Contra el mutismo en la política exterior hacia Nicaragua

Existe una fuerte separación entre la situación en Nicaragua y la política estadounidense hacia ese país.

Si bien la Ley Renacer es un mandato del Congreso sobre una política sobre Nicaragua, no parece haber voluntad de parte de la Administración Biden para asumirla, incluso a pesar de que Biden hizo la promoción de la democracia una prioridad. La Administración Biden declaró un objetivo clave de política exterior elevar el compromiso diplomático y la asistencia exterior para proteger y promover los valores y alianzas democráticas. También se comprometió a aumentar en 5% la confianza y la defensa de la democracia para 2026. Sin embargo, frente a la radicalización y a un mayor distanciamiento del régimen de Ortega en la dirección opuesta a la democracia, la posición de la Administración muestra una inconsistencia en su compromiso con la democracia. No hay duda de la solidaridad y el sentimiento de cambio, pero no existe una acción proporcional ante el problema.

Estados Unidos no ha realizado gestos diplomáticos sustanciales de protesta y defensa de la democracia. Más allá de las declaraciones en Twitter, no ha defendido los ataques de Ortega y Murillo a funcionarios de política exterior estadounidense, ni ha protestado por la ausencia de un embajador en Nicaragua (ni defendido las razones legítimas que el nominado propuso como política hacia este país); más bien ha reducido la presión material (como sanciones y asistencia exterior), su compromiso multilateral ha sido limitado y no considera nuevas acciones a pesar del daño causado, y a pesar de las continuas y flagrantes violaciones de Nicaragua en sus las relaciones bilaterales y multilaterales con los Estados Unidos.

La realidad es que Ortega y Murillo se han embarcado en una versión tropicalizada de los talibanes en Nicaragua, restringiendo la libertad religiosa, estableciendo su propio credo, prohibiendo la sociedad civil, confiscando propiedades y persiguiendo a todos los ciudadanos. Ortega en Nicaragua es Venezuela cuando Chávez estaba vivo, presentándose como el mesías de las Américas, preparando su legado antes de su muerte y montando la mesa para Murillo. Las políticas adoptadas hoy día son una copia del fiasco de Venezuela antes de 2016 pero acelerando algunos elementos, mientras prolonga otros como el cambio de política monetaria porque tienen algo que Chávez y Maduro no tenían hasta hace muy poco: las remesas familiares. Pero Nicaragua no va por buen camino, y Venezuela es el presagio.

La perversidad del régimen de Ortega radica en su abierto desafío a Estados Unidos y al mundo al expulsar, explotar y excluir a los nicaragüenses de los beneficios de vivir en una democracia.

En general, hay mutismo en la política exterior hacia Nicaragua y en la mayor parte de América Latina y el Caribe, y predominantemente hay una política exterior reactiva a escala global.

Ciertamente no es un contexto fácil. Hay muchos factores contradictorios y muchos conflictos locales y globales, desde la guerra en Ucrania, hasta el conflicto sirio, afgano, la crisis en Etiopia, Sudan, así como tantos otros problemas en cada continente.

 El “asalto a la democracia” por parte de los dictadores en lugar de disminuir sustancialmente ha aumentado, y ha afectado la capacidad de respuesta en condiciones de crisis. La presencia de muchos regímenes autoritarios y la promoción del credo “autoritario” ha obstaculizado los esfuerzos en países que atraviesan crisis políticas. Este no es un problema menor. China está vendiendo su modelo político como una forma viable de gobierno, argumentando que es aceptable comerciar con el mundo a pesar de la ausencia de libertad y Estado de derecho. A su vez, China está vendiendo alianzas comerciales a cambio de reconocimiento global. Este ataque a la democracia es peligroso porque los dictadores en preparación han adoptado un manual simple: cooptar las tres instituciones políticas, desacreditar a los oponentes con mentiras y desinformación, y criminalizar la democracia. A medida que ha pasado el tiempo desde la recesión global de 2009, estos dictadores globalizados del siglo XXI están refinando sus técnicas y dificultando a los ciudadanos el reconocimiento del valor de la libertad y la ley.

El uso casi exclusivo de sanciones como única forma de presión política no ha tenido el efecto deseado, en parte debido a las limitadas evaluaciones de riesgo que se han realizado, al poco acompañamiento a las sanciones con otras políticas, y en general, a una expectativa inconsistente de su propósito. A su vez, el conjunto de herramientas de la política de sanciones parece insuficiente para el tipo de problema que se aborda. El mantra de que las sanciones no funcionan se utiliza como una forma de argumentar que las sanciones deberían haber provocado un cambio de régimen, cuando en realidad sirven como medida punitiva contra los transgresores o coercitiva cuando van acompañadas de otras políticas.

