11 de octubre 2023
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El conflicto en torno al despojo del restaurante Intermezzo del Bosque y varios de los lotes urbanizados que integran la propiedad situada en las estribaciones de las Sierritas de Managua, tuvo un nuevo giro cuando demandantes y demandados publicaron comunicaciones tratando de establecer sus puntos de vista acerca de la valiosa propiedad.
El viernes 6 de octubre, el economista Juan Sebastián Chamorro publicó un video con el que denunció el estado de abandono y saqueo en que se encuentra el restaurante, explicando que este es propiedad de su suegra Victoria Lacayo Cabrera.
La propiedad ha sido objeto de dos litigios. El primero de ellos se conoció en septiembre de 2020, cuando las empresarias Victoria y Gabriela Cárdenas, junto a la madre de ambas, de nombre Victoria Lacayo, denunciaron que la jueza Imara Castro Martínez les dictó orden de captura y allanamiento de morada por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas (unos 274 725 dólares), en favor de la Alcaldía de Managua.
En diciembre de 2019, la comuna capitalina auditó la propiedad, y aunque le presentaron las solvencias otorgadas por la municipalidad en los tres años previos, la administración edilicia dictaminó que en ese período la urbanizadora había ganado C$ 325 millones (unos USD 9.4 millones). Por tanto, impuso el millonario reparo fiscal, que se saldó con la expropiación de siete lotes de terreno, luego que la jueza segunda de ejecución de embargo, Evelin Jiménez, embargara la residencia de la señora Victoria Lacayo, y seis lotes de terreno, incluido el que acoge el pozo que abastece de agua potable al residencial.
La destrucción del restaurante Intermezzo del Bosque
El 6 de octubre, Chamorro informó a CONFIDENCIAL la existencia de un juicio en el que un primo de su esposa Victoria, reclamaba parte de la propiedad que le correspondería en virtud del testamento dictado por la señora Adilia Cabrera viuda de Lacayo (abuela de los primos, y madre de las hermanas Victoria y Gina), que se saldó con el “robo, saqueo, y confiscación [del restaurante] perpetrado por la dictadura, y operado por el abogado corrupto Bosco Noguera Mayorga”.
Consultado, Noguera Mayorga dijo que él representa los intereses de la señora Gina Lacayo y sus hijos, a partir de una conexión especial que tiene con esa familia, y rechazó las acusaciones de corrupción.
Al ampliar sus acusaciones en contra del sistema judicial nicaragüense que se encuentra al servicio de la dictadura, Victoria Cárdenas señaló que el interventor Carlos Sánchez Gómez, nombrado por el juez Javier Aguirre Aragón “permitió el saqueo [del restaurante], o lo saqueó él mismo”, añadiendo que “el interventor es delegado del juez Aguirre, y así mismo Aguirre es cómplice de este atropello y la destrucción de la propiedad privada”.
Añadió que “tras ver 25 años de esfuerzo y trabajo en ruinas, nos vimos con la necesidad de denunciar públicamente esta atrocidad y este acto de corrupción injusto e ilegal”, añadiendo que “los demandantes carecen de pruebas, no tienen ningún título accionario que justifique su demanda y se basaron en una escritura falsa sin soporte, ya que el protocolo del notario que la hizo, lo dio convenientemente por perdido”.
En respuesta, la parte aludida presentó un testamento firmado en agosto de 1998 donde la abuela Adilia Cabrera de Lacayo habría designado como “única y universal heredera de todos sus derechos, bienes y acciones…” a Gina Lacayo, y como sustitutos a sus nietos de apellido Barzuna Lacayo.
