2 de enero 2024
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En 2024 la continuidad dictatorial seguirá provocando pérdidas sociales irreversibles en Nicaragua.
La economía crecerá por inercia, gracias a la migración y el flujo de las remesas, no por la gestión política del Gobierno cristiano y solidario.
La población estará agrupada en torno a tres sectores sociales: un núcleo minúsculo pro status quo; una mayoría pasiva y silenciada que se adapta, no se acomoda al sistema ante el miedo y la represión, pero cree en la democracia; y un bloque que resiste al clan dictatorial y demanda cambios urgentes.
Desde el poder, Ortega-Murillo continuarán la única política de Estado que ha existido desde 2018, represión, cárcel, corrupción, miedo y expulsión.
Para muchos en el mundo Nicaragua ya es un caso perdido, pero para un grupo importante de países e instituciones internacionales, la causa de la democracia continúa. Los que apoyan esta causa tienen la responsabilidad de alimentar la esperanza con muestras concretas de presión contra la dictadura.
La economía del rentismo
El Gobierno seguirá invirtiendo en obras públicas para facilitar el clientelismo y agudizando la captura del Estado a favor del clan familiar Ortega-Murillo, con un crecimiento económico mayor del 4% en 2024. Pero no es un crecimiento ‘gracias’ a la gestión económica del régimen, sino debido a la expulsión masiva de de gente y el efecto de las remesas sobre la economía.
Lo que se observa en la trayectoria macroeconómica es que el crecimiento se dará por la forma en que crecerán las remesas. Estas aumentarán en un 8% máximo —por una combinación de más migración y por aumento en la cantidad enviada. La cantidad enviada no aumentará más de 3% (a más de USD 340 mensuales), y el aumento migratorio será similar a 2023, lo que significa que la migración crecerá de 1.5 a 1.6 millones de nicas en el exterior, de ahí habrá 80 000 nuevos “remesadores” en 2024.
En resumen, hay una normalización del crecimiento de las remesas, pero dado que éstas ahora son responsables del 33% del consumo privado, el ritmo del crecimiento está en manos de los migrantes que envían dinero. La inversión no crecerá ya que, tanto el consumo como el crédito, está en función de la entrada de remesas. Si éstas no crecen tanto, aquella seguirá la pauta del consumo.
Sin embargo, la migración tampoco será el ‘salvavidas’ del régimen, ya mucha gente se ha ido, la fuerza laboral ahora es minoría (40% de la población), y aunque la intención según las últimas encuestas es del 60% de los hogares desean migrar, los que decidirán a irse y tendrán los medios y fecha para hacerlo serán menos de 100 000 personas, a menos que salgan en grupos familiares.
En consecuencia, estamos en un estado de inercia económica.
La mayoría silenciada
La criminalización de la democracia durante cinco años consecutivos ha diezmado a Nicaragua, desembocando en una cultura del miedo que se proyecta en tres sectores de la ciudadanía.
Un análisis de la última encuesta de CID-Gallup, publicada en CONFIDENCIAL, refleja la presencia de estos sectores. Una minoría del 20% que es pro status quo, sea por lealtad al orteguismo, por oportunismo o desgaste, concentra al declinante sandinismo. Ellos quieren trabajo y progreso, con ventajas políticas.
El otro sector social es la mayoría silenciada o el electorado estoico, el 51% de los nicaragüenses que creen en la democracia pero que las circunstancias no les permite asumir un rol más proactivo. Su demanda principal es salud para sus familias, tranquilidad, paz, democracia y elecciones libres.
Y el resto, el 29% es un electorado más crítico que demanda el fin de la dictadura, la suspensión del Estado policial, el retorno de los exiliados, la liberación de monseñor Álvarez y los presos políticos, y que se celebren elecciones libres.
Los nicaragüenses sienten el peso del miedo y el asedio en el que se encuentran; sin embargo, la gran mayoría (80%) quiere superar esta situación. A pesar de estar silenciados, los más estoicos consideran que los tres grandes problemas del país son el desempleo, la corrupción y la crisis política: es decir, el régimen, aunque no le pongan nombre y apellido. Tampoco creen que habrá elecciones libres, o que Rosario Murillo se hará cargo del poder en 2026.
