22 de septiembre 2023
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Los güiriseros excavan túneles estrechos y oscuros en las entrañas de los cerros. Son decenas de ellos cavando y el lugar es como si fuese un gran nido de zompopos. Es el llamado Tajo Pavón en la comarca Yahoska, allá en Rancho Grande, departamento de Matagalpa.
Estos hombres no cortan las hojas para llevarlas al nido como hacen las hormigas, sino que extraen sacos con broza. La procesarán en otro sitio y ahí obtendrán el oro, el principal producto de exportación de Nicaragua. Solo entre enero y julio de 2023, representó en exportaciones 635.1 millones de dólares para el país, según cifras del Banco Central de Nicaragua.
La superficie sin vegetación evidencia el daño ambiental, tras las cifras millonarias. Poco a poco, el cerro cercano a la Reserva Natural Yahoska –y a los ríos Yahoska y Tuma– ha sido destruido. El régimen de Daniel Ortega describió ese espacio como una ruta de tránsito natural entre las Reservas del Macizo de Peñas Blancas y Bosawás, dos de las más diversas de la región.
En 2015, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) negó el permiso de explotación a cielo abierto a la empresa Minera Nueva Esperanza Sociedad Anónima (MINESA). Sin embargo, ocho años después la actividad minera va en aumento en Rancho Grande y, aquel lugar, donde nacieron las protestas de manos de un obispo contra la agresión a la naturaleza, hoy es un territorio de sobrevivencia.
Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, el obispo que con el evangelio acompañó a los campesinos en su protesta, hoy es uno de los 89 presos políticos del régimen Ortega Murillo. La desolación reina en los poblados afectados por la minería, mientras el régimen continúa otorgando concesiones en varios municipios del país, incluyendo al mismo Rancho Grande, así como Matiguás y Río Blanco, en el departamento de Matagalpa.
Por un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicado en La Gaceta del 2 de diciembre de 2022, el régimen Ortega Murillo otorgó una concesión en un área de casi 43 kilómetros cuadrados –denominado Jaspe– en el municipio de Rancho Grande a la empresa Desarrollo Minero de Nicaragua (Desminic), subsidiaria de Calibre Mining Corp. Todo con la venia de la alcaldesa y concejales designados por el orteguismo, que ha mostrado posiciones contradictorias y alternas de rechazo y aprobación de la minería, según las orientaciones de Ortega y Murillo.
El Tajo Pavón, del que antes negaron el permiso ambiental, abarca las concesiones de exploración de los proyectos identificados como Natividad y Las Brisas, con un área de 31.5 kilómetros cuadrados que son identificados como Pavón Norte, Pavón Central y Pavón Sur, operados por Calibre Mining Corp., una minera cuyo “accionista controlador” es el productor de oro B2Gold Corp., ambas compañías canadienses.
“El proyecto Pavón representa un distrito aurífero de reciente aparición en Nicaragua, en una región que ha permanecido en gran medida subexplorada con métodos modernos. La exploración histórica se centró en delinear recursos dentro de las porciones cercanas a la superficie de los depósitos Pavón Norte, Central y Sur, donde se han delineado recursos indicados por un total de 231 000 onzas de oro con un promedio de 5.16 g/t dentro de los 100 metros superiores”, señala la compañía.
Las montañas de Rancho Grande fueron parte del llamado “corredor de la Contra”, el ejército campesino que combatió al Ejército Popular Sandinista en la década de 1980. Aunque posee enormes riquezas naturales y fértiles tierras, la mayoría de su gente vive en condiciones de pobreza y miseria. Por la crisis sociopolítica y económica en el país, muchos han optado por emigrar.
“La gente se ha ido… unos vendieron y se fueron a comprar a otras comunidades, aquí mismo en Rancho Grande, pero donde puedan cultivar…el daño es grande. Algunos dicen que es El Niño, pero hay muy poca lluvia y un calor insoportable, como si estuviéramos en Managua”, refiere José, un líder municipal que pide el anonimato para evitar represalias del Estado.
Cristian, un campesino que dice alistar maletas para irse de Nicaragua, afirma que “las cosas no andan tan buenas que digamos” en Rancho Grande. Todavía en diciembre de 2020, la güirisería era un trabajo rentable, pero usa dos adjetivos para describirla: “peligrosa” y “mal pagada”. Se resiste a regresar a ese empleo, porque una vez casi muere soterrado en el llamado Tajo Pavón.
