22 de noviembre 2023
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La bandera de Nicaragua volvió a agitarse con júbilo en las calles de todo el país, para festejar el triunfo de Sheynnis Palacios como Miss Universo 2023. El gesto de patriotismo fue un respiro en una Nicaragua bajo más de cinco años de un estado policial de facto, donde se ha perseguido a quienes usan el pendón azul y blanco y hasta la solidaridad y las expresiones culturales son controladas por la dictadura. La prohibición de la pintura de un mural dedicado a la reina de belleza en una calle de Estelí, este 21 de noviembre, recuerda la vigilancia permanente en la que viven los nicaragüenses, y que –pese al respiro de la conquista histórica de una corona– crece día a día.
Para Graciela y su esposo Arturo salir de casa tiene toda una “ceremonia”, que implica planificar por qué calles irse y vigilar que no haya nadie observándoles. Cada vez que ella sale o entra a su casa siente que alguien está detrás de sus pasos. “Uno ya llega a tener un poco de paranoia”, admite.
Ella sabe que la vigilan, porque los ha visto y porque se lo han dicho amigos cercanos. “Son distintas personas, a veces es un reconocido orteguista, a veces es un vecino sandinista, a veces es un policía vestido de civil, un hombre en moto”, detalla.
Desde que ambos se sumaron a las protestas de 2018, particularmente organizando plantones y marchas en el suroriente de Nicaragua, dicen que han recibido constantes amenazas.
“Lo peor es que empezaron según ellos con sigilo, pero ahora la vigilancia la hacen con descaro y muchas veces si decimos algo nos gritan barbaridades y nos amenazan”, explica Arturo.
Para este hombre, de poco más de 40 años, sumarse a las protestas significó ser despedido de su trabajo por presiones del régimen. “No quiero dar muchos detalles del sector en el que trabajaba, pero de un día a otro llamaron a mi jefe y le dijeron que debía despedirme, sino todos podían sufrir un cierre abrupto”, recuerda.
Menciona que muchos amigos y familiares han dejado de visitarlos porque relacionarse con ellos “implica que la vigilancia también se extienda a ellos”.
CPC con “poder de amenazar”
Como los vecinos de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) o Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) que espían a Graciela y Arturo, existen cientos por todo el país, advierte Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
“Los CPC son estructuras territoriales del Frente Sandinista en las comunidades y los barrios, que a la vez son órganos de vigilancia y de inteligencia utilizados, no sólo para amedrentar a la población, sino para tener control de todo lo que hacen las personas todos los días”, señala.
Desde Calidh advierten que la persecución y hostigamiento contra nicaragüenses que han participado en protestas contra el régimen no ha cesado y por el contrario se ha intensificado en las últimas semanas, e incluso ahora tanto policías como CPC amenazan con “cárcel o exilio”.
“Estas personas han quedado con un poder tal en el marco de un Estado de terrorismo y de arbitrariedad que se dedican a atemorizar a la población. Es una tarea que tienen desde 2018 la de imponer el terror a los comunitarios”, asegura Ramírez.
Tomando como referencia los encarcelamientos y enjuiciamientos ilegales, los despojos de nacionalidad, así como los destierros, los integrantes de los CPC amenazan a personas en los barrios “que les van a echar a la Policía”.
“Hemos recibido denuncias de amenazas de que les dicen que les van a quitar sus casas y eso pasa sobre todo en municipios alejados de las ciudades”, menciona el secretario ejecutivo de Calidh.
“Ni con el exilio paró la jodedera”
Teresa se “amarra” los dedos cada vez que va a publicar algo en Facebook. Ella que usaba su cuenta en esa red social para compartir memes y noticias, ahora lo hace cada vez menos. Lo mismo su hijo que vive en Costa Rica.
“Me han amenazado a los gritos desde la calle, me dicen que me van a expulsar del país, que me van a mandar con mi hijo”, dice.
También le han gritado que a su hijo “ni se le ocurra pisar esta ciudad de nuevo porque va ir directo a la cárcel”.
Desde 2018 hasta la fecha, Teresa sigue teniendo pesadillas. Primero eran con su hijo mayor, que salió al exilio en 2019. Ahora son con sus dos hijos menores que están en secundaria.
“Esto me ha generado muchos traumas, porque cada vez que vienen patrullas y se parquean afuera de la casa, entran las luces por las ventanas y se les escucha hablar por los radios comunicadores”, lamenta.
Ha habido veces que la Policía le impide salir a la calle y hacer su vida normal. También lo evita cuando sabe que son días “que recuerdan un día especial de las protestas”.
“Cuando mi hijo se fue al exilio pensé que pararía esta vigilancia, pero no se les ha acabado la jodedera, siguen queriendo volverme loca, pero tengo fe en Dios y esa es mi fortaleza”, afirma Teresa.
La escalada represiva del régimen
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 130 presos políticos en Nicaragua, pese a la excarcelación y destierro de 222 presos políticos, en febrero, y doce sacerdotes reos de conciencia, en octubre, según reveló un reportaje de CONFIDENCIAL.
Entre esos 130 presos políticos, hay sesenta personas que permanecen bajo “casa por cárcel” o “ciudad por cárcel” de facto, obligados a firmar diaria, semanal o quincenalmente en delegaciones policiales asignadas, luego de una redada, ejecutada en mayo por la Policía, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ese mismo patrón de persecución se repitió en los meses de septiembre y octubre, pero esta vez contra feligreses de la Iglesia católica, principalmente en el norte del país, donde se ha concentrado la represión contra las diócesis de Matagalpa y Estelí.
La Policía citó a una docena de ciudadanos para informarles que están siendo investigados y que tienen “ciudad por cárcel”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos admiten que hay un subregistro porque muchos temen por denuncias. La cifra de presos políticos, estiman, sería hasta de doscientos.
“Estas amenazas de casa por cárcel o de ciudad por cárcel ya me las han aplicado, pero nunca formalmente, son amenazas de policías y de los CPC, pero que son en días en que saben que la gente podría protestar”, indica Teresa.
A veces el asedio dura una semana. A veces son solo un día. Teresa ha denunciado que a veces no la dejaban salir siquiera a comprar al mercado. “El mensaje que le quieren dar a uno es que están vigilándonos siempre, que no nos olvidan”, relata.
“Tienen ojos en el vecindario”
La vigilancia forma parte de la vida de Flor desde 2018. A veces incluso su casa, en Masaya, ha sido apedreada a medianoche o amanece con pintas en la fachada. La última vez le escribieron: “Plomo, te estamos vigilando”.
Ella estuvo dando comida a los manifestantes que organizaron tranques en los meses más álgidos de las protestas ciudadanas contra el régimen. “Desde entonces quedé fichada por varios vecinos que son CPC”.
Aunque mantenía una relación cordial con la mayoría de sus vecinos, ahora prefiere evitarlos porque ha recibido “agresiones y amenazas” de algunos. Sospecha que fueron ellos mismos los que denunciaron a su marido que estuvo preso por varios meses.
“Es difícil vivir cerca de gente que tiene tanto odio y resentimiento contra uno. Mi esposo y mi hijo mayor se fueron al exilio porque no encontraban trabajo y por seguridad”, confiesa.
Ahora Flor solo vive con su hijo menor y su suegra. “Hay momentos en que si viene a verme alguien que estuvo también en las protestas a los minutos llega una patrulla a la calle”, detalla.
“Es un espionaje constante”, lamenta. Sin embargo, afirma convencida: “No somos delincuentes, tratamos de seguir con nuestras vidas, porque nos ganamos el dinero honradamente”.
