27 de noviembre 2023
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Costa Rica vive una crisis de inseguridad sin precedentes que alarma a sus habitantes y el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves no responde ante tan grave problema, valora Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica (2010-2014) y también exministra de Seguridad (1996-1998).
En entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, la exmandataria ofrece un análisis de las causas que han provocado que Costa Rica --hasta hace poco uno de los países más tranquilos de la región-- viva el año más violento de su historia, con una proyección de 900 asesinatos al terminar 2023, y una tasa de homicidios de 17 por cada 100 000 habitantes.
Chinchilla critica que el presidente Chaves, en medio de la presentación de su Política de Seguridad Nacional el 22 de noviembre de 2023, se centró en dirigir la responsabilidad de combatir la criminalidad hacia la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Además, estima que, de no hacer lo suficiente, Costa Rica podría seguir la trayectoria de Ecuador, cuya última campaña electoral presidencial se vio marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, cuyo discurso se centró en el combate al narcotráfico.
Además, la expresidenta, destaca la importancia de que existan políticas sociales que incluyan a jóvenes en comunidades en pobreza -donde habita buena parte de la población migrante nicaragüense- para evitar que estos sean presa fácil del reclutamiento de las bandas criminales que operan en Costa Rica.
Las autoridades atribuyen este aumento de los homicidios dolosos en los últimos años al narcotráfico, pero, en sí, este no es un fenómeno nuevo, ni en Costa Rica ni en la región. ¿Qué fue lo que cambió?
En el caso de Costa Rica, cuando analizamos, por ejemplo, la asignación de recursos a la seguridad pública, el reclutamiento de personal policial, la asignación de recursos a las instituciones judiciales, especialmente la Fiscalía, y la Policía de investigación, vemos cómo todos estos recursos han venido debilitándose.
A eso agregamos que se bajó la guardia en la lucha contra el crimen organizado, porque se esperó siete años para poner en funcionamiento una jurisdicción especial en este tema, –porque la ley que en su momento aprobamos careció de recursos por algún tiempo–.
El Estado costarricense bajó la guardia y la criminalidad clarísimamente anda buscando oportunidades hacia dónde movilizarse en un momento en donde nuestra región se está convirtiendo en una potencia exportadora de cocaína, de opio y también de fentanilo, pues claro que las amenazas son mayores sobre los países y Costa Rica hoy las está experimentando con especial rigor.
¿Por qué el 2023 es el año más violento de la historia de Costa Rica?
Porque cuando analizamos la tasa de homicidios, que es la que nos permite aproximarnos a cuáles países son más o menos violentos, se va a dar un incremento terrible de casi un 40%, hacia el cierre del año, del número de muertes violentas.
Esto nos hará, posiblemente, pasar la tasa de 12 homicidios por cada 100 000 habitantes, que ya era alta para Costa Rica, a alcanzar una tasa que podría llegar casi a 17 homicidios por 100 000 habitantes.
Es una alerta, particularmente cuando vemos en algunas regiones, sobre todo costeras, en donde esas tasas se duplican y hasta triplican.
Hay una percepción, por el aumento de homicidios dolosos y también por la réplica que hacen los medios de comunicación de cómo ocurren en lugares donde antes no se miraban, en canchas de fútbol, cerca de escuelas, afuera de un hospital. Pero, en realidad, ¿cuáles son las zonas más afectadas por esta situación y quiénes son las víctimas?
Hay dos factores que predominan: uno es que, en su mayoría, por encima del 60%, son cometidos por riñas entre pandillas. Y, luego, el otro factor que llama la atención es el uso del arma de fuego. Casi el 70% de (los homicidios) son cometidos con armas de fuego.
La mayor cantidad de víctimas siguen siendo miembros de esas pandillas y tienden a ocurrir en aquellas zonas en donde los pandilleros tienen rutas preferentes para la distribución de sus drogas. Por eso es que las costas tienen, generalmente, más presencia de este tipo de bandas y más niveles de violencia, porque es en las costas donde entran y salen muchas de las drogas que se comercializan a nivel internacional y también desde ahí se trasladan al interior del país.