La emigración, dice José, se está sintiendo en las labores agropecuarias. “Con toda la gente que se ha ido al exterior, Estados Unidos, Costa Rica, la mano de obra local se conforma con lo que le pagan en las minas artesanales, porque ganan hasta tres veces que lo que sacan en la labor agropecuaria”, sostiene.
Daniel es uno de los jóvenes que “se gana” la vida arriesgándola en la minería en Las Brisas, en la ruta de Rancho Grande hacia el vecino municipio de Waslala, este último perteneciente a la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Él pasa todo el día y parte de la noche trabajando en los túneles, dice Betsaida, su esposa.
Cristian y Daniel sobrevivieron a un derrumbe en las primeras horas del 18 de diciembre de 2020. Alrededor de 80 mineros artesanales estaban entonces en los túneles, cuyas paredes apenas eran sostenidas por palos y tablas. La rudimentaria estructura no soportó la presión de la tierra y piedras. Una cantidad indeterminada de güiriseros habrían quedado aterrados a una distancia aproximada de cien metros al interior de la montaña.
Joel González, un comerciante de broza, dijo ese día a Mosaico CSI que sobrevivió “de milagro”, porque estaba en el túnel y unos conocidos le pidieron que saliera a comprar comidas y gaseosas, ofreciéndole además la venta del material que obtuvieran en el día. Cuando estaba por reingresar, sucedió el derrumbe. Él cree que pudieron morir entre 15 y 18 personas. Esa cifra nunca fue confirmada.
En los meses siguientes proliferó la actividad minera. Las excavaciones prosiguieron y en los túneles iban encontrando restos humanos y creen que podrían corresponder a las personas que habrían muerto en el derrumbe de diciembre de 2020, según testimonios recogidos por Onda Local, pese a que había una especie de pacto entre los güiriseros, consistente en callar los detalles, no causar alarma y evitar que el régimen Ortega Murillo los desalojara de la mina.
“La gente decía que, al fin y al cabo, si alguien quedaba ahí, había sido porque se metió por su gusto”, comentó Cristian en febrero de 2021.
En esa época había una cadena de comercio. Los güiriseros buscaban la broza en los túneles, la vendían a comerciantes como González, que mantenía el material a la orilla de la carretera para venderlo después a los camioneros y estos lo revendían posteriormente a la empresa minera.
Al principio, los güiriseros ganaban 300 córdobas por turnos de ocho horas. Sin embargo, presionaron para que les pagaran por cargas de material y así algunos podían devengar por día desde 1800 córdobas (cerca de 50 dólares). Otros obtenían entre 4000 y 5000 córdobas, es decir, entre 115 y 140 dólares por día.
“En ese tiempo le iba bien (a Daniel), porque aquí venía con 5000 pesos (córdobas). Pero, desde que la empresa agarró el control, la gente se fue y tuvo que buscar trabajo en la (empresa) minera. ¿Para dónde va a agarrar uno que es pobre? 450 córdobas (12.50 dólares) fijos le pagan a él por el día de trabajo. Muy diferente de cuando trabajaban en la finca del finado Asdrúbal”, lamenta Betsaida.
Asdrúbal Montoya y Cipriano Pérez eran los principales propietarios de las tierras que abarca el Tajo Pavón. El segundo alcanzó acuerdos de compraventa con la empresa minera; sin embargo, el primero se resistió a vender y, según los testimonios de algunos lugareños, varias veces dejó plantados a los representantes de la minera y comenzó por su cuenta la extracción y comercialización de los minerales de su propiedad.
“Ahí estuvo Asdrúbal trabajando poco a poco y lento, porque le barrían las cargas y le ponían multas”, explica Orlando, un comunitario de Las Brisas. Montoya murió de un infarto en mayo recién pasado.
Dayana creció en esa comunidad. En su niñez, algunas veces correteó con otros niños en El Pavón, el cerro que podía ver desde una ventana en su casa, y cuenta que ahora “ya nadie puede entrar al ‘tunelón’ (túnel grande) porque ahora es la empresa (Calibre Mining Corp.) la que controla. Desbarrancaron la carretera que pasaba encima del túnel”.
José afirma que “la empresa tomó posesión y sacan alrededor de 30 camiones diarios de material de allí, de ese cerro”.
Cristina, otra lugareña cuenta que “el bosque que había en la loma lo desaparecieron y se han extendido ahora buscando el lado del cerro El Pájaro”, a unos cinco kilómetros de El Pavón.
