26 de noviembre 2023
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Natalia había escuchado balazos lejanos casi a diario. A veces más cerca, pero siempre de noche. Ese mediodía, la ráfaga irrumpió el bullicio diurno y su apresurada rutina de alistar a su hija de seis años para llevarla al preescolar.
Cuando salió y vio en la acera a un joven ensangrentado, con las piernas reventadas por las balas, agradeció haberse tardado unos minutos más en salir. Se había salvado de presenciar una escena que se vuelve cada vez más común en Costa Rica: un hombre a bordo de una moto transitaba por la zona con el objetivo de dispararle a la víctima que –esta vez– había sobrevivido.
Natalia es una joven nicaragüense que emigró en marzo de 2023 y vive en Rincón Grande, asentamiento de Pavas, uno de los distritos de San José donde han ocurrido más asesinatos este año que –aún sin concluir– ya es el más violento registrado en la historia de Costa Rica.
En medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en la nación “Pura Vida”, los nicaragüenses –que son la población extranjera más numerosa en el país– sufren también las consecuencias de la penetración del narcotráfico, y se asustan al ver cómo Costa Rica pierde la paz por la cual destacaba en Centroamérica.
Costa Rica: 824 homicidios violentos en once meses de 2023
Del 1 de enero al 22 de noviembre de 2023, Costa Rica reporta 824 homicidios dolosos, la mayoría en las provincias de Limón, en el Caribe; San José, en el Valle Central; y Puntarenas, en el Pacífico. Para finales del año, se estiman unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Los medios locales reportan balaceras en lugares donde antes no ocurrían: afuera de un hospital, cerca de una escuela o en una cancha de fútbol. Los maestros en los centros públicos realizan simulacros de tiroteos con sus alumnos. El 68% de los homicidios dolosos son por ajustes de cuentas o sicariato, síntoma de la pugna de bandas que procuran mover la droga y controlar los territorios.
Mientras las autoridades se enfrascan en discusiones sobre culpas y posibles soluciones, la población percibe la inseguridad como el principal problema del país, según la encuesta más reciente de opinión pública.
La población migrante nicaragüense, que constituye aproximadamente el 10% de los habitantes, no es ajena al problema. Por el contrario, una buena parte vive de cerca la violencia del narcotráfico en zonas vulnerables y de mayor riesgo.
Nicas Migrantes, de CONFIDENCIAL, conversó con nicaragüenses afectados directamente por la inseguridad. También habló con especialistas, visitó algunos de los distritos de la capital con mayor número de homicidios dolosos y analizó estadísticas oficiales para entender la exposición de esta población como víctimas y autores.
Los nicaragüenses que accedieron a hablar solicitaron omitir sus nombres, por temor a represalias de las bandas con las cuales se ven obligados a cohabitar.
Entre balas cruzadas y “búnkeres” de droga
“Huí de la Policía, por la represión y la persecución; y ahora, aquí, no me persigue nadie, pero tengo miedo de la delincuencia”, exclama Natalia.
Vivía en Managua, en las Américas 1, un barrio aledaño a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), punto caliente de la Rebelión Cívica de Abril de 2018, donde universitarios se atrincheraron demandando el cese de la represión estatal y la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ella no dudó en sumarse a las masivas movilizaciones de aquellos días, pero eso le costó el hostigamiento de sus vecinos sandinistas y también de la Policía que amenazaba con apresarla, como lo ha hecho con cientos de opositores convertidos en presos políticos del régimen.
Así salió a Costa Rica con su esposo y su hija. Entraron por un “punto ciego” de la frontera y solicitaron refugio. Los primeros días durmieron a la intemperie, luego en un albergue y finalmente llegaron a Rincón Grande de Pavas, al único lugar que podían costear: 90 000 colones (unos 170 dólares) por un cuarto en el que dormían en el piso.
Pero Natalia no sabía que en Rincón Grande debería resignarse a vivir entre balazos y “búnkeres”, como le llaman en Costa Rica a los expendios de droga. En la zona incluso está marcado un punto desde Google Maps como “Venta de Droga Precario Nueva Esperanza Pavas”.
Los primeros días Natalia se asustó mucho al escuchar los disparos, que al principio confundió con bombas de fuegos artificiales. “Lo he visto con mis propios ojos cómo se vende la droga, cómo se pasan el dinero, las bolsitas, cómo llegan carros acá. Vengo de traer a la niña del kínder y están ahí, en la calle”, cuenta. Su hija también le pregunta qué hacer cuando suenan los balazos, y a veces juega “a la balacera”. “A mí me duele, sinceramente, porque yo la saqué de Nicaragua para un futuro mejor. Y estoy viendo que no va a tener un buen futuro si seguimos así”, comenta.
