25 de septiembre 2023
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Unas horas después de la publicación en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, que ordenaba la cancelación de la personalidad jurídica y el registro del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), además de la confiscación de sus bienes, la entidad educativa reconoció el hecho “con profunda tristeza”, prometiendo continuar con su propósito de “transformar vidas, para un mejor futuro de América Latina, desde su campus en Costa Rica”.
“En el transcurso de todas estas décadas, Incae ha sido fiel a su misión de contribuir activamente en el desarrollo sostenible de Nicaragua y de la región”, manifestó la institución en un comunicado.
Comunicado oficial de INCAE sobre la cancelación de nuestra personería jurídica en #Nicaragua @clacds_incae pic.twitter.com/cvFM9LMGhm
— INCAE Business School (@INCAE) September 25, 2023
El INCAE, con sedes en Costa Rica y Nicaragua, se define "como la mejor escuela de negocios en América Latina" y que "ha impulsado el progreso de la sociedad latinoamericana a través de la formación de talento de líderes regionales por medio de las Maestrías y Programas Ejecutivos". Según el comunicado más de 4000 profesionales se han graduado en el campus Francisco de Sola, en Managua.
"Una barbaridad"
“Es una barbaridad. Un abuso más de la dictadura”, aseguró el economista y exviceministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Sebastián Chamorro, mientras que el presidente de la Fundación Libertad, y antiguo alumno del Incae, Félix Maradiaga, consideró que “este tipo de ataques a la propiedad privada también deben ser tratados con la máxima severidad por parte de la comunidad internacional”.
Como parte de su ofensiva en contra de la sociedad organizada, la dictadura que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la confiscación de más de 3000 oenegés, incluyendo en esa lista a universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), que tras su confiscación sigue sin funcionar.
Ahora le llegó el momento al Incae, lo que “no cae como una sorpresa. Eso ya lo estábamos esperando”, tal como explicó Chamorro, considerando que esa casa regional de estudios de hecho comenzó a migrar todas sus operaciones hacia su campus en Alajuela, Costa Rica, desde 2018, para garantizar la seguridad de sus estudiantes internacionales, en un momento en que las calles estaban bloqueadas en Nicaragua.
Al tratar de entender el porqué de esta decisión, Chamorro aseveró que “la dictadura le pasa la factura a esta institución, básicamente por su papel en la segunda mesa de negociación, y por haber protegido a los estudiantes”, en referencia al hecho que Incae ofreció un lugar a los estudiantes para estar a salvo, y que pudieran participar en el Diálogo de 2019.
Para Maradiaga, esta decisión responde a una estrategia de controlar la educación, que es común a “los regímenes totalitarios que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación para moldear las mentes y creencias de la población. Al confiscar universidades privadas, como hicieron anteriormente con la UCA y muchas otras, los Ortega están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda”.
Añadió que otra razón para apropiarse de casas de estudios tan prestigiosas, es porque la dictadura considera a las universidades y centros de pensamiento como espacios intelectuales críticos, donde se expresan libremente ideas y opiniones diversas, además que desean eliminar cualquier posible vivero del pensamiento libre que brinde a la juventud plataformas para expresar sus preocupaciones y movilizar el cambio político y social.
Al confirmar que la decisión de la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch solo afecta sus operaciones en Nicaragua, el presidente del Consejo Directivo de Incae, Roberto Artavia, y el rector de esa casa de estudios, Enrique Bolaños Abaunza, recordaron que “Incae es una escuela de negocios reconocida y clasificada internacionalmente entre las mejores del mundo, con operaciones en varios países de la región”.
El argumento repetitivo del régimen
El Ministerio de Gobernación (Migob) acusa al Incae de “obstaculizar” sus funciones de “control y vigilancia”, “incumplir sus obligaciones”, “no promover políticas de la transparencia en la administración de los fondos, desconociendo la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se otorgó personalidad jurídica y registro”, según el acuerdo ministerial publicado en La Gaceta.
La Procuraduría General de la República será, como es habitual en las confiscaciones ilegales dictadas por la dictadura, la encargada del “traspaso” de los bienes muebles e inmuebles del Incae.
La propiedad del Incae es de alrededor de 40 manzanas de terreno que incluyen edificios administrativos, aulas, gimnasio, tienda de conveniencia, centros de estudio, áreas deportivas y piscina.
