Barrida en el Poder Judicial lleva más de 900 despedidos en toda Nicaragua

La barrida del Poder Judicial de Nicaragua, ordenada por la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, acumula más de 900 despedidos a nivel nacional, en solamente quince días. Entre los despedidos hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrados de Apelaciones, directores de áreas, jueces y secretarios en instancias centrales y locales, y también personal administrativo y de servicios de todo el país, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas al Poder Judicial y cuatro exfuncionarios.

En un poder del Estado que tendría aproximadamente 9000 empleados, la barrida ha cancelado las plazas de trabajo del 10% del personal, sin otorgarles una carta de despido y su correspondiente liquidación, pasivo laboral y fondo de pensiones.

Esta barrida en el Poder Judicial inició el 24 de octubre, con el golpe policial ejecutado por el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, contra la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, desalojada de su oficina y enviada a su casa.

Hay diez (o más) vacantes de 16 magistrados de la CSJ 

Un día después de Ramos, también fue desalojada la magistrada Yadira Centeno, de 80 años de edad, quien también fue enviada a su vivienda, donde se asegura que “grave” de salud tras el arresto de su hija Lucía Flores Centeno, que continuaría presa en la Tercera Sección de la Policía, donde le permiten recibir comida.

En los días posteriores, tampoco permitieron ingresar a sus oficinas a los magistrados de tendencia liberal, pero plegados desde hace varios años al partido de Gobierno: Virgilio Gurdián (de 75 años) y Manuel Martínez (de 81 años). Gurdián negó al medio digital Nicaragua Investiga, que haya sido destituido. Sin embargo, diversas fuentes confirmaron que ha sido notificado que no será reelecto y le permitieron entrar a su oficina a sacar sus pertenencias. En el caso de Martínez, varias fuentes ligadas a la CSJ aseguraron que por su edad tampoco se le veía con frecuencia.

Con estos desalojos, ya son al menos diez las sillas vacantes en la CSJ, aunque también se afirma que los únicos magistrados que están llegando a la Corte son los sandinistas Marvin Aguilar y Juana Méndez.

De octubre de 2022 a la fecha, la dictadura ya había ordenado otras barridas en el Poder Judicial, sumando más de 200 despidos en diferentes intervenciones, pero ninguna había alcanzado a tantos empleados en todas las instancias de todo el país.

Despidos en el Poder Judicial por toda Nicaragua

Diversas fuentes ligadas al Poder Judicial confirmaron a CONFIDENCIAL que los despidos se extienden a distintos departamentos y municipios del país.

Entre los despedidos hay empleados públicos sandinistas “convertidos” o de vieja data, y hasta feroces comisarios políticos del partido de Gobierno, y también otros identificados como liberales e independientes. 

Desde distintas ciudades se reporta que a algunos funcionarios les solicitaron llegar a sus oficinas durante el feriado concedido el 2 de noviembre –Día de los Santos Difuntos–, pero al llegar no les dejaron pasar y les exigieron sus dispositivos asignados y algunos personales, entre otras pertenencias. A otros les exigieron abrir sus oficinas, o los sacaron de ellas sin derecho a llevarse nada.

El abogado y exfuncionario judicial en el exilio, Yader Morazán, asegura que en algunos Juzgados de municipios “sólo se salvó el guarda de seguridad”, según una publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter), hecha el 9 de noviembre. Morazán alertó que todavía “falta evaluar el impacto social e institucional que causará la democión de facto de los funcionarios judiciales”.

Magistrados de Apelaciones despedidos en departamentos

Algunos de los magistrados despedidos en los departamentos, recopilados por CONFIDENCIAL son:

