Trabajadores públicos: “Nos controlan todo lo que decimos en redes sociales”

Enrique asegura tener pesadillas desde hace varios días. En la mayoría de los sueños están involucrados policías. La explicación que da para eso es que “tiene mucha paranoia y miedo”, algo que, según él, comparte con la mayoría de los trabajadores públicos, por la ola de despidos, los constantes interrogatorios y los encarcelamientos recetados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero sumado a eso hay un nuevo control: las redes sociales. 

“Sabíamos que nos vigilaban, pero en las últimas semanas han empezado a estar más pendientes de nuestras redes sociales, nos controlan todo lo que hacemos, en lo personal y ahora también en lo virtual”, detalla.

Este joven, que trabaja en una oficina del Poder Judicial en Managua, asegura que son varias personas “las que han despedido por publicar algo que genera molestia en redes”.

Enrique describe el ambiente laboral como duro, porque “no se sabe qué se puede decir y qué no en redes sociales”. Incluso cuenta que algunos han dejado de utilizarlas o simplemente las han cerrado.

“Pero hacer eso también puede generar molestia, con esta gente nunca se sabe”, advierte.

Prohibidos hasta los memes

Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha impuesto el terror a los trabajadores públicos. Alzar la voz, reclamar por sus derechos o criticar es algo impensado. Pero las redes sociales, que eran para muchos “vías de escape”, ahora son cada vez más un terreno peligroso. 

“En mi caso solo tenía Facebook, pero por insistencia de mis jefes tuve que hacerme una cuenta de Twitter (ahora X) en 2018, porque nos instaron a ganar terreno en esas redes sociales cuando las denuncias de violaciones reportadas por la población nicaragüense eran miles”, explica Enrique. 

Recuerda que uno de sus compañeros de oficina fue amenazado durante la pandemia de la covid-19 por hacer un llamado a tomar precauciones para no contagiarse. En una reunión le mostraron sus publicaciones en Facebook y lo acusaron de “traidor”. Tuvo tanto miedo que, semanas después, se fue de Nicaragua. 

“Han despedido gente incluso por publicar memes”, dice Enrique, quien valora que el control que pretende imponer la dictadura “es de locos”. 

También afirma que a la mayoría de los cientos de trabajadores despedidos del Poder Judicial les quitaron sus teléfonos personales. “Suponemos que les están revisando todo lo que tenían, desde llamadas, fotos, hasta redes sociales”, apunta.

Miss Universo: un tema vetado

Con más de 12 años de trabajar para el Ministerio de Educación, Marcela, una maestra de un colegio del sur de Nicaragua, dice estar molesta porque no se pueden expresar libremente “de cualquier tema”. 

“Hay algunos que han recibido llamados de atención por publicar fotos de procesiones católicas y lo último que se nos ha prohibido es hablar de Miss Universo”, denuncia. 

Dice que cuando Sheynnis Palacios fue coronada como la nueva Miss Universo, la noche del 18 de noviembre, muchos salieron a las calles o escribieron en las redes sociales. “Yo fui una de ellas. Salimos en una caravana por varios municipios porque sentimos que era una alegría inmensa para toda Nicaragua”, explica. 

Sin embargo, siente que el discurso de la dictadura ha cambiado y pasaron de “celebrar de mentira a amenazar de verdad” a quien hablase del tema.

“Es que incluso tienen preso al tiktoker sandinista ‘Tropi Kong’ por haber criticado a los presentadores de un canal oficialista. Entonces ya uno entiende que en la mirada de los dictadores no se puede criticar a nadie, ni siquiera a los serviles que les besan los pies a ellos”, señala. 

En su caso optó por poner privadas todas sus publicaciones en Facebook. “Pero nada me garantiza que no haya vigilancia de alguien que me queme, entonces he borrado publicaciones y he optado por no publicar casi nada”, expresa. 

Marcela comenta que algunos compañeros del magisterio han cambiado sus nombres o se han creado cuentas nuevas en redes sociales. “Pero el temor de que nos vigilen de alguna forma siempre está”, insiste. 

Un espía en cada oficina

“En las oficinas hay gente que nos está observando, en las computadoras tienen programas para espiarnos, nuestras redes sociales están siendo vigiladas todo el tiempo, aunque no lo admiten, es obvio que pasa”, dice Raúl, un trabajador público de Managua.

Aunque él se considera sandinista, dice estar decepcionado del “secuestro” del partido hecho por la familia Ortega Murillo. 

Relata que en varias ocasiones los han reunido en un salón para darles charlas sobre redes sociales. “Pero lo que hacen es indicarnos que debemos compartir toda la propaganda del Gobierno, porque según ellos hay que exponer todas las buenas noticias con el pueblo”, recuerda. 

Sin embargo, afirma que las historias de despidos en los diez años que tiene trabajando para el Estado son muchas. 

“A una señora la despidieron porque compartió un meme de la Chayo (Rosario Murillo) a otro porque compartió una foto con un chiste de Daniel Ortega”, recuerda. Sin embargo, agrega que “ninguno era una ofensa”.

Para Raúl, la dictadura “no tiene humor” y “ellos quieren tener control sobre nosotros, en cómo pensamos y hasta qué decimos, ya sea en la calle, en la casa, en el trabajo o en las redes sociales”. 

Piden las redes de las familias

A mediados de 2023 los trabajadores del Estado empezaron a recibir visitas casa a casa por parte de operadores políticos de la dictadura para confirmar su permanencia en la militancia sandinista, consultándole su involucramiento en marchas y actividades del partido.

CONFIDENCIAL reportó que esas visitas eran a los trabajadores públicos que en 2020 fueron presionados a acreditarse como militantes sandinistas junto a sus familiares. “El año pasado, en junio, recibimos información de que a los trabajadores del Estado los obligaron a carnetizar a cinco personas más, entonces ahora andan verificando si siguen activos”, indicó una fuente del Monitoreo Azul y Blanco. 

Además, a mediados de noviembre de 2023, circuló en redes sociales y medios independientes, que la dictadura está obligando a todos los trabajadores del Estado, además de a sus militantes, llenar una “ficha única de registro” para obtener la militancia en el marco del 45 aniversario de la revolución sandinista. 

En el documento exigen dar información como teléfonos, correos, redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. También piden datos académicos, experiencia laboral, historial partidario y datos socioeconómicos. 

Quien llene la ficha además debe dar la misma información de sus parejas, sus hijos y hermanos; detallando incluso si están o no dentro del país. 

Para Enrique, Marcela y Raúl esto evidencia que “pretenden controlar y saber todo de cada trabajador”, incluyendo las de su círculo cercano familiar.

“Desconfían de todos nosotros, pero además, tener monitoreados a nuestros hijos o hermanos es una forma de intimidarnos, de decirnos que el día de mañana se los pueden llevar presos y también de medir nuestra fidelidad al Gobierno mediante lo que hacen o dicen nuestros cercanos”, denuncia Enrique.