“Intentamos irnos a otro lado, pero no da el dinero”, dice. Su esposo gana 350 000 colones mensuales (unos 660 dólares), pero no tiene empleo formal ni permanente. Trabaja en construcción, en proyectos temporales, y le ha costado sacar su permiso laboral por los nuevos requisitos que las autoridades migratorias piden a los solicitantes de refugio.
Esa es la realidad del 77% de los migrantes nicaragüenses que llegaron a Costa Rica después de 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua. La mayoría gana menos de 450 000 colones mensuales (850 dólares), según una encuesta realizada en 2022 por CONFIDENCIAL y Diálogo Interamericano. Con esos ingresos deben costear los altos precios de los alquileres en cuarterías (conjunto de habitaciones) y casas en zonas peligrosas.
Actualmente, no hay estadísticas sobre cuáles son los distritos con mayor concentración de población migrante en Costa Rica, pero entre organizaciones y los mismos migrantes nicas se identifican Pavas, Hatillo, La Carpio (en Uruca), Desamparados y Alajuelita, distritos de la capital con estigma de ser peligrosos.
Las estadísticas de 2022 y 2023 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que la mayoría de homicidios dolosos del cantón de San José ocurrieron en algunos de estos distritos: Pavas, Hatillo y Uruca.
El docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en temas migratorios y Refugio, Harold Villegas, apunta que, en Costa Rica, los “tugurios” o asentamientos informales han crecido en los últimos 15 años, sobre todo en la Gran Área Metropolitana. Pasaron de ser unos 400 a 750, y una parte de sus habitantes son migrantes que se asientan en zonas urbanas para buscar empleo.
Más jóvenes y adolescentes reclutados por narcotraficantes
Natalia no es la única que teme por su hija. Alejandra es otra nicaragüense que vive en Pavas, en una zona controlada por la banda criminal “Los Diablos”. No hace mucho le tocó vivir a la par de un “búnker”.
Buscaba con prisa algún lugar para ella y sus cuatro hijos de 14, 11, 4 y un año de edad. Un día llegaron agentes policiales a allanar su casa. Alejandra cree que fue una equivocación, por el expendio de estupefacientes contiguo. “Fue horrible, me hicieron relajo en la casa, me humillaron. No hallaron nada, así que no me llevaron presa, pero ellos me acusaron con el PANI”, asegura. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) llegó a los pocos días, a indagar por qué había niños viviendo a la par de un “búnker”, pero, por fortuna –recuerda– no le quitaron a sus hijos.
Ahora, Alejandra vive en otra casa, siempre en Pavas. Paga 100 000 colones (190 dólares) de renta, que reúne con labores de limpieza, venta de comida y otros trabajos ocasionales. Quien más le preocupa es su hija de 14 años, que le contó que un estudiante de su colegio le ofreció marihuana, “perico” (cocaína) y “clona” o clonazepam, un fármaco que se combina con otras drogas.
Esa es una tendencia que desafía a las organizaciones. Esteban Carmiol, de la Fundación Acción Joven, tiene trece años de trabajar de cerca con el sistema de educación pública costarricense y asegura que antes hallaban adolescentes y jóvenes consumidores de drogas, pero en el último año y medio encuentran “jóvenes vendiendo de forma activa dentro del centro educativo”.
Los líderes de las bandas, explica Carmiol, reclutan a estos menores de edad y les dicen que no se salgan del colegio, sino que aprovechen para vender ahí.
Alejandra confirma que hay adolescentes en la venta de drogas en Pavas. También cree que el nicaragüense es más vulnerable. “Siempre al nicaragüense lo utilizan de ‘cebo’. Nosotros estamos más vulnerables. Hay gente que se mete a trabajarle a esa gente (las bandas) por necesidad. Tal vez es gente (migrante) que no está legalmente, no tiene sus documentos para trabajar, entonces busca esas opciones”, comenta.
Hay mujeres, agrega, que trabajan como “campanas”. “Son personas que caminan en la calle avisando si va a pasar una patrulla”, explica.
Carmiol coincide con Alejandra. Los jóvenes migrantes podrían estar más propensos a involucrarse en estas actividades delictivas, pero no por su nacionalidad, sino por la pobreza en la que viven, que puede verse exacerbada cuando se hallan indocumentados en el país.
“Es un tema de necesidad. Probablemente, la población migrante tenga más dificultades para acceder al trabajo, para acceder al estudio, para acceder a la salud”. Algunos jóvenes migrantes al terminar la secundaria no obtienen su título de bachiller por no tener sus papeles en regla. Eso les dificulta encontrar empleo y les impide seguir estudiando una carrera técnica o profesional.
