11 de octubre 2023
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Desde que estallara en abril de 2018, la crisis nicaragüense ha sido un quebradero de cabeza para la izquierda latinoamericana. Grosso modo sus posiciones han estado pautadas por dos factores: la huella del modelo originario y el negacionismo de las raíces de las protestas.
Respecto al primero, hay sectores de la izquierda que aún no quieren reconocer que una buena parte de la población nicaragüense se haya alzado en contra de un Gobierno supuestamente de los suyos, que además se considera a sí mismo heredero de la revolución sandinista de los años 80. En un ataque de esquizofrenia política o simplemente de cinismo, apoyaron las protestas ocurridas posteriormente en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, pero siguen cerrando los ojos ante la justeza del estallido de abril, aunque conceptual y políticamente la nicaragüense comparta las mismas motivaciones y rasgos que las rebeliones suramericanas.
En cuanto al segundo, algunos partidos de izquierda han “comprado” el argumentario de Ortega sobre el conflicto que rechaza el origen endógeno de las protestas y las atribuye al patrocinio del Gobierno norteamericano. Asimismo, asumen de facto el negacionismo de la dictadura sobre la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos a pesar de las evidencias fácticas -los muertos, los heridos, los presos y exiliados no son una construcción teórica- y cierran los oídos ante de la condena mundial.
Ambos factores han actuado como parámetros para agrupar las posiciones de la izquierda latinoamericana en al menos tres bloques:
La dogmática. Representada por los incondicionales de la dictadura, como los regímenes de Cuba y Venezuela, la mayoría de los partidos comunistas y sus agrupaciones satélites. Para estos el FSLN actual sigue siendo un partido de izquierda que encarna a la organización que dirigió la revolución de 1979, sin importar las políticas neoliberales que ha impulsado desde 2007, ni que el actual modelo dinástico de enriquecimiento familiar no tenga nada que ver con el proyecto de cambio social que ilusionó a tantas personas de los cuatro confines del mundo. No, a los dogmáticos lo que les importa es el discurso que justifique sus propias posiciones inmovilistas, el eco estalinista que ampare sus utopías de opresión y miseria.
Por ello tampoco extraña que hayan asumido la totalidad de la propaganda del orteguismo, y que repitan el mantra fanático de que la rebelión de abril fue una intentona golpista pagada por los Estados Unidos; que las ONG y el resto de la sociedad civil actuaron como agentes de una conjura tan bien urdida que nadie, ni siquiera sus eficientes servicios de inteligencia, pudieron detectar. Asimismo, al igual que otros regímenes autoritarios, incapaces de rebatir las pruebas de la barbarie, prefieren rechazar la universalidad de los derechos humanos y la veracidad de las violaciones documentadas y denunciadas por todo tipo de organizaciones internacionales.
La calculadora. Aquí encontramos a los Gobiernos (y sus partidos respectivos) de México, Brasil y Argentina. Dan más importancia a los antecedentes históricos que al hecho de que el régimen de Managua saliera desde hace mucho tiempo del campo de la izquierda; saben que las protestas tuvieron orígenes endógenos y reconocen en privado las violaciones de los derechos humanos, pero no se atreven a censurar abiertamente a la dictadura, por precaución a las reacciones que estas posiciones pudiesen causar en las corrientes internas de sus partidos. Ello hace que estos Gobiernos a veces parezcan atrapados en la dualidad, entre las omisiones cómplices y los posicionamientos críticos, como el de Brasil en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas contradictoria con sus abstenciones en la OEA, y su reciente adhesión al grupo de países latinoamericanos que exigen la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de los derechos humanos.
La democrática. En este grupo se encuentran lo que podría denominarse como los Gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana de Chile y Colombia, y los partidos de la izquierda democrática, como la mayoría de las corrientes internas del Frente Amplio de Uruguay. Pero también los partidos y movimientos políticos de la izquierda anticapitalista, como los agrupados bajo el paraguas de la Cuarta Internacional, una de cuyas expresiones organizó una caravana solidaria con los presos políticos en julio de 2022 a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Para la izquierda de este bloque ni los antecedentes históricos son carta blanca para violentar los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, ni la familia Ortega representa un proyecto emancipador y ni de cambio social. Por experiencias propias recientes, saben que los pueblos suelen rebelarse en contra de sus opresores cuando el costo de no tener libertades es mayor que el de sufrir la represión.
Los escenarios habituales de la izquierda latinoamericana, El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, son un reflejo de la correlación de pesos entre estos grupos. Aunque los dogmáticos sigan haciendo valer las glorias caducas del FSLN y se empeñen en seguir agitando el antimperialismo como salvoconducto para la tiranía, las evidencias incontestables de las violaciones repetidas de los derechos humanos y las demandas de justicia por los crímenes cometidos, han terminado por hacerse un lugar en la opinión de los demás partidos de izquierda.
Por ello no es raro que el reducto de la izquierda obtusa vaya quedando en posiciones cada vez más marginales cuando se toca el tema nicaragüense. Esto no quiere decir que no siga teniendo capacidad de hacer ruido y de bloquear consensos regionales contra la dictadura. Pero el signo de los tiempos es el de una izquierda moderna y dinámica, que reivindica de manera inseparable la libertad y la igualdad social sin ataduras del pasado ni vasallajes actuales ante los poderes imperialistas que se expanden en América Latina.
No hay dilemas posibles entre derechos humanos y un pasado que huele a naftalina, promesas remotas que sólo han conseguido despotismo y penurias para nuestros pueblos.
