20 de octubre 2023
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El destierro impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a doce sacerdotes, que mantenían como presos políticos, “no frenará los ataques” contra la Iglesia católica en Nicaragua y, en cambio, es una medida que busca "aliviar la presión internacional" en contra de la dictadura, afirma la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina.
Molina explica que el destierro forzado evidencia una grave violación a los derechos humanos de los doce sacerdotes porque “ellos no tenían que ser obligados a salir de su país”. Pero, además, comprueba que ninguno de los delitos que se les imputan son reales. “Todos fueron inventados”, apunta.
La dictadura “se quería deshacer de ellos (los sacerdotes) lo más pronto posible”, advierte la investigadora. “Era muy incómodo mantener a tantos sacerdotes presos y, al desterrarlos, el régimen liberó un poco la presión internacional en su contra”, agrega.
La investigadora señala que este hecho “no significa el cese de hostilidades” contra la Iglesia católica nicaragüense. Al contrario, indicó que “las agresiones continuarán y posiblemente los encarcelamientos también”.
El 9 de febrero pasado la dictadura orteguista desterró a ocho sacerdotes, de un total de once que mantenía como presos políticos. En los meses siguientes la lista creció hasta catorce, pero a inicios de octubre fue excarcelado el padre Leonardo Guevara, vicario general de Estelí y director de la desaparecida Caritas Nacional. De los religiosos, solo el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, permanece como preso político.
Monseñor Báez: "Quisieran" ver a una Iglesia "encerrada"
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, quien se encuentra exiliado, dijo que las autoridades del país, a los que no mencionó, "quisieran ver a la Iglesia encerrada", y que por esa razón encarcelan y destierran a los religiosos.
"Los poderes del mundo temen a los profetas. Quisieran ver a la Iglesia encerrada. Por eso encarcelan y destierran a los profetas", escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter) el obispo, que se encuentra fuera de Nicaragua desde hace cuatro años por decisión del papa Francisco, debido a motivos de seguridad.
Por su lado, el sacerdote nicaragüense exiliado Edwing Román dijo que con el destierro de 12 nuevos sacerdotes, por parte del régimen, se les quiere "implantar la 'paz' del bozal".
"Se equivocan quienes piensan que la voz profética de la Iglesia católica en Nicaragua se va a callar: eso voz seguirá anunciando el Reino de Dios y denunciando a los opresores aún estemos desterrados o exiliados", indicó en un mensaje en redes sociales.
Para la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, el destierro de los sacerdotes fue una “solución necesaria” para asegurar “la paz” en Nicaragua, según dijo en su monólogo del jueves 19 de octubre.
Ataques sistemáticos contra la Iglesia
La persecución contra la Iglesia católica inició en 2018 y se profundizó en 2022. Hasta la fecha 167 religiosos, sacerdotes y monjas, han abandonado el país por razones como la expulsión inmediata, el destierro, la negativa de ingreso o el exilio. Estas acciones represivas fueron ordenadas por la pareja dictatorial, según la cuarta entrega del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? elaborado por Molina e investigación hemerográfica de CONFIDENCIAL.
Según el estudio de Molina, en 2018 se documentaron 90 hostilidades contra la Iglesia; 84 en 2019; 62 en 2020; 55 en 2021; 171 en 2022; y 205 hasta agosto de 2023. De estas, 117 corresponden a ataques, asedios contra templos y edificios religiosos; 82 represiones a laicos; 80 profanaciones y robos; 71 pintas y mensajes de odio y prohibición de 3240 procesiones.
Los actos represivos contra sacerdotes y monjas incluyen amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones, exilio y encarcelamientos.
El estudio, además, revela que 13 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido “confiscadas” por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.
El Estado, además, ha cerrado de forma “arbitraria” cuatro universidades, dos institutos, 15 medios de comunicación, siete congregaciones religiosas y once proyectos y obras sociales de la Iglesia católica nicaragüense, precisó Molina durante la presentación del estudio.
En junio pasado, la dictadura levantó una acusación de lavado de dinero contra la Iglesia católica con la cual “justificó” las detenciones de sacerdotes bajo supuesta investigación y el congelamiento de las cuentas bancarias.
Por lo anterior, Molina advierte que en los próximos días “vamos a ver cómo la dictadura, a través de la Asamblea Nacional y las autoridades correspondientes, podría quitarles la nacionalidad a los doce desterrados y confiscar los pocos bienes que ellos tenían para uso de sus funciones, como son sus vehículos. Esta es la práctica de la dictadura, desterrar y después desnacionalizar”.
¿Las negociaciones con la Santa Sede?
El cardenal Leopoldo Brenes dijo a la Voz de América que la decisión de excarcelar a los doce sacerdotes y enviarlos a Roma en un vuelo sin retorno, fue producto de “un diálogo” entre la Santa Sede y el Gobierno de Nicaragua.
“Lo ocurrido fue un diálogo que llevó la Santa Sede con el Gobierno. Es una alegría para todos, que los muchachos puedan ya ir a hacer el apostolado”, señaló Brenes sin dar más detalles.
Mientras tanto, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, solamente confirmó que “se ha pedido a la Santa Sede que acoja a doce sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados de la cárcel. La Santa Sede ha aceptado".
Los doce fueron recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado y "alojados en algunas dependencias de la Diócesis de Roma".
También la vocera del régimen destacó “los acuerdos logrados” con la Santa Sede y agradeció “la intercesión de altas autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua” por la “prudencia, discreción, paciencia”.
Para Molina, que es autora del estudio: Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, el destierro de los sacerdotes puede ser una respuesta del régimen al llamado que hizo el secretario de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, durante la 78° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a “entablar un diálogo diplomático respetuoso para el bien de la Iglesia local y de toda la población”.
Monseñor Álvarez está en riesgo
Sobre el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, quien continúa preso, junto a más de 80 reos de la dictadura orteguista, la investigadora valora que seguirá “aferrado a los principios éticos, cristianos y del Evangelio” y no se doblegará ante “los caprichos de la dictadura”.
Agrega que le encantaría que el papa Francisco le ordene al obispo que salga del país, porque, advierte, “la vida de él corre peligro y es como una bomba de tiempo. En cualquier momento le pueden hacer daño”.
Las diócesis que dirigía monseñor Álvarez son las más afectadas por los ataques de la dictadura. Es por esa razón que la investigadora considera que este hecho sólo aumentará el déficit de sacerdotes, principalmente en las parroquias del norte del país, donde “no están celebrando la Eucaristía sino la celebración de la Palabra”.
“Es un gran desafío para la Iglesia católica, que también está siendo perseguida. Los obispos tienen que buscar una estrategia de evangelización y ordenar a más sacerdotes para que ellos vayan a esas nuevas misiones pastorales. Es un conflicto muy difícil para la Iglesia, que en todo caso es la más perjudicada”, comenta Molina.