Para Alejandra, los vecinos en estos lugares no denuncian a los narcos por miedo y porque sienten que no hay una respuesta contundente de las autoridades. “La policía, o está infiltrada o está coludida”, dice, algo que repite otra fuente, habitante de otro distrito con altos índices de criminalidad. Se preguntan cómo es que las bandas saben con antelación cuándo ocurrirá un operativo policial.
La Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública dijo a CONFIDENCIAL que no puede referirse a denuncias anónimas e informales, e invitó a afectados a llamar al 1176, una línea telefónica para denunciar formalmente sin que la persona tenga que brindar su nombre.
Inseguridad: El tema del que no se habla
Durante el día, por las calles de distritos populosos, como Pavas o Uruca, las personas circulan con cierta normalidad. Hay gente vendiendo y comprando la comida del día, niños yendo a la escuela, vehículos transitando. Algunos ven con curiosidad la pequeña cámara con la que tomamos algunas fotos y videos, y se acercan para advertirnos que mejor la guardemos.
Toda plática fluye, excepto la de la inseguridad en el barrio. Ahí las respuestas se tornan escurridizas. Muchos se limitan a decir que “las cosas están igual que siempre”, otros se quejan de los tiroteos, pero omiten mencionar la causa. Algunos se animan a hablar en detalle, con la condición, eso sí, de que no se les mencione ni se hagan fotografías.
En La Carpio, Eric dice que ahora se siente levemente más seguro, porque al menos los delincuentes “respetan” a los vecinos, es decir, no les roban. “Usted sabe el dicho, ‘barrio no mata barrio’”, pero advierte que la droga circula mucho más que antes. “He tenido muchos amigos que han caído, a raíz de la facilidad que hay ahora para obtenerla. Tengo tres amigos que se volvieron ya drogadictos, o sea, ya cayeron en eso”, comenta apesarado.
Villegas explica que actualmente hay mayor circulación de droga que se queda en territorio costarricense. “Antes Costa Rica era solamente un país de tránsito de la cocaína, ahora las bandas pagan con su droga a locales que se dedican al narcomenudeo en zonas precarias”, dice.
Eric también lamenta el aumento de las víctimas colaterales. Con tantos tiroteos en lugares públicos, ya no solo se matan entre delincuentes. “Han habido muchos heridos e, incluso, personas inocentes que vienen de su trabajo, y ya les pegan un tiro. Tengo un amigo que recibió tres balazos en la columna durante una balacera en la tercera (parada de bus de La Carpio). Estaba esperando el bus para ir a su trabajo. Él quedó lesionado de por vida”.
Según las estadísticas del OIJ, de los homicidios dolosos ocurridos hasta septiembre de 2023, el 5% de las víctimas fueron colaterales. En 2022 fueron el 2% y en 2021 el 1%.
En noticieros y diarios locales, la cobertura de este tipo de sucesos es intensa e impacta en el sentir de la población. “La sensación que te da es de que hay violencia y criminalidad por todos lados”, apunta la socióloga nicaragüense, especialista en temas de Seguridad y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), Elvira Cuadra. Los medios nicaragüenses también reportan y destacan los casos de muertes violentas de nicas en Costa Rica, y de detenidos por distintos delitos.
Las estadísticas oficiales detallan que, entre enero y septiembre de 2023, 71 nicaragüenses han sido víctimas de homicidios dolosos en Costa Rica, de un total de 678, es decir el 10%. El porcentaje se mantiene similar, con variaciones de apenas un punto, entre los años 2017 y 2022.
Entre enero y septiembre de 2023, las víctimas colaterales nicaragüenses son el 12%. En 2022 fue del 27%, cuando una familia entera fue asesinada en Santa Cruz de Guanacaste. Las víctimas, originarias de Estelí, tenían ocho días de haber llegado a Costa Rica en busca de trabajo cuando fueron atacados por dos sujetos que dispararon a la vivienda que alquilaban. Los vecinos señalaron que los inquilinos anteriores vendían droga y eran el objetivo real de los perpetradores.
Sobre el involucramiento de nicaragüenses en la comisión de delitos por los que pagan sentencias en Costa Rica, los datos de la población carcelaria arrojan que los nicaragüenses son el 11% del total, un porcentaje consistente entre 2018 y 2023.
Los nicaragüenses presos por delitos como posesión ilegal de armas, homicidios y tráfico de estupefacientes rondan entre el 10% y 13% entre 2017 y 2023. Actualmente, hay 1703 presos nicaragüenses en Costa Rica.
Las estadísticas reflejan que los nicaragüenses, tanto como víctimas como hechores, son un porcentaje representativo con respecto al total de nicas que viven en Costa Rica. Cálculos de especialistas en temas migratorios apuntan que la población extranjera en Costa Rica, cuya gran mayoría es nicaragüense, ronda entre el 8% y 11%.
