De empleados a rehenes: Diez violaciones a los derechos de los trabajadores del Estado

Los empleados públicos se consideran “rehenes” de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en los últimos cinco años —tras el estallido de la Rebelión Cívica de 2018— ha radicalizado la vigilancia política y el control partidario en contra de los trabajadores del Estado.

La reducción de las indemnizaciones laborales, aprobada por los diputados sandinistas y sus aliados el 23 de noviembre de 2023, es solo una de al menos diez violaciones a los derechos y la dignidad de los funcionarios públicos.

El retorno al poder del Frente Sandinista, en 2007, supuso la imposición de medidas coercitivas contra los trabajadores estatales, so pena de represalias si no las acataban. CONFIDENCIAL enlista los principales abusos del régimen orteguista: 

1. Obligados a “rotondear” 

Con la Rebelión Cívica de 2018, la primera orden fue apoderarse de las rotondas y demostrar con pancartas su total respaldo a la pareja presidencial. Si bien todos los funcionarios públicos fueron afectados, quienes laboraban en el Poder Judicial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, tuvieron mayor presencia.

Estaban obligados a permanecer en las rotondas por horas, bajo el sol o lluvia, sosteniendo propaganda en apoyo al régimen y ondeando la bandera de Nicaragua y la rojinegra. Las jornadas partidarias se consideraban horas laboradas.  

Andrea, una trabajadora estatal, señala que durante los primeros meses de la crisis, ir a las rotondas no era obligatorio, pero desde junio 2018 la orientación cambió. Establecieron turnos y recorridos. Su misión, les decían, era apoyar “la misión de paz del presidente Ortega”. Siempre estaban vigilados por antimotines o por miembros de la Juventud Sandinista, relató en un reportaje publicado por CONFIDENCIAL en octubre de 2018.

2. “Pasando lista” en actividades partidarias

Los responsables de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), convertidos en las Unidades de Victorias Electorales (UVE) desde 2021, son los encargados de “pasar lista” a los trabajadores del Estado en marchas, plantones, actos conmemorativos de efemérides del Frente Sandinista, jornadas de limpieza en barrios, censos improvisados, piñatas, caminatas y cualquier otra actividad partidaria que la dictadura invente para su propaganda política.

Estar en la lista de asistencia prueba el compromiso del empleado, quien bajo amenazas de ser despedido, debe presentarse sin importar que se realicen en feriados, fines de semana y horas laborales; estas últimas prohibidas por la ley.

La Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, prohíbe, según el artículo 8, “disponer del tiempo laborable, recursos humanos, físicos y financieros del Estado para el servicio de actividades, causas, formación y campaña de partidos políticos y movimientos partidarios”.

3. Afiliación y aportes al partido Frente Sandinista

Cada mes los empleados públicos están “obligados” a aportar económicamente al Frente Sandinista. Los operadores políticos de cada institución son los responsables de recaudar el “tributo”, estimado entre el 1% y 2% del salario mensual de cada trabajador, detalla Mario, quien fue forzado, en noviembre de 2023, a afiliarse al partido FSLN. Rellenó una ficha de registro, en la que además de sus datos personales, debía especificar su “historial partidario y político”.  

“Estás obligado a colaborar con el partido porque vos ‘decidiste’ por tu cuenta hacerte militante, cuando, en realidad, la hoja casi te la metieron a la fuerza”, expresa Mario disgustado.

La dictadura también ha instaurado como requisito laboral para ingresar al Estado presentar un aval político. Antes de la Rebelión de 2018 era relativamente fácil conseguir el documento a través del representante del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) de cada barrio, pero ahora se hace a través de militantes con historial político.

4. Voto obligatorio y comprobado

En las elecciones presidenciales de 2021 y las municipales de 2022, los trabajadores públicos fueron obligados a votar y enviar una fotografía de su dedo manchado como “prueba”. Debían llevar a sus familiares e incentivar en sus redes sociales el sufragio. Miles de empleados públicos asistieron a las urnas por miedo a perder sus empleos.

“Al que no vaya a votar lo irán a traer en vehículos de la institución, porque cada una de las instituciones estatales tiene que garantizar que todos sus trabajadores hayan ido a votar. Es algo que ya lo han hecho antes y esta vez estamos advertidos. No te dicen qué te pasará si no lo hacés, pero todos sabemos que nos correrían”, explicó Horacio, un trabajador del Estado en un reportaje publicado en el contexto electoral de 2021.

5. Autocensura y adoctrinamiento

El régimen impone su propia narrativa sobre la realidad nicaragüense en las instituciones del Estado. Tras la represión, que provocó el asesinato de 355 personas en 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la dictadura presentó en todas las entidades públicas, documentales producidos por ellos mismos, demostrando el supuesto golpe de Estado, a como denominan a las protestas cívicas. 

Lo mismo ocurre ante la aprobación de una ley o acciones arbitrarias, envían a través de grupos de WhatsApp su propia versión, y la única que debe prevalecer. Sin espacios para crítica, los empleados públicos callan, aunque la mayoría esté en contra de mantener presos políticos, la persecución a la Iglesia católica, el Estado policial de facto u obligarlos a firmar iniciativas de leyes, como la petición de cadena perpetua, promovida por Murillo en 2020. 