Sin embargo, lo que hemos también venido viendo es que las víctimas colaterales, esas personas que mueren en medio de una balacera que no les tocaba a ellos, se van incrementando, porque las bandas criminales van extendiendo su control territorial y, cuando nos damos cuenta, están peleando por el control de la distribución alrededor de centros educativos, o porque los miembros de las bandas de pronto están en discos o en restaurantes a donde llegan a matarlos.
¿Estas pandillas son de carteles internacionales o son cárteles locales?
El origen es el crimen organizado transnacional, es decir, de los grandes carteles que se encuentran en América Latina. Hace algunos años de Colombia y ahora sobre todo los mexicanos compiten. Hay presencia (en Costa Rica) de criminales de otras nacionalidades. Sin embargo, sus colaboradores son fundamentalmente costarricenses y gran parte de esta violencia que estamos viendo involucra a costarricenses que son miembros de esas pandillas que cumplen un papel muy importante en la organización, que es facilitar a las bandas transnacionales todas las operaciones del paso de la droga por el país, pero también esas bandas locales son pagadas con droga y se ven obligadas, para generar riqueza de esos pagos que se les da en especie, a abrir mercado interno de consumo y, al tratar de establecer esos controles en el mercado interno, es que se generan estos espacios de violencia que, en su mayoría, son provocados por costarricenses.
¿Hay alguna otra particularidad de la penetración del narcotráfico en Costa Rica en comparación con otros países del istmo?
Desde el punto de vista de la amenaza externa que nos alcanza a todos los centroamericanos, es lo mismo. Recordemos que Centroamérica es el barrio más peligroso del mundo, y lo ha sido por muchos años, por muchísimas razones: desde los conflictos armados internos que tanto golpearon y cómo esto desmovilizó ejércitos y cómo estos desmovilizados se fueron del lado de la criminalidad. La región, además, ha sido una de las zonas de tránsito de los mayores flujos de droga y, de eso, pasó también a convertirse en una región de consumo y de distribución interna.
Costa Rica está sometida a los mismos patrones. ¿Qué nos ha diferenciado en el pasado? Al no tener ejército, hemos apostado mucho más a las políticas de prevención y a la administración de Justicia y a una Policía profesional. Estos bastiones se han venido debilitando y de ahí que entonces veamos ahora un mayor crecimiento de esta violencia.
Pero, si vemos cómo la violencia se está comportando en Costa Rica, diría que es muy similar a los mismos traumas que ya han enfrentado otros países de Centroamérica.
"No existe una política de Estado" para combatir la criminalidad
El 22 de noviembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves presentó su Política Nacional de Seguridad Pública. ¿Cómo la valora? ¿Contiene las acciones necesarias para reducir los asesinatos y repeler al crimen organizado?
Era una buena noticia que el ministro de Seguridad y su equipo presentaran una política, porque, 18 meses después de que este Gobierno había tomado posesión y habiéndose convertido la seguridad en la principal preocupación de los costarricenses, no existía una propuesta estratégica, una propuesta articulada.
Entonces, en principio le dimos la bienvenida a esa política, pero el presidente se encargó de enterrarla cuando, en lugar de concentrarse en reforzar el mensaje de su ministro, más bien puso una puesta en escena, debidamente preconcebida, para echarle la culpa a los diputados de lo que está pasando.
Eso ha desestimulado que muchos leamos la Política (presentada) porque dudamos de la intención real y efectiva que tengan de implementar esa Política, entonces no la conozco, aparte de que la presentaron hace apenas 48 horas, de una vez le pusieron la lápida. No he podido leerla, lo voy a hacer siempre, pero no podría opinar sobre el fondo de la política.
¿Y cuál es la postura del Poder Legislativo o el Poder Judicial? ¿Existe un frente, una estrategia común para hacerle frente al problema?