Son porcentajes, además, constantes a través de los años, a pesar del aumento de la población nicaragüense a partir de 2018, con la llegada de decenas de miles de solicitantes de refugio.
La diferencia de Costa Rica con Nicaragua
Marcos, originario de Somotillo, Chinandega, emigró hace ocho años a Costa Rica. Para él, la actual crisis de inseguridad es alarmante. Recuerda que, recién llegado, acudió a una cita de trabajo y a plena luz del día quedó bajo fuego cruzado en una zona aledaña a la que vive, en San José. Pero ese tipo de hechos no ocurrían tan seguido ni en tantos lugares como ahora, recalca. También compara la situación costarricense con la de Nicaragua.
Ni a Marcos, Natalia o Alejandra les parece que en Nicaragua hay estos tiroteos que ven con frecuencia en Costa Rica.
Cuadra, la especialista nicaragüense en temas de Seguridad exiliada en Costa Rica, explica que es difícil hacer una comparación a fondo sobre el manejo gubernamental de la seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico en Nicaragua, porque no hay estadísticas confiables ni información que permitan un análisis y solo se comparten datos oficiales que están alineados con el discurso oficial –la tasa oficial de homicidios hasta septiembre de 2023 es de 7 por cada 100 000 habitantes, el índice más bajo entre los países de Centroamérica–.
Pero que haya menos ajustes de cuentas o sicariato en Nicaragua no significa que haya poca o nula operación del narcotráfico en territorio nicaragüense.
Cuadra señala cómo el Estado nicaragüense se ha convertido en uno de los principales actores de la violencia durante estos años, al imponer un Estado policial y reprimir a la ciudadanía, y cómo eso se convierte en un incentivo que dinamiza otras formas de violencia y criminalidad y, posiblemente, el crimen organizado.
“Hay formas de corrupción que están promovidas por el Estado y que se convierten en zonas grises donde pueden entrar actividades ilícitas, como los cobros que (las autoridades) están haciendo ahorita a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos. Son las condiciones óptimas para que el crimen organizado opere”, valora Cuadra.
Un ensayo de tres académicos publicado recientemente en una revista de la Universidad de Cambridge señala que la visión de Nicaragua como excepción en temas de crimen y drogas es “profundamente engañosa”, y asegura que lo que existe es un “narcoestado” en que el se gobierna “a través de un ‘acuerdo’ político particular sustentado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como por una ‘mafia de Estado’”.
En medio de la crisis de inseguridad en Costa Rica, el sociólogo especialista en temas migratorios e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Sandoval, destaca que, en el debate público, “la idea de que los extranjeros son los responsables de la violencia ha perdido crédito”.
En los medios, ya no se resalta tanto la nacionalidad de quienes cometen crímenes, observa. A diferencia de hace 20 o 25 años, dice, “hoy no son los ‘otros amenazantes’ los que cometen la violencia. Son más bien ticos asesinando a otros ticos” y agrega que no ve que el Gobierno actual tenga una estrategia para responder a este problema.
En eso coincide Natalia, pero ella, a pesar de todo, prefiere quedarse en Costa Rica, donde hay democracia, libertades y se puede confiar en la Policía.
“¡No, no! Regresar no es opción. Mientras esté la dictadura, no va a mejorar Nicaragua”, dice. Marcos agrega que “la economía está por el suelo”.
Ambos esperan mejorar su situación económica para mudarse a zonas más seguras de la capital costarricense, aunque les preocupa que los homicidios sigan aumentando y ocurriendo en lugares públicos y donde antes no se daban.
Cuadra advierte que los grupos de crimen organizado “son bastante más dinámicos que la respuesta de la institucionalidad estatal”, y van ganando terreno en la medida en que el Estado se va replegando, que es lo que ha sucedido en Costa Rica, donde la inversión social ha sufrido una disminución considerable en su prioridad dentro del gasto público total, según el más reciente Informe Estado de la Nación, lo que afecta a los grupos más pobres. Villegas agrega que, al mismo tiempo, la desigualdad ha aumentado “de manera peligrosa en el país”.
Por eso es necesario que los Gobiernos trabajen políticas de prevención, pero no punitivas, sino políticas sociales integrales, que tomen en cuenta a los más vulnerables”, dice Cuadra. Villegas coincide, y añade que una buena política social debe incluir una política migratoria enfocada en regularizar a las personas para identificarlas junto con sus necesidades específicas, como quienes viven en “precarios”, familias como la de Natalia y Alejandra, que buscan sacar a sus hijos adelante y protegerlos de las balas y las drogas.