• Martha Quezada Saldaña, del Tribunal de Apelaciones de Managua y presidenta de la Sala Penal Dos en esa instancia. Morazán recordó en otra publicación en X que “Quezada fue quien rechazó el proceso de desadopción que promovió Zoilamérica (Ortega Murillo) en contra de Daniel Ortega”.
• Adda Vanegas Ramos, de la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes, del Tribunal de Apelaciones de Managua. Junto con ella, fue despedida Ada Carolina Ortega Vanegas, su hija y asistente. Ambas son familiares de la magistrada desalojada Alba Luz Ramos.
• Henry Morales, del Tribunal de Apelaciones de Managua. Fue ascendido en 2021, antes era juez Sexto Penal de Audiencias y fue quien dio lugar a la causa contra los periodistas de 100% Noticias.
• María Auxiliadora Leiva, magistrada miembro del Tribunal de Apelaciones de Masaya. Leiva comenzó su carrera judicial a mediados de los noventa, como asesora de la Sala Civil en la CSJ. En 2022 fue nombrada como magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias  - Estelí, y, en 2014, fue trasladada a Masaya. En la ciudad, se afirma que Leiva era “ficha” de la presidenta de la CSJ, y apenas el 18 de octubre, fue reelecta como presidenta de la Sala Penal del Tribunal.
• Thelma Vanegas Álvarez, magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, en Granada, quien en la última elección de ese tribunal, en junio de 2022, quedó como miembro de la Sala Penal.
• Jaime Alfonso Solís Romero, magistrado presidente de la Circunscripción Central, en Juigalpa, Chontales, reelecto durante años en ese cargo, pese a quejas y denuncias de corrupción.
• Roberto Petray Castillo, magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de la Región Norte, en Las Segovias. Petray fue miembro de la Resistencia Nicaragüense o “Contra” en los años ochenta, defensor de derechos humanos en la década de los noventa, asistente personal y legal del ahora obispo emérito de Estelí, Abelardo Mata y director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), que dejó para plegarse al partido de Gobierno.
• Hilda Rugama Zelaya, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Estelí. Rugama es descrita como una antigua militante del FSLN, líder de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) en el Poder Judicial, y promotora de las condenas contra varios presos políticos de la zona, tras la represión y masacre contra la Rebelión de Abril.
• Indalecio González, magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí. González era militante del PLC y llegó al Poder Judicial por el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, para repartirse los poderes del Estado.
• Teresa de Jesús Peña, magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, quien en julio de 2023 fue reelecta por sexta vez consecutiva, sumando trece años en el puesto, al cual llegó por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y aliado al FSLN, al que se plegó después.
• Jimmy Chang, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Un reporte ciudadano, detalló a CONFIDENCIAL que a los funcionarios despedidos en Puerto Cabezas los desalojaron miembros de Inteligencia de la Policía de esa ciudad. Además, afirman que se llevaron presa a Rafaela Castro Olayo, quien –según una nota de prensa del Poder Judicial– se desempeñaba como jueza de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria en Puerto Cabezas. En el Caribe Norte, incluyendo el Triángulo Minero, se reportan más de 40 despedidos,

Despidos en la Dirac, Defensoría y otras áreas centrales

Otros despidos alcanzan a directores de área, jueces y funcionarios de otros niveles. A todos ellos también les retuvieron los equipos asignados, incluidos teléfonos celulares, y los dejaron sin pago de salario ni prestaciones sociales. Algunos son:

• Clarisa Indiana Ibarra Rivera, directora nacional de la Defensoría Pública, quien según Morazán fue destituida “sin proceso disciplinario ni firmas del Consejo”, como señala la ley. El abogado agregó que esta funcionaria “hizo posible la validación de todos los procesos políticos clandestinos con defensores públicos impuestos”.
• María Amanda Castellón Tíffer, titular de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac). Al confirmar su destitución, Morazán recordó que Castellón fue quien firmó la cancelación de once centros de mediación, entre ellos el bufete jurídico de la Universidad Centroamericana (UCA), cancelada y confiscada a mediados de agosto.
• Pablo Corea, efímero secretario general administrativo de la CSJ, tras el despido de Berman Martínez, quien había ejecutado las barridas anteriores.
• Enrique Lagos Soto, director de Seguridad en la Corte Suprema de Justicia, exintegrante del Ministerio del Interior en los años ochenta y esposo de la también destituida jueza Silvia Elena Chica Larios.
• Carlos Alberto Tinoco, líder sindicalista, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (Confetrajun) y el principal responsable operativo de la granja de troles en la CSJ.
• Benito Rafael Centeno Lindo, coordinador del Instituto de Medicina Legal (IML) en León. Es sobrino de la magistrada desalojada de la CSJ, Yadira Centeno.

Algunos de los jueces despedidos

La lista de jueces despedidos durante esta barrida nacional en el Poder Judicial es amplia. Algunos de los casos reportados por medios locales son:

En Managua: Abelardo Alvir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia. Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia. Ambos son sobrinos de la magistrada desalojada, Alba Luz Ramos. 

En Ocotal, Nueva Segovia: las juezas sandinistas Nadieska Padilla Estrada, del Juzgado Local Penal; Jezabel Gómez Gurdián, del Juzgado Local Civil, y Nancy Rosman Mendoza, del Distrito Penal de Adolescentes.