Aun los que son pro statu quo creen que la corrupción es el tercer principal problema del país, casi la mitad de éstos (incluyendo simpatizantes del FSLN) creen que el Ejército debe ser sancionado, y el 60% quiere irse de Nicaragua. No todo es blanco y negro para ellos, no apoyan con unanimidad a Ortega y Murillo y cada vez exhiben más discrepancias.
Mientras tanto, el electorado crítico cuestiona la represión, aunque la aguanta, y lo que predomina en Nicaragua es un espíritu azul y blanco, demandando un cambio democrático y un mejor país, diferente al que ofrece esta dictadura.
Las purgas y la persecución
En la cúpula del régimen Ortega-Murillo tienen claro que su captura del Estado solo los beneficia a ellos, y que son altamente impopulares, ante la mayoría democrática azul y blanca, por lo tanto, en 2024 imperará su estrategia de continuar con las purgas en sus propias filas.
El régimen ha reducido el tamaño de su círculo de poder, empezando con purgas predominantemente contra mandos medios; sin embargo, irán apretando la tuerca hacia los círculos más cercanos al clan familiar. Los oficiales mayores del Ejército lo saben, casi que “esperan su turno”. También lo saben otros funcionarios leales que se ubican en puestos estratégicos como aduanas, tributación, sector exportación y gerencia de microempresas y entes autónomos.
Ahora que la dictadura eliminó el sistema formal del procesamiento judicial, la autoridad política se encargará de asumir un rol directo en la administración pública, excluyendo a quienes miran con mayor desconfianza, aquellos que se han acomodado y enriquecido silenciosamente. La persecución contra el sector privado continuará en 2024, especialmente a empresas menos transnacionalizadas, a las cuales se les puede cooptar mediante la extorsión o la intimidación y que carecen de abogados y recursos legales internacionales.
La marginalización del régimen a nivel internacional seguirá ocurriendo mientras se tratan de apalancar con “cuentos chinos” la inversión extranjera en el país. A pesar de los discursos de Laureano Ortega o el canciller Moncada, el régimen ha sido tildado de ser un Estado traficante de personas, un Estado paria, y una amenaza regional. El discurso del “golpismo” también se les ha agotado, incluso ante la izquierda en América Latina, y lo que va quedando a la vista de todos son sus mecanismos de control político, no la oferta clientelista, sino la amenaza de seguir con ellos o ir a la cárcel.
El principal enemigo del clan familiar son ellos mismos, la paranoia que los hace profundizar más su trinchera, eliminar a la sociedad civil, y purgar a sus propios aliados.
Aunque el plan del régimen sigue siendo facilitar una sucesión dinástica en 2026, la desconfianza es altísima, aún para aquellos que son pro statu quo del modelo actual: el 43% de estos creen poco probable que las elecciones en el 2026 sean libres.
Pautas para el cambio
En 2024 hay un gran contraste entre el apetito democrático, la represión y el maltrato. Este apetito se alimenta de la esperanza en que el cambio es posible con un esfuerzo conjunto de parte del movimiento cívico democrático y la comunidad internacional.
La presión externa seguirá apuntando a los transgresores con sanciones, penalizando las violaciones a normas internacionales, condenando la ruptura al orden democrático y de derechos humanos, exigiendo rendimiento de cuentas a la dictadura frente a la cleptocracia y captura del Estado, y denunciando las alianzas con poderes extracontinentales.
Mientras tanto, el movimiento cívico democrático tiene el desafío de movilizar métodos de resistencia que otorguen seguridad a la población, para debilitar al régimen sin exponerse a la represión.
La resistencia cívica en el país se manifiesta de muchas maneras, desde ahorrar para no pagarle impuestos a la dictadura, denunciar a los que roban y encarcelan, o acogiendo a los disidentes honestos. Junto a la presión de las sanciones internacionales, la presión interna es imprescindible para cambiar el balance de poder en contra de la dictadura.
La resistencia también se traduce en la lucha contra la desinformación y la censura, desnudando la propaganda del régimen, convenciendo a los servidores públicos, civiles y militares, que sí hay otra salida y que el régimen no es lo único que tienen. Incluye aprovechar redes como espacios pequeños y seguros de diálogo y comunicación, y contar con vehículos de denuncia sobre lo que sucede dentro del país.
La protesta nacional ya no está en las marchas en las calles, ahora tiene otros matices que debilitan al régimen desde dentro. Aunque cuesta arriba, la esperanza del pueblo en el cambio, sin dictadura ni dinastía, sigue siendo la hoja de ruta del ciudadano azul y blanco.
