28 de noviembre 2023
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La educación “gratuita y de calidad” prometida para 180 220 universitarios en Nicaragua es imposible de cumplir, aun si se destina la totalidad del 6% del Presupuesto General de la República, que por ley constitucional corresponde a las universidades estatales.
Según cálculos independientes con datos de 2021 –fecha de la última Rendición Social de Cuentas del Consejo Nacional de Universidades (CNU) disponible al público– cada estudiante universitario le cuesta al Estado de Nicaragua un promedio de 1402.92 dólares anuales.
Partiendo de ese cálculo, el régimen orteguista necesitaría 252.83 millones de dólares para costear los gastos de los 180 220 estudiantes universitarios previstos para 2024 en once universidades del CNU. Sin embargo, el monto del 6% proyectado por el régimen para 2024 es de 8028.3 millones de córdobas, equivalentes a 218.46 millones de dólares.
Con estos números, al régimen le faltarían 34 millones de dólares para cubrir las prematrículas, matrículas y mensualidades gratis prometidas a los 180 220 universitarios previstos para el año entrante.
Además, hay dos razones por las cuales el déficit sería más alto, e incluso el doble. La primera es que el costo promedio está basado en cálculos con datos de 2021, sin contar los incrementos inevitables de los últimos dos años. La segunda es que no todo el 6% es para las universidades, porque la Secretaría Técnica del CNU recibe una partida de ese porcentaje que, en 2023, fue 866.66 millones de córdobas, equivalente a unos 23.58 millones de dólares.
La promesa de educación gratis
El 19 de noviembre de 2023, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) publicó un comunicado asegurando que, a partir de 2024, no cobrarán prematrícula, matrícula ni aranceles a estudiantes de todas las modalidades de las once universidades estatales.
Siete de estas once universidades son: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), y UNAN-León, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan), la Bluefields Indian and Caribbean University (Bicu) y la Universidad Antonio de Valdivieso (UNIAV).
Las otras cuatro son las “nuevas” universidades creadas a partir de los centros de estudios superiores confiscados entre 2021 y 2023: Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica, Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés y Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
Según el comunicado del CNU, la medida beneficiará a 180 220 estudiantes universitarios, y asegura que es posible “gracias al crecimiento económico de esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre” (sic), en un alarde de propaganda para la dictadura, que en los días posteriores recortó presupuesto del Poder Judicial y el cálculo de indemnizaciones para los empleados públicos, que la misma propaganda justifica como “medidas de ahorro” en las redes sociales.
Una “medida populista” para mantener la “clientela política”
El anuncio del CNU sobre la gratuidad en las universidades es “parte del populismo que siempre ha acompañado al 6%”, asegura el académico Ernesto Medina, quien fue rector de la UNAN-León de 1994 a 2006, y de la Universidad Americana (UAM) de 2007 a 2018.
Además, Medina sostiene que esta medida no garantizará la calidad de la educación superior, como también promete el comunicado del CNU.
“El 6% ha tenido un efecto perverso en la educación superior nicaragüense”, advierte. Las universidades “en lugar de preparar presupuestos en base a las necesidades de mejora y de transformación, crean presupuestos de salarios y becas para mantener una clientela política”, y lo distribuyen sin criterios técnicos, en base a cifras históricas o según lo recibido el año anterior.
“Lo que resulta es un presupuesto que consume la mayor parte de los recursos en salarios y becas para mantener contenta a la clientela política. Las inversiones son insignificantes, no hay recursos para formar profesores, para renovar equipos, para enriquecer las bibliotecas”, subraya Medina.
Agrega que, si esta va a seguir siendo la forma de distribuir y utilizar el presupuesto de las universidades, a cada una se le asignará un monto en base a consideraciones políticas y no de sus necesidades y planes de desarrollo.
El 6% nunca ha sido suficiente
El académico también cuestiona que el 6% “nunca ha dado suficiente para mantener una educación universitaria de calidad”.
Cada año, afirma, las universidades ajustan sus presupuestos con base a su partida correspondiente, “aunque nunca es en base a sus necesidades”.
Por esa razón, las universidades públicas y las “nuevas” creadas entre 2021 y 2023 a partir del cierre y confiscación de otras, cobraban prematrícula, matrícula y aranceles simbólicos, dejando las becas parciales o completas para quienes no podían hacer ese aporte.
Una investigación de CONFIDENCIAL sobre el “negocio redondo” con universidades confiscadas, publicada en agosto de 2023, reveló que las nuevas universidades estatales, cobraban mensualidades de 30 dólares, matrículas de diez dólares y cinco dólares más por la extensión del carnet estudiantil.
En 2023, las tres “nuevas” universidades estatales recibieron 481 millones de córdobas (unos 13.18 millones de dólares), según el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2023. En este listado no se incluyó a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, creada en agosto de 2023, después de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
La “nueva” universidad estatal, en el campus robado a la Compañía de Jesús, anunció sus matrículas ordinarias del 27 de noviembre al 6 de diciembre, y una extraordinaria del 11 al 16 de diciembre, sin ningún costo, aunque todavía no queda claro cómo será financiada.
Universidades sin centros de investigación
Un problema adicional al destinar la totalidad del 6% a la promesa “populista” de educación universitaria gratuita —aun si es insuficiente— es que ese monto se destinaría únicamente para el costo promedio de cada estudiante, y las universidades dejarían de invertir en centros de investigación e instituciones de atención a la ciudadanía. Una carencia agravada porque las universidades ya no cuentan con el apoyo de organizaciones altruistas que también han sido canceladas por el Gobierno.
Contrario a la calidad y excelencia académica, las universidades estatales como la UNAN-Managua, o las “nuevas” como la Casimiro Sotelo, exhiben el proselitismo, el adoctrinamiento y control partidario a favor del gobernante Frente Sandinista, con académicos y operadores al servicio del orteguismo. El comunicado del CNU hace alarde del mismo.
