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Atribuciones a la Procuraduría General de la República es una absoluta violación de principio de independencia de poderes del Estado.
Este 31 de octubre, el régimen Ortega Murillo, a través de la Asamblea Nacional que opera bajo su control, anunció que el Registro Público estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, un ente adscrito al Poder Ejecutivo.
Hasta ahora el registro se encontraba bajo la administración del Poder Judicial, pero la Asamblea aprobó una ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE) e hizo una reforma a la Constitución para hacer el traspaso del registro público. El cambio ocurre en medio de la intervención política y destitución de más de cien funcionarios en el Poder Judicial en los últimos días, que incluye el desalojo abrupto de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos.
Conversamos con el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena acerca del control directo que el Ejecutivo ejercerá sobre el registro público y su impacto en la ya cuestionada seguridad jurídica y de bienes en Nicaragua.
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