19 de diciembre 2023
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La suspensión de proyectos de infraestructura en las parroquias y obras sociales, el despido de personal, la dificultad por cancelar recibos de agua y luz y la incertidumbre reinante en los beneficiarios del Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal son las principales consecuencias del congelamiento de cuentas bancarias contra la Iglesia católica, que este 27 de diciembre cumple siete meses.
La noticia cayó de golpe para las ocho Diócesis y la Arquidiócesis de Managua. De repente, los ahorros obtenidos en ferias, rifas, ofrendas, y que en dependencia de la parroquia, podrían ser muchos miles de córdobas, ya no estaban disponibles. “Al inicio fue bastante fuerte”, dice Javier. Su parroquia, en el suroeste del país, había iniciado una remodelación importante, que ya tenía retrasos comunes de una obra, pero --con el congelamiento de cuentas-- no hubo otra opción que volver a recoger más dinero y retomar, pero a paso lento.
En Jinotega, todas las iglesias reajustaron su presupuesto ante la imprevista situación financiera, confirma el feligrés Mario. Gran parte de las parroquias intentaron conservar a su personal -sacristán, secretaria- pero no todas lo lograron. A groso modo, Mario contabiliza más de diez personas enviadas al desempleo, pero podrían ser más, advierte. En Matagalpa, la parroquia en la que se congrega Carmen detuvo muchos proyectos de reparaciones e infraestructura.
Sin embargo, el sacerdote pidió especial apoyo para cumplir con los paquetes alimenticios que entregan en asilos de ancianos. Carmen condena la arbitrariedad del régimen, pero también es optimista. Es “una oportunidad de servir a nuestros sacerdotes a través del diezmo y la ofrenda… somos un pueblo de fe y en estos tiempos es cuando nuestra fe está siendo probada”, expresa.
En la capilla de Julio, en Managua, luchan por recoger los 3000 córdobas que pagan mensualmente por servicios de limpieza. Muchas personas que aportaban económicamente migraron y “ahora solo para mantenerse recoge el padre. Todo mundo palmado”, lamenta el feligrés.
Todos los entrevistados que accedieron hablar con CONFIDENCIAL solicitaron que no se mencionen los nombres de sus parroquias para evitar represalias contra sus comunidades pastorales y sacerdotes. El argumento de la Policía para congelar las cuentas de la Iglesia es una supuesta investigación por “lavado de dinero”, de la que no ha dado ningún avance desde mayo.
Sacerdotes retirados en el limbo
“Se ha visto reducido el personal y también los proyectos”, dice la investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? y quien conoce de primera mano las necesidades de las parroquias y de los sacerdotes. Molina reconoce que el bloqueo financiero enfrenta a la Iglesia a un problema “tremendo”. Sin embargo, una de las situaciones más apremiantes es la paralización del Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal.
El fondo fue creado hace más de 20 años por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para financiar el retiro de sacerdotes ancianos. Cada año, cada padre aporta 150 dólares y los otros 150 los financia la parroquia. Asimismo, lo recaudado cada Miércoles de Ceniza era depositado en esa cuenta. Con ese dinero se entregaba una pensión mensual de 300 dólares a sacerdotes mayores de 75 años y 150 para curas de 65 años a más.
Molina desconoce la cantidad de sacerdotes beneficiados y cómo la Iglesia está gestionando ese apoyo económico, que funciona, principalmente, para la compra de medicinas y alimentos. “¿Vos creés que alguien va a estar asumiendo la responsabilidad de darle 300 dólares mensual a un sacerdote viejito. ¿Quién está manteniendo a esos sacerdotes ahorita?” se pregunta la investigadora.
La Iglesia católica sigue sin pronunciarse sobre el congelamiento de sus cuentas, por lo que se desconoce cuánto dinero fue retenido por la supuesta investigación, de la cual la Policía tampoco ha dado mayores avances.
El bloqueo económico de las Diócesis de la Iglesia católica en el sistema financiero nicaragüense inició en la Diócesis de Estelí, y siguieron en Matagalpa, Managua y en todo el país. La Policía nunca presentó una orden judicial, requisito para ejecutar la cancelación de las cuentas. Las órdenes fueron transmitidas a los bancos y estos ejecutaron.
El sábado 27 de mayo, la Policía denunció en un comunicado, una supuesta “red de lavado de dinero operando en las diócesis de distintos departamentos del país”, sin mencionar un nombre en específico, mientras aseguró que hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas” ubicadas en las instalaciones de las “diócesis del país.
El origen de los fondos no es ilícito porque corresponde al remanente de una donación de 563 206.54 dólares realizada por la fundación Catholic Relief Services (CRS) en 2012 a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí (ACDE), explicaron fuentes vinculadas a la provincia eclesiástica a CONFIDENCIAL.
Bajo la supuesta investigación el régimen capturó al menos cuatro sacerdotes, que junto a otros curas capturados en 2022 y el resto en octubre de 2023 -bajo otros cargos-, completaron doce curas detenidos, que fueron desterrados el 18 de octubre. Aunque el obispo monseñor Rolando Álvarez continúa en la cárcel La Modelo.
Molina considera, con base al comportamiento de la dictadura, que no descongelarán las cuentas de la Iglesia o que regresen el dinero. “La dictadura pensaba que iba a asfixiar económicamente a la Iglesia y si, en el primer momento, fue un impacto muy enorme, y la Iglesia ha logrado sobrevivir a pesar de todas estas adversidades”, expresó.
Iglesias no van a cerrar, pese a la represión
Es un hecho que las parroquias de Nicaragua enfrentan “grandes afectaciones” por no tener acceso a sus cuentas bancarias. Algunas parroquias se quedaron sin el fondo que tenían para resolver imprevistos de reparaciones de techo, bancas, compra de equipos de sonido, daño de vehículos y otros aspectos.
A ese bloqueo se suma el congelamiento de las cuentas bancarias personales de más de cien sacerdotes, lo que impide recibir transferencias de feligreses, dificultando aún más recoger el dinero suficiente para pagar salarios y los recibos de agua y luz. Sin embargo, los feligreses y Molina señalan que sin importar las condiciones las parroquias continuarán con su labor pastoral.
“Yo he preguntado a sacerdotes si puede ocurrir el cierre de parroquias. -Le contesaron que- aunque sea sin agua o sin luz, ellos van a seguir predicando y funcionando y que la única manera de que cierren las iglesias es que el Estado las confisque”, expresó.
Debido a la vigilancia y control impuesto por la dictadura, los sacerdotes no hablan abiertamente de las necesidades por las que atraviesan, pero en este momento el apoyo de la feligresía es más importante que nunca, señaló la investigadora.
