18 de octubre 2023
La Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, reeligió a tres miembros propietarios del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), entre ellos, María Dolores Alemán Cardenal, hija del expresidente señalado de corrupción, Arnoldo Alemán.
La contralora propietaria ocupa este cargo desde 2014 y fue propuesta a ser reelegida por un nuevo período de cinco años por Ortega, según la lista de candidatos que fue dictaminada por una comisión especial constitucional del Parlamento.
Junto a María Dolores Alemán Cardenal fueron reelectos este miércoles los contralores propietarios María José Mejía García y Vicente Chávez Fajardo.
En la sesión también fueron elegidos por primera vez como contralores propietarios Luis Alberto Rodríguez Jiménez, actual director del área jurídica de la Contraloría, y Elba Lucia Velásquez Cerda.
Desde el principio, la elección de María Dolores Alemán Cardenal en la Contraloría ha sido cuestionada por las relaciones que existen entre Ortega y su homólogo, Arnoldo Alemán. Ambos mandatarios firmaron un pacto para la repartición de poderes estatales, que años después logró reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar las elecciones presidenciales, lo que acabó favoreciendo a Ortega.
Ahora esta reelección ocurre meses después que la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, quien era diputada de la Asamblea Nacional y fue presa política por más de un año, fue desterrada a Estados Unidos y despojada de su nacionalidad nicaragüense.
Contraloría deficiente
Como contralor suplente fue reelegido Christian de Jesús Pichardo Ramírez. También eligieron como suplentes a Lorena Concepción Valle Sotomayor, actual analista contable de esa entidad, y a María Laviana Herrera Marenco, responsable de la Unidad de Relaciones Internacionales y Proyectos de la Contraloría.
Todos serán juramentados por la junta directiva de la Asamblea Nacional durante la sesión legislativa de este jueves 19 de octubre de 2023.
La Ley orgánica de la Contraloría General de la República establece que la entidad estará integrada por cinco miembros propietarios y tres miembros suplentes, electos por el Parlamento para un periodo de cinco años, dentro del cual gozarán de inmunidad.
El organismo de observación Urnas Abiertas ha criticado la labor de la CGR, a la cual señalan de no estar cumpliendo con su labor fiscalizadora, ya que guarda silencio sobre casos de corrupción.
En 2022, esta organización reveló que más de 300 funcionarios municipales, que incluyen exalcaldes, exvicealcaldes y otros, fueron implicados en casos de malversación y desvío de fondos públicos por auditorías de la CGR en la última década. Pero a pesar de encontrar responsabilidades de tipo penal y administrativa quedaron en impunidad.
El equipo de investigadores señaló que los fondos implicados en estos casos de corrupción ascienden a más de 50 millones de córdobas, divididos en 31.49 millones de córdobas encontrados en casos con responsabilidad penal y 19.23 millones de córdobas en los clasificados como tipo civil o administrativa.
Con información de EFE