Lo “peor”, aseguran los trabajadores, es que tampoco pueden opinar fuera de sus oficinas, porque sus redes sociales están vigiladas y, en algunos casos, les han orientado publicar información divulgada por la maquinaria de propaganda oficialista. La autocensura es una forma de mantenerse protegidos de la represión.

6. Expuestos a covid-19

Tan solo cuatro días antes que el Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre el primer caso de covid-19, la dictadura obligó a los trabajadores públicos a participar en la marcha “Amor en tiempos del covid-19”, atentando contra su salud, cuando el mundo iniciaba cuarentenas para evitar la propagación del virus. También prohibió la implementación de medidas de prevención, como el uso de mascarillas o caretas, aduciendo que no podían crear alarma entre la población.

Y quienes se enfermaban no podían confirmar que era covid-19 porque existía una política de ocultamiento de casos. El régimen admite 218 fallecimientos oficiales por covid-19, cuando estudios de sobremortalidad revelaron que murieron 14 815 nicaragüenses por la enfermedad. 

7. Rehenes en centros laborales

La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó en 2020 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en la que califica a los “empleados descontentos” como una “ciberamenaza”, lo que, a juicio de expertos, revela una desconfianza de la dictadura ante posibles filtraciones. 

Sin embargo, los empleados públicos han seguido denunciando a la prensa independiente los atropellos en su contra. Varios entrevistados por CONFIDENCIAL se han declarado “rehenes” de la dictadura, que además de someterlos a un adoctrinamiento político, temen ser encarcelados y que atente contra su vida y la de sus familiares. 

“Hay demasiado temor de lo que puede imaginar. Si solo fuera perder el trabajo, eso no sería el mayor problema. Es que una puede exponerse a que la echen presa o incluso, hasta que pierda la vida”, aseguró Alicia, una profesional universitaria con más de 20 años de trabajo en el Estado, en una entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana, en octubre de 2022.

Manuel, otro empleado público, describió el ambiente laboral como “pesado” porque “toca cuidarse de lo que uno dice, de las miradas que uno hace cuando te bajan órdenes”.

“Somos presos en nuestros centros de trabajo, en la calle y hasta en las casas porque nos sentimos perseguidos”, detalla. 

8. “País por cárcel”

El régimen orteguista, en su intento por controlar el Estado, prohibió los viajes al extranjero a los funcionarios públicos. Quienes requieren salir por motivos laborales deben contar con una autorización de sus superiores. En algunos casos, la medida ha sido extensiva para sus familiares, confirmaron trabajadores estatales. Quienes desafiaron la orden, le confiscaron su pasaporte. Ante esa radicalización, decenas de empleados han decidido abandonar sus puestos de trabajo y huir por vías no reguladas, aunque eso suponga la pérdida de sus prestaciones sociales. 

Asimismo, el régimen mantiene bajo la mira a empleados, que se congregan en parroquias. La vigilancia en los templos abarca la homilía del sacerdote y quienes asisten a escucharlo. María, una exfuncionaria judicial, relató que dejó de ir a misa y participar en actividades religiosas para evitar represalias por “la vigilancia extrema”. Ella es una de los empleados públicos que se exiliaron sin reclamar su liquidación por temor. 

9. Vigilancia política y cárcel

Desde 2022, el régimen enfiló su maquinaria judicial en contra de los funcionarios públicos. El régimen apresó al vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, y a los hermanos Hans y María José Camacho Chévez, y Moisés Abraham Astorga, también trabajadores de ese poder del Estado. Desde entonces, la vigilancia política aumentó. El uso de celulares, la asistencia a actividades partidarias, la participación en grupos de WhatsApp, la interacción en redes sociales y el cumplimiento de directrices del partido fue más riguroso. 

Los empleados públicos ahora temen también ser encarcelados en El Chipote, la temida cárcel señalada por defensores de derechos humanos como un lugar de torturas, y donde el régimen encerró a más de una treintena de presos políticos, desterrados en febrero de 2023. 

Cualquier trabajador del Estado que sea “sospechoso” para el régimen es arrestado e investigado. Puede ser liberado, seguir secuestrado o en casa por cárcel; todo sin derecho a la defensa y a otras violaciones al debido proceso, revelaron abogados penalistas.

10. Despidos sin prestaciones sociales

Los despidos de más de 900 trabajadores del Poder Judicial —muchos de ellos sin pago de prestaciones salariales— son arbitrarios, y violan los derechos de los funcionarios, contemplados en la Ley de Carrera Judicial y empleados administrativos, además de la Constitución Política, según expertos judiciales.

El despido sin prestaciones laborales se hizo extensivo a todo el Estado con la aprobación de la Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en Caso de Renuncia de los Trabajadores del Estado, que reduce las indemnizaciones de todos los empleados públicos y los condena a trabajar décadas para tener derechos, que muchos ya tenían por ley.

Aunque están inconformes y saben que “no es justo”, reconocen no tener dónde quejarse. El Ministerio del Trabajo obedece al régimen y los sindicatos también. De tal forma, que muchos deciden resistir y otros desistir.