La muerte de la protesta en Rancho Grande
Cuando la compañía canadiense Radius Gold encontró en 2003 yacimientos de oro en el Cerro El Pavón, el municipio quedó en el ojo de las mineras. Sin embargo, la minería encontró resistencia ciudadana. La población prefería proteger sus ríos y montañas. En 2004 había protestas “sonadas”.
En 2023, Cristian está cauteloso. Brindar entrevistas le resulta más peligroso que jugarse la vida en los oscuros túneles artesanales. Las voces críticas, incluyendo a quienes integraban el Movimiento Guardianes de Yahoska y otras organizaciones ambientales visibles en las protestas, fueron silenciadas.
Algunos de estos liderazgos salieron del país, porque se convirtieron en víctimas de la persecución estatal. Otros prefieren callar para evitar represalias del oficialismo y un grupo se plegó a los “beneficios” de la minería o del partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Uno de los líderes contra la minería, Wilver (sic) Ernesto Montenegro López, fue designado vicealcalde.
Las protestas campesinas contra la minería que incluyeron gigantescas marchas y paros escolares, en la que los padres se negaban a enviar a los niños a las escuelas, surtieron efecto en 2015.
El 3 de octubre de ese año, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, encabezó una multitudinaria marcha que opacó por completo e hizo ver minúscula una contramarcha intimidatoria convocada el mismo día por el orteguismo.
El FSLN movió a sus portátiles de todo el departamento de Matagalpa. Días después, el 12 de octubre, Juana Argeñal, titular del Marena, notificó al representante legal de la empresa Minera Nueva Esperanza Sociedad Anónima, la negativa del permiso ambiental.
De acuerdo con la notificación, el área del proyecto “es un sitio que presenta riesgos a desastres por deslizamiento con rangos de pendientes. Así como también ocasionaría afectaciones ambientales directas a la hidrología superficial de las aguas de los ríos Yahoska y Tuma. Que por las características del sitio y su cercanía a la Reserva Natural de Yahoska, tendría impactos negativos a las áreas de tránsito natural de las especies silvestres en la conectividad Biológica con las Reservas Naturales del Macizo de Peñas Blancas y Bosawás”.
Monseñor Álvarez manifestó su satisfacción ante la “sabia decisión” de Daniel Ortega, “de rechazar” el proyecto minero en favor de la ecología y la naturaleza. Ahora, el jerarca católico está preso en La Modelo. El régimen Ortega Murillo lo sentenció a 26 años y 4 meses de prisión. Su cautiverio empezó el 4 de agosto de 2022, forzado a un encierro con otros sacerdotes y laicos en la residencia Episcopal de Matagalpa.
A partir de 2018, cuando los paramilitares de Ortega desmontaron las protestas sociales en el país, las cosas cambiaron en Rancho Grande. Dos años después, el régimen Ortega Murillo cambió su decisión y por medio del MARENA otorgó –desde el 28 de julio de 2020– los permisos ambientales para la explotación del Tajo Pavón Norte a Calibre Mining Corp., según explicó esa empresa en su sitio web.
Curiosamente, el registro de solicitudes de concesiones mineras, publicado el 1 de junio de 2021, por el Ministerio de Energía y Minas, no menciona por ningún lado que se haya otorgado la concesión referida. En el documento sí se reflejan 50 solicitudes de la misma empresa de las cuales tres le han sido aprobadas y las restantes 47 se encuentran bajo revisión. En ninguno de los casos se menciona Tajo Pavón.
En una nota de prensa en junio de 2022, Calibre Mining anunció que el Marena le otorgó “el permiso ambiental clave para el desarrollo y la producción de la mina de tajo a cielo abierto Pavón Central…”.
El tramo de carretera pavimentada sobre los túneles en Las Brisas fue cerrado. Tuvieron que hacer un desvío por la entrada al campamento de la minera. Limitaron el acceso para hacer excavaciones en el lugar, llevándose por el frente al Cerro El Pavón.
“Explotaron allí totalmente, y allí es prohibido entrar ahora. Hay como unos 100 camiones góndolas, que son los que jalan material día y noche. Los trabajadores que ellos tienen ahí son como 300, entre choferes, limpieza y diferentes actividades en un campamento que construyeron. El Cerro El Pavón ha desaparecido porque ellos lo derrumbaron todito”, manifestó Orlando, el comunitario de Las Brisas.
En cambio, Dayana lamenta que el cerro solo haya quedado en sus recuerdos. “El Pavón se terminó, fue a quedar en (la mina La Libertad en) Chontales... la finca que tanto codiciaron ya la terminaron, quedó en escombros...”.
*Este reportaje se publicó también en Mosaico CSI.
