4 de diciembre 2023
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La presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez; la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), Maribel Duriez; y la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, encabezan la lista de los funcionarios públicos "penalmente responsables" por operar el “mecanismo de destrucción de las universidades” en Nicaragua, según el informe Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos.
Si bien ésta cruzada fue "planeada y ordenada" por Daniel Ortega y Rosario Murillo, los funcionarios que materializaron estas órdenes también tienen su cuota de responsabilidad. Entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la Procuradora de la República, Wendy Morales; la presidenta destituida de facto de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Todos estos funcionarios “son responsables del crimen de lesa humanidad de persecución política por las dimensiones, sistematicidad y continuidad del ataque”, advirtió el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) en la presentación del informe.
También son responsables “por los derechos fundamentales violados... como la libertad de asociación, reunión, debido proceso, pensamiento y expresión”, continúa CALIDH. Estos funcionarios fueron quienes “sancionaron leyes” y redactaron “informes con recomendaciones y justificaciones” para cancelar 28 universidades entre 2021 y 2023.
“Así como los nazis usaron al Estado, sus estructuras y funcionarios completamente para la destrucción del espacio civil de Alemania en los primeros años de esa dictadura y después a millones de víctimas, el régimen nicaragüense se asoció ilícitamente en un engranaje en el que cada funcionario cumplía una función perfecta en esa armazón de destrucción”, se lee en el informe.
Así funcionó la maquinaria de represión
La “tarea ilegal” de cancelar las universidades privadas fue asignada primeramente al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, y luego fue asumida por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, señala CALIDH. Mientras tanto, “Porras continuó sancionando leyes en aras de perfeccionar el mecanismo "jurídico" para sustentar las cancelaciones realizadas por Coronel”.
Destacan que la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez y la presidenta del CNEA, Maribel Duriez, fueron las encargadas de enviar a Gobernación “recomendaciones y justificaciones” para solicitar la disolución de las universidades. En la mayoría de los casos argumentando supuesto incumplimiento de los estándares mínimos de calidad.
El informe detalla que una vez canceladas las personerías jurídicas de las universidades, Rodríguez junto a la procuradora de la república, Wendy Morales, se encargaron de “trasladar los bienes al Estado” y consumar “la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios".
Mientras tanto, el director de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, proveyó “la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para hostigar, después, a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas”, subrayan.
Finalmente, advierte CALIDH, “Rodríguez consumaba la intervención nombrando autoridades ilegales en las universidades confiscadas” y la presidenta destituida de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, “se encargó de negar protección judicial a las universidades”.
Del robo a la promesa populista de la gratuidad
Paradójicamente, el régimen que arrinconó a las universidades privadas hasta cancelarles la personería jurídica y confiscar sus bienes, ahora promete educación “gratuita y de calidad” para 180 220 universitarios en Nicaragua. Algo imposible de cumplir, aun si se destina la totalidad del 6% del Presupuesto General de la República, que por ley constitucional corresponde a las universidades estatales.
Según cálculos independientes con datos de 2021 cada estudiante universitario le cuesta al Estado de Nicaragua un promedio de 1402.92 dólares anuales. De tal manera que, el régimen necesitaría 252.83 millones de dólares para costear los gastos de los 180 220 estudiantes universitarios previstos para 2024 en once universidades del CNU. Sin embargo, el monto del 6% proyectado por el régimen para 2024 es de 8028.3 millones de córdobas, equivalentes a 218.46 millones de dólares.
Con estos números, al régimen le faltarían 34 millones de dólares para cubrir las prematrículas, matrículas y mensualidades gratis prometidas a los 180 220 universitarios previstos para el año entrante.
La semana pasada también, la Asamblea Nacional reformó la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación para transformar el modelo de gestión de la educación superior en Nicaragua y otorga al CNU la capacidad legal de gestionar las universidades como un "Ministerio de Educación Superior".
Los cambios realizados son tan drásticos que especialistas en la materia los califican como "el acta de defunción de la autonomía universitaria en el país".
