3 de diciembre 2023
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La Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo señaló a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti Moncada, su esposo Martín Argüello Leiva y el hijo de ambos, Bernardo Argüello Celebertti, de "conspiración anti-patria" y actos relacionados con "financiamiento al terrorismo". A juicio de dos abogadas esta acusación es una "burla malintencionada" y "una aberración sin fundamentos" que solo revela el mal funcionamiento del sistema de justicia en el país.
Los señalamientos de la Policía fueron hechos mediante una nota de prensa colmada de descalificaciones publicada el 1 de diciembre de 2023, por lo que técnicamente no es una acusación penal. Sin embargo, en ese texto la institución prácticamente dicta sentencia contra la familia Argüello Celebertti, siguiendo el mismo patrón de represión aplicado contra más de un millar de presos políticos de la dictadura.
La acusación ocurre una semana después que la nicaragüense Sheynnis Palacios obtuvo la corona de Miss Universo y que cientos de nicaragüenses salieron espontáneamente a las calles, agitando banderas azul y blanco, como no se miraba desde el recrudecimiento del estado policial de facto, impuesto en septiembre de 2018. La dictadura ha respondido a cada acto de respaldo con persecución y cárcel, ensañándose contra la familia de la directora de la franquicia de Miss Nicaragua.
Para la abogada y excarcelada política, Ana Margarita Vijil, la nota de la Policía "es una absoluta aberración" y una "confirmación más de la decadencia alrededor de una pareja de desquiciados".
"El éxito de nuestra Miss Universo, Sheynnis Palacios, debería ser motivo de orgullo nacional y no un pretexto para la persecución política", reflexionó el reo político excarcelado, Félix Maradiaga, a través de una declaración escrita.
Para Maradiaga, esas acusaciones "no solo carecen de fundamento, sino que también representan una grave tergiversación y politización de eventos culturales como el certamen del Miss Universo".
CONFIDENCIAL enumera las razones de por qué los señalamientos no tienen fundamento jurídico y únicamente revelan una persecución política.
Hechos cubiertos por la Ley de autoamnistía
Según la Policía, Karen Celebertti, Martín Argüello Leiva y Bernardo Argüello Celebertti, participaron activamente en las protestas multitudinarias registradas en 2018 contra el régimen Ortega-Murillo. Manifestaciones que califica como “acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado”, planeadas supuestamente por agencias internacionales y misiones extranjeras, cuando en realidad se trató de protestas espontáneas en rechazo a una reforma inconsulta al Seguro Social.
Señalan que “por los actos cometidos en el año 2018”, la familia Argüello Celebertti debe “cumplir sentencia” por los delitos de conspiración para alterar la paz e incitar al odio, la violencia, terrorismo y crimen organizado. Delitos que ya fueron cubiertos por la Ley 996, Ley de Amnistía, que entró en vigencia el 10 de junio de 2019 y que fue aprobada por el régimen para dejar en la impunidad todos los crímenes, cometidos por policías y paramilitares, en contra de la población autoconvocada que se tomó las calles para protestar contra la dictadura Ortega-Murillo.
“Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”, se lee en el artículo primero de la Ley de Amnistía.
Interpretación "malintencionada" de la Ley
La Policía también hace una interpretación “malintencionada” de la Ley de Amnistía, advierte la penalista y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez.
En su escrito afirman que esta ley sólo cubre “a quienes habían sido condenados o se encontraban en proceso de investigación” en 2018, a pesar que la norma es bastante específica.
“La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”, continúa el artículo primero de la Ley de Amnistía en su segundo párrafo.
No existe delito que perseguir
A Celebertti, Argüello y Argüello Celebertti también se les señala por mantener comunicación con “exponentes de la traición a la patria” y de supuestamente utilizar sus franquicias en una conspiración para “convertir los certámenes (de belleza) en trampas y emboscadas políticas”, financiadas por agentes extranjeros.
“Prácticamente se les está condenando por tener amistades”, comenta la abogada. Sin embargo, aclara que los delitos no trascienden y ejemplifica que “una persona puede hablarle a un delincuente, pero eso no la convierte en delincuente”.
Además, el hecho que una persona tenga registrado en su teléfono el número de un opositor político no quiere decir que vaya a realizar algún acto en contra del Gobierno. “Están tratando de incidir hasta en el tipo de personas con las que uno se puede relacionar”, apunta Martínez.
Toda la comunicación repite el tono de los ataques contra cualquier tipo de disidencia liderados por Ortega y Murillo y --al igual que con los casos de la mayoría de presos políticos y desterrados-- no aporta evidencias, sentenciando a priori, sin respeto a los derechos humanos, contemplados en la Constitución Política y tratados internacionales de los cuales Nicaragua es signataria.
Supuestas pruebas no son sustentables
En su afán de sustentar todos estos señalamientos, la Policía admite en su comunicado que ocupó teléfonos celulares y equipos tecnológicos pertenecientes a la familia Argüello Celebertti, a pesar que no existe ningún proceso judicial en su contra. Si lo hubiese, advierte la abogada, la misma Policía habría contaminado la prueba.
Explica que en el caso hipotético que los equipos ocupados a la familia Argüello Celebertti fueran evidencia en un proceso judicial, estos deberían estar en manos del Centro Nacional de Evidencias porque “al manipular la Policía la prueba hay contaminación de la prueba”.
Muestra de la paranoia del régimen
A nivel general, Martínez valora que el comunicado policial se sale de los estándares de la lógica, la razón y el derecho. Ya que expone "cargos sin fundamentos" y la forma en que el régimen "manosea" las leyes a su antojo.
"Me parece mal intencionado y una burla que la celebración de un concurso de belleza sea manejada, de manera paranoica, como un golpe de Estado", comentó la abogada.
Agrega que toda esta embestida contra la directora de Miss Nicaragua, su esposo e hijo muestra la desesperación que embarga al régimen. El cual "no tolera que una persona con éxito en un concurso sea admirada por todo el país" y percibe ese éxito como "una amenaza".
"Organizar un concurso de belleza y ser exitosa es ahora un delito de traición 'anti-patria' según la acusación y condena que hace el régimen de los Ortega-Murillo a Karen Celebertti, su esposo y su hijo. Toda la impotencia y frustración de la dictadura a la vista”, escribió la historiadora y excarcelada política desterrada, Dora María Téllez, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