Lo que no existe en este momento es la convocatoria del Poder Ejecutivo, que es el llamado a hacer esta coordinación de acuerdo a la Ley General de Policía.
Es el Poder Ejecutivo, es el Presidente, el que dirige el Consejo Nacional de Seguridad y ese Consejo no se convoca con regularidad.
No existe una política de Estado en este momento. Sin embargo, tengo que reconocer que, tanto los diputados como el Poder Judicial, vienen haciendo un esfuerzo por cumplir con su parte en la atención del problema.
En el caso del Poder Legislativo, han venido impulsando alguna legislación, han venido dotando de más recursos a la Seguridad a través de los presupuestos que aprueban. En el caso del Poder Judicial, están haciendo un gran esfuerzo a pesar del faltante de recursos, coordinando las acciones para desarticular bandas criminales.
Pero, claramente, si el Poder Ejecutivo no hace su papel, aquí no vamos a tener un cambio significativo en los próximos años.
¿Y cuál es la reacción de la población ante esta ola de inseguridad y esa postura de las autoridades?
Las encuestas nos están diciendo tres cosas. Lo primero, nos están diciendo que la inseguridad pasó de ser la segunda, tercera preocupación, a convertirse en la preocupación número uno de los costarricenses.
En segundo término, que, para el 80% de la población, el problema, en lugar de mejorar, se deteriora.
Y, en tercer término, nos dice que el presidente viene perdiendo popularidad. Es decir, bien haría el Gobierno en estudiar por qué esa pérdida de popularidad. Estoy convencida que mucho tiene que ver con que el Gobierno no está respondiendo ante este problema tan grave que tiene Costa Rica.
Política social preventiva es necesaria en Costa Rica
En el reportaje que realizamos en CONFIDENCIAL, enfocado en la vulnerabilidad de la población migrante nicaragüense, identificamos que en muchos casos los migrantes por falta de dinero deben alquilar viviendas en zonas precarias, entre constantes tiroteos y búnkeres. ¿Qué tipo de acciones valdría la pena tomar con respecto a estas comunidades en particular, que están más vulnerables, no por su nacionalidad, sino por su condición de pobreza?
Cuando vemos quiénes son las mayores víctimas de la violencia, vemos que son las poblaciones más vulnerables, porque son aquellas que están expuestas, precisamente, a que sus e hijos sean reclutados por los criminales, que terminen haciendo una trayectoria en el sicariato, no porque quieran, sino porque ni están estudiando ni trabajando en este momento. Calculamos que hay más de 120 000 jóvenes en Costa Rica en esa condición.
También son los que están más expuestos al problema de las adicciones, que también es una manera de reclutar colaboradores por parte de estas bandas criminales.
En el pasado, ¿qué hicimos? En mi Gobierno la política, y que fue exitosa, no solamente se concentró en desarticular bandas, en meter gente a la cárcel, también seleccionamos cerca de 40 comunidades en situación de vulnerabilidad y entramos con una propuesta integral, es decir, tratar de llevar actividades alternativas que pudieran distraer a los jóvenes sanamente, mientras íbamos haciendo algo que impactara positivamente en los problemas de escolaridad y los problemas de empleabilidad. Si no hacemos algo en esto, difícilmente vamos a cambiar la situación.
¿Se puede frenar la ola de criminalidad? ¿Cuál es el futuro de Costa Rica si no logra detener el avance del narcotráfico?
Creo que deberíamos vernos en el espejo de Ecuador. Me parece que seguiríamos una trayectoria muy similar a la de Ecuador. En Ecuador, uno de los países más tranquilos de las Américas, con muy bajos niveles de criminalidad, en tan solo cinco años casi que se ha quintuplicado su tasa de homicidios.
Y cuando ya quisieron hacer algo (en Ecuador), el problema les había explotado al punto que las bandas criminales empezaron a asesinar candidatos a la presidencia que se mostraban muy rigurosos con el combate a este problema. Si no se hace algo ya mismo, este Gobierno va a condenar a Costa Rica a una trayectoria similar a lo que le pasó a Ecuador.