• En Condega, Estelí: el juez sandinista Noel Velásquez Espino, del Juzgado Local Único. Según reporte de medios locales, Velásquez era un activo militante del FSLN e hijo del militante histórico del mismo nombre.
• En Tipitapa, Managua: Varios jueces, entre ellos Victoria López Urbina, del Distrito Penal de Audiencias y Especializado en Violencia. También el administrador Valentín García Bustamante, coordinador general administrativo en esa ciudad.
• En Chinandega: Media docena de funcionarios del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, cuyo control recientemente fue entregado por la dictadura a la Procuraduría General de la República. Entre estos: Estrellita Troz Martínez, registradora titular, descrita como una “feroz comisaria política”. Además, otros quince funcionarios judiciales, cuyas identidades no fueron precisadas.

Despidos en el Poder Judicial en Matagalpa

En Matagalpa, la lista es de unos veinte despedidos, que incluye a magistrados, jueces y secretarios de Juzgados. El medio digital local Mosaico CSI informó que el lunes 6 de noviembre hubo un fuerte despliegue policial en el Complejo Judicial de Matagalpa. Entre los despedidos hay jueces, personal de gestión administrativa, notificadores, informáticos y conductores.

Entre los despedidos identificados por varias fuentes locales están:

• Martha Lorena Loáisiga, juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, y su hija Liduvina Baltodano Loáisiga, quien era supervisora técnica de la delegación administrativa.
• Martha Susana González, juez Segundo del Distrito Civil Oral.
• Claudia Angélica Sánchez, juez Primero del Distrito Penal de Juicios.
• Lelia Castillo Herrera, juez suplente del Local Penal de Matagalpa.
• Fátima Lazo, del Juzgado de Ejecución 

Otras fuentes locales en Matagalpa también mencionan a:

• Douglas López Ardila, juez Local Único de Muy-Muy.
• Deyanira Mejía Meza, juez Local Único de Esquipulas.
• Claudia Alemán Catillo, juez Local Único de Waslala.
• Martha Lidia Ordóñez Vargas, de San Isidro.
• Roberto Cardoza Zúñiga, oficial notificador, y otro del mismo cargo no identificado.

Interrogatorios y cárcel

Algunos de los funcionarios despedidos arbitrariamente en el Poder Judicial han sido sometidos a interrogatorios en El Chipote y el Distrito III, de Managua, cárceles donde la dictadura encierra a los presos políticos.

Según diferentes reportes, algunos han quedado detenidos sin que sus familiares tengan posibilidad de hablar con ellos.

Sin embargo, otros exfuncionarios han sido liberados. Entre ellos el destituido administrador de la CSJ, Berman Martínez, cuyos señalamientos por corrupción habrían pasado a un segundo plano, porque le permiten moverse por Managua.

Más de un año de cacería en la CSJ

En un ambiente de creciente presión del orteguismo a las estructuras de la CSJ, en octubre de 2022, fue destituida por “órdenes superiores” Katia Jaentschke Acevedo, directora de Relaciones Internacionales de la CSJ e hija del exvicecanciller Valdrack Jaentschke Whitaker, operador político del régimen y actual “ministro consejero” en la embajada de Nicaragua en Costa Rica. También Ruth Tapia Roa, directora de Protocolo de la Corte, que antes fue secretaria del Ministerio de Defensa, embajadora en Francia y representante (por tres meses) ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Días antes, fue despedido el asesor de la Presidencia de la CSJ, Leónidas Tapia.

Mientras, el núcleo de confianza de la ahora desalojada presidenta de la CSJ se encogía desde entonces, con el arresto –ese mismo mes– del vocero Roberto Larios, el asesor Moisés Astorga, y los hermanos María José y Hans Camacho, asistentes de Ramos. Los cuatro fueron encarcelados en El Chipote y desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, junto a más de 200 presos políticos del orteguismo.

A mayo de 2023, se estimaba que otros 120 funcionarios de ese poder del Estado habían sido despedidos. La orden de aquella cacería en la CSJ fue ejecutada por el entonces administrador del Poder Judicial, Berman Martínez, quien a finales de septiembre de 2023 fue destituido de su cargo político como secretario de organizaciones del FSLN en la CSJ y días después fue uno de primeros tres nuevos despedidos en la CSJ, a menos de un mes del desalojo de Alba Luz Ramos y la barrida nacional que sigue extendiéndose.