis de Nicaragua, revela la “falsedad y mentira oficial de los supuestos delitos” y demuestra que la verdadera razón para encarcelarlos fue “política”, valoran abogados consultados por CONFIDENCIAL. Mientras tanto, las cuentas de la Iglesia católica siguen congeladas y al menos seis laicos colaboradores de la Iglesia ya fueron condenados por el mismo delito fabricado en su contra.
“La principal conclusión que esto nos debe llevar es (hacia) la mentira oficial del régimen Ortega-Murillo, diciendo que estos sacerdotes fueron acusados porque estaban utilizando las diócesis para lavar dinero, cuando realmente fueron encarcelados por razones políticas, y en virtud de eso, los laicos y feligreses que están encarcelados por esas razones políticas, deberían también ser liberados”, explicó el abogado Juan Diego Barberena.
El 27 de mayo de 2023, la dictadura denunció en un comunicado una supuesta “red de lavado de dinero operando en las diócesis de distintos departamentos del país”, y dijo que hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas”, ubicadas en las instalaciones de las “diócesis del país”.
CONFIDENCIAL reveló que todo se trataba de una donación de 563 206.54 dólares realizada por la fundación Catholic Relief Services (CRS) en 2012 a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí (ACDE). Sin embargo, la actividad ilícita que indica la Policía se refiere al remanente de una donación de fondos destinados para la construcción de un hospital, realizada por CRS a Cáritas Estelí, cuando la diócesis estaba presidida por el obispo Abelardo Mata.
Los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides -desterrado- y Leonardo Guevara Gutiérrez -en "seminario por cárcel" y después liberado- fueron investigados por esa causa, mientras el régimen orteguista continuaba ejecutando una cacería contra sacerdotes, especialmente, contra aquellos religiosos de las diócesis de Estelí y Matagalpa, ambas dirigidas por el obispo y ahora excarcelado político desterrado, Rolando Álvarez. Asimismo apresaron a seis extrabajadores de Cáritas Estelí.
Los curas de la Diócesis de Estelí Osmán Amador Guillén -capturado el 8 de septiembre de 2023-, y Julio Ricardo Norori e Iván Centeno -detenidos en octubre 2023- también fueron puestos bajo investigación por el supuesto delito de lavado de dinero, y ahora están desterrados. La Policía nunca publicó el motivo de la detención, pero los abogados señalaron que, desde que se abrió la investigación por "lavado de dinero" contra la Iglesia, el régimen podría utilizar el caso para criminalizar a más sacerdotes.
Guillén fue el último director de Cáritas Diocesana de Estelí, cancelada en marzo de 2023 por el entonces Ministerio de Gobernación —hoy Ministerio del Interior (MINT)—.
Condenan a trabajadores de Cáritas Estelí
Poco antes que la dictadura desatara la más reciente redada contra religiosos- en las dos últimas semanas de 2023-, la justicia orteguista condenó a seis años de prisión a los seis feligreses, extrabajadores de Cáritas Estelí, por el supuesto delito de lavado de dinero, informó el medio 100% Noticias.
Julio Sevilla, Julio Berríos, Bladimir Pallés, María Verónica Herrera Galeano, Freydell Andino y Mariví Andino son los laicos condenados. Los hombres están en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo y las mujeres en la cárcel La Esperanza. No se conocen detalles de la acusación, las pruebas, si hubo o no testigos u otros detalles, ya que su proceso fue bajo completo hermetismo, señala una fuente del Mecanismo. Sus familiares tampoco se han pronunciado al respecto.
Barberena explicó que no existe ninguna razón legal para la "liberación" de los sacerdotes, puesto que la acusación era arbitraria y por ende, el proceso nulo. Es por esa razón que la excarcelación -destierro- es discrecional, sin que medie ninguna autoridad judicial, señaló. “Esto corrobora de que la acusación de los autores principales del delito de lavado de dinero es absolutamente política y por eso, los excarcelan y destierran y por tales razones, deberían también de liberar a estos laicos”, señala.
El extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, explica que en términos del Derecho, los señalamientos contra los sacerdotes no pueden ventilarse por separado de los laicos, ya que se perdería lo que se conoce como la “continencia de la causa” —en referencia a mantener un mismo proceso—. Por eso no se podría desterrar a unos y condenar a otros.
Persisten agresiones contra la Iglesia católica
Con la investigación por supuesto lavado de dinero, el régimen orteguista también ordenó el congelamiento escalonado de las cuentas bancarias de las diócesis y de la Iglesia en general. El golpe financiero ha supuesto grandes retos para los templos y centros de formación en todo el país, pero ninguno ha cerrado. Barberena apela al régimen orteguista, que cese la “persecución patrimonial en contra de la Iglesia porque es -de tipo- política y no tienen ningún fundamento jurídico”.
No existe una explicación legal “ante hechos eminentemente políticos y relacionado con el poder”, explica el abogado. “Les imputan lavado de dinero sin ninguna fundamentación que compruebe de que el dinero tiene una procedencia ilícita y que pretendían legitimarlo, cuando sabemos que procedía de la cooperación internacional… el delito de lavado no existe”, expresó Barberena.
Otro caso contradictorio
El régimen orteguista también desterró en octubre de 2023 al sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, condenado por el supuesto delito de violencia física contra Martha Candelaria Rivas, quien sigue en prisión, condenada a cinco años por el supuesto delito de falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia.
“Son dos delitos distintos, independientes, pero que tienen una cierta relación. Claramente no hay una explicación jurídica porque ella está detenida arbitrariamente por un delito que no cometió… la apresan porque dice la verdad y porque desafía la versión oficial o fáctica de la Fiscalía”, señala Barberena. Desde que Rivas fue condenada, varios abogados cuestionaron el tratamiento que el régimen estaba dando a la mujer, que es la víctima. Una vez más, coinciden que hubo un objetivo político en el caso.