El lobby de la “democracia” también se ha debilitado y las diásporas, los exiliados y el pueblo no han podido articular adecuadamente la necesidad de un apoyo significativo. Muchos movimientos en pro de la democracia están desconcertados sobre cuál es el enfoque correcto y se sienten casi derrotados ante la necesidad de respuestas proporcionales ante la magnitud de los abusos. Las herramientas convencionales de promoción de la democracia simplemente no son suficientes; incluida la participación ciudadana, la deliberación, la organización, los medios de comunicación independientes, la presión de los Gobiernos locales y el fortalecimiento de la sociedad civil, entre otros, son parte del ataque autoritario. Por lo tanto, los promotores de la democracia necesitan enfrentar estos males de una forma diferente o con diferentes herramientas. ¿Debería convertirse a la democracia como un arma?

Los responsables de la política exterior a cargo de la administración pertenecen a una generación que no experimentó la época de la Guerra Fría, que incluyó a tiranos y la práctica de la coerción en muchas formas, y, a su vez, ven los problemas dentro del lente de una cooperación compleja, pero se enfrentan a socios no cooperativos y actores no democráticos. Esto los deja perplejos y congelados en cuanto a cómo responder a estas tiranías. Básicamente concluyen que “no sabemos qué más hacer. Este es un problema generacional que deberá abordarse después de algún tiempo”. Más importante aún, en América Latina y el Caribe, al establishment de la política exterior se le ha encomendado la tarea de gestionar las crisis humanitarias y migratorias, haciendo el trabajo de Seguridad Nacional, en lugar de implementar políticas exteriores paralelas a la política de inmigración.

Finalmente, estos responsables de la política exterior tienen un problema de confianza o conflicto de intereses en la medida en que piensan que puede ser hipócrita defender la democracia en el extranjero cuando Estados Unidos está sitiado por asedios internos contra la democracia. Con razón o sin ella, se ven obligados intelectual y moralmente a medir el peso de su presión, ya que sienten que su país no es apto para dar el ejemplo de una democracia.

La solución fundamental a estos retos radica en un verdadero liderazgo democrático, con una Administración que no compita (o contrarreste) a los autoritarios sino que fortalezca el credo democrático, afirmando la fortaleza de la democracia, invirtiendo materialmente en ésta, modelando la fortaleza de las instituciones estadounidenses, que son sólidas y funcionales, y trazar la raya a regímenes dictatoriales, como el de Nicaragua, mediante la adopción de medidas que puedan cambiar el equilibrio de poder que mantienen los autoritarios.

Las herramientas contenidas en la Ley Renacer precisamente hacen eso.

Como prioridad la lucha contra la desinformación y la censura son una tarea pendiente. La afirmación estadounidense de la democracia radica en fortalecer la capacidad de los medios para mejorar sus capacidades de hacer periodismo de calidad en el mundo, de proporcionar herramientas para que los ciudadanos puedan comparar entre las mentiras y los hechos, entre la censura e información, desmantelar la amenaza de troles y robots, y desconectar a los dictadores de sus máquinas de propaganda.

El esfuerzo por difundir alianzas y apoyo a los actores de la democracia debe incluir a las diásporas organizadas y a los migrantes como agentes de cambio. Las diásporas incluyen líderes exiliados y organizaciones de exiliados en general, incluye migrantes que envían dinero a sus familias mientras los dictadores se aprovechan del dinero que reciben los familiares para seguir sosteniendo los salarios de los represores. Estas alianzas deben formar un frente democrático común, no para promover la imagen de un líder, sino en donde la democracia sea la protagonista. Los líderes en el exilio deben asumir el riesgo de seguir el liderazgo más amplio de Estados Unidos y otros países para defender el valor de la democracia y apoyar la presión internacional, mientras al mismo tiempo crean un liderazgo organizado sin el caudillo, pero con diferentes voces que depositan sus energías en la causa democrática.

Estados Unidos no debería abandonar las sanciones. Trabajan y han trabajado para lo que fueron diseñadas: tener un impacto punitivo sobre los transgresores de los derechos humanos y los delitos financieros. Los defensores de la democracia tienen la responsabilidad de abordar con precisión el impacto esperado de las sanciones sin dejar lugar a dudas o riesgos morales de que las sanciones afecten a la gente. Las sanciones no han afectado a nicaragüenses ni a venezolanos, han afectado a quienes infligen dolor.

Las democracias deben mostrar cómo el Estado de derecho, la seguridad judicial, las libertades irrestrictas pero responsables, la diversidad y la tolerancia en pie de igualdad para todos son los puntos de referencia mínimos que protegen y mejoran las identidades políticas actuales, y no el Gobierno de un solo hombre que se pone encima de la ley.

Si bien hay que afirmar la democracia, todavía hay margen para contrarrestar amenazas como las que provienen de Rusia en forma de asistencia militar, recopilación de inteligencia o puro espectáculo diplomático.

Las democracias pueden demostrarlo tal como la Ley Renacer establece que parte del apoyo y defensa del Estado de derecho incluye la lucha contra la corrupción y eso pasa por evitar que los dictadores reciban financiamiento externo de las instituciones financieras internacionales a pesar de la presencia de una cleptocracia como es el caso de Nicaragua.

La lucha por restaurar la democracia en Nicaragua es el modelo que puede mostrar que se puede revertir el retroceso institucional imperante, y no puede ni debe pasarse por alto.