2 de octubre 2023
AA
Share
El lunes, 41 días después de confiscar la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), fundada por los jesuitas en 1960, la dictadura de Daniel Ortega la emprendió contra otra relevante institución de investigación y enseñanza superior comprometida con la excelencia e icónica no sólo en Nicaragua, sino también en todo el hemisferio: el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).
La justificación para tomar la primera medida fue culpar con burda crudeza a la UCA y sus personeros (muchos de ellos sacerdotes jesuitas) de ser “traidores al pueblo nicaragüense”, impulsores de “la desestabilización del país” y otros cargos de índole política. En esta ocasión se utilizó un lenguaje estrictamente burocrático-administrativo, inspirado en las prácticas totalitarias más frías y sutiles y, por ello, tanto o más tenebroso.
El acuerdo 106-2023-OSFL, publicado por el Ministerio de Gobernación en La Gaceta el 25 de setiembre, luego de citar una serie de textos legales, declara al Incae “en incumplimiento de sus obligaciones conforme a la ley”, de no haber entregado estados financieros durante tres años, de presentar inconsistencias en otros, obviar “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones” y no haberse registrado “como agentes extranjeros”. Por estos motivos “acuerda” cancelarle la personería jurídica e instruye a la Procuraduría General de la República a traspasar los bienes de la institución al Estado.
Estas espurias razones se basan en un procedimiento tan recurrente como perverso en Nicaragua y otras dictaduras: inventar requisitos sobre la marcha, denunciar, sin pruebas ni posible defensa, su incumplimiento y adjudicar las consecuencias que el poder disponga contra quienes quieren eliminar del camino. Tal como dijo el rector Enrique Bolaños Abauza, el Incae “cumple siempre todos los requerimientos de todas las autoridades”. Lo hicieron en este caso, pero el régimen cortó toda posibilidad de interlocución posible y cuando se dieron cuenta había tomado “sus decisiones”, a pesar de los esfuerzos realizados para atender sus exigencias.
El valor de las 67 hectáreas y edificios confiscados no ha sido establecido con certeza, pero podría rondar los $30 millones, según declaró Bolaños. Grave como resulta un despojo material de tal magnitud, lo más serio es el golpe a la libertad de enseñanza, la formación de profesionales, la independencia académica y la integridad institucional de la que, con toda razón, es considerada una de las mejores escuelas de negocios de América Latina.
El Incae, organización sin fines de lucro, fue establecido en Nicaragua en 1964, como parte de la iniciativa Alianza para el Progreso, con una vocación centroamericana, que luego se extendió al resto de América Latina. Se enfoca en desarrollar líderes con perspectiva integral y no solo en la buena gestión empresarial y la competitividad, sino también en el desarrollo sostenible. Su campus nicaragüense ha graduado a más de 4.000 incaístas. El de Costa Rica abrió en 1984.
El impacto inmediato del cierre será relativamente limitado. Al contrario de lo que sucedía con la UCA, ese campus se encontraba inactivo desde el 2018, y todas sus actividades de investigación y enseñanza fueron trasladadas entonces al de Costa Rica, que seguirá funcionando normalmente. Es decir, sigue gozando de buena salud académica e institucional. Pero aunque en un futuro, ojalá cercano, el Incae pueda renacer en un contexto de garantías democráticas y libertad, el proceso será lento. Mientras tanto, los nicaragüenses fueron despojados de un bastión para su desarrollo humano y bienestar, algo que, obviamente, no interesa a Ortega y sus súbditos. Su oscurantismo y carácter represivo están volcados, exclusivamente, hacia el control, no la calidad de vida presente y futura del pueblo.
Más que la “gran sorpresa y profunda tristeza” manifestadas por el rector Bolaños y el presidente del Consejo Directivo, Roberto Artavia, expresamos indignación y repudio ante la medida, que ha sido rechazada con la misma fuerza por otras instancias, incluidos 25 exmandatarios democráticos de América Latina. Mientras Ortega siga en el poder, no dará marcha atrás; por lo menos, entonces, debe pagar el más alto precio público posible.
*Editorial publicado en La Nación de Costa Rica
