Defensores indefensos: 177 asesinados en Centroamérica en los últimos cinco años

Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de derechos de los ciudadanos. Según Front Line Defenders (una oenegé con sedes en Irlanda y Bélgica), entre 2018 y 2022 fueron asesinados 177 defensores en Centroamérica, destacando Honduras como el lugar más mortífero del istmo, con Guatemala en un cercano segundo lugar y Nicaragua en el tercero.

A pesar de que Centroamérica es una parte muy pequeña del territorio y de la población total del continente (46.3 millones de habitantes en 2022, según datos del Banco Mundial), uno de cada siete defensores —donde se incluye a activistas de derechos humanos, y también a protectores del ambiente, defensores de la tierra y del territorio, jueces y periodistas— fue asesinado en estas tierras.

Esto pone a la región centroamericana como el lugar donde más defensores de derechos son asesinados como proporción de su población (3.46 por cada millón de habitantes), luego de Colombia (14.15). En comparación, México y Brasil reportaron 0.53 y 1.39 defensores asesinados por cada millón de habitantes en el mismo período, respectivamente.

Asesinados por defender la tierra

Citando datos de los tres países del norte de Centroamérica, el comisionado Joel Hernández, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que se ha detectado un alto número de asesinados por defender el ambiente, lo que tiene su origen en el contexto en el que las personas defensoras ejercen su labor. Este “responde a una realidad compleja que no es atribuible a una causa exclusiva, sino a la suma de causas y factores estructurales que contribuyen a la discriminación histórica de estos grupos, como los elevados índices de pobreza y desigualdad en la distribución equitativa de tierras”.

También en Nicaragua, los defensores de las reservas naturales protegidas ocupan una proporción importante de los asesinados. Y si no terminan muertos, igual son víctimas de la persecución de bandas criminales o del mismo Estado.

Los últimos casos registrados son los de Rodrigo Bruno Arcángel y su hijo; de Víctor Castro; y de Stony Bruno Smith. Los cuatro son guardabosques de la etnia mayangna, en el Caribe Norte, que fueron detenidos con violencia el 13 de agosto de 2023, a la madrugada, por la Policía Nacional y efectivos del Batallón Ecológico (BECO) del Ejército de Nicaragua, de acuerdo a sus familiares.

Ellos habían denunciado a las autoridades territoriales por la venta y arriendo de tierras que pertenecen a las comunidades indígenas y por la autorización de concesiones mineras, pero en vez de investigar sus denuncias, la Policía los presentó como delincuentes, y los acusó de haber cometido 18 asesinatos, seis secuestros y tres violaciones. El hijo (menor de edad) de Arcángel fue entregado a sus familiares.

Pero no son los primeros mayangnas que sufren por cuidar sus tierras. Salomón López Smith, otro líder de esa comunidad, desapareció a principios de marzo de 2022. Una semana después, su cuerpo fue encontrado con evidencia de haber sido cruelmente torturado: tenía varios disparos en la espalda; le destrozaron el cráneo, le despellejaron el rostro, le cortaron varios dedos y las orejas, y le fracturaron la columna.

Poco después, el 21 de mayo, el dirigente comunitario Gilberto Castro Hernández y su hijo David Castro Herrera fueron asesinados en la comunidad El Paraíso (Puerto Cabezas, Caribe Norte) por dos personas, padre e hijo, de apellido Melgara. Los mataron cuando no pudieron obligarlos a abandonar su propiedad, en un contexto de continua invasión de las tierras indígenas por parte de colonos mestizos que llegan atraídos por la riqueza forestal y minera de esas zonas.

Más de un año después, los tres crímenes siguen impunes.

Agresiones a defensores en Centroamérica

Como ellos, 15 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Nicaragua entre 2018 y 2022, según el informe de Front Line Defenders. Además, los diez que fueron muertos en 2021 son la parte más macabra de las 2269 vejaciones contra defensoras ocurridas en el país en los primeros nueve meses de ese año, según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM - Defensoras).

Las agresiones incluyen violencia física, acoso sexual, actos de intimidación, difamación y denuncias judiciales, y hablan de un fenómeno de ataque a los defensores mucho más generalizado en la región que si solo se tienen en cuenta los homicidios registrados. Si bien no hay cifras consolidadas para toda Centroamérica, distintas organizaciones recogen datos nacionales de agresiones a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos. Aunque las metodologías y tipos de defensores de derechos difieren, dan un indicio del volumen de agresiones en el istmo.

Guatemala es el país donde se les ataca de forma casi permanente: los casos de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos agredidos fueron 3574 en 2022 (casi 10 por día), según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

En Honduras, ese clima hostil se tradujo en 1132 agresiones contra defensoras en ese mismo año, mientras que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró 328 ataques a personas y colectivos defensores de derechos y periodistas en El Salvador.

Y si bien por décadas Costa Rica ha sido citada como ejemplo de nación en que  se cumple el Estado de derecho, y donde los defensores pueden actuar con total seguridad, Marco Antonio Castillo, presidente de la Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR), observa un ligero retroceso al recordar el asesinato de dos activistas indígenas en los últimos diez años, así como los hostigamientos a los que él mismo fue sometido por casar a dos mujeres.

Esa estadística regional no tiene visos de mejorar si se considera la deriva autoritaria de cuatro de los cinco gobiernos del istmo, los que no respetan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y rigen sociedades que parecen acostumbradas a ese ambiente de injusticia e inestabilidad. En ellas, el peligro proviene de todas partes: agentes del Estado, empresarios, organizaciones fundamentalistas y grupos criminales. 

A esto se agrega el problema de la impunidad de los agresores. Una fuente de la organización feminista Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés, con presencia en Mesoamérica, el sudeste asiático y Suráfrica), que pidió el anonimato para hablar con CONFIDENCIAL y CONNECTAS, observa que en varios países de Centroamérica “no hay un Estado de derecho. Están absolutamente cooptados, tanto el Poder Judicial –que es lo más preocupante, porque no da posibilidades de tener espacio para la justicia– como el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Tamara Taraciuk, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, dice por su parte que “cuando se cometen delitos que no son debidamente investigados y los responsables no son llevados ante la justicia, se fomenta un círculo de violencia o se da el mensaje de que este tipo de cosas están permitidas. Ese es un factor que atraviesa la región y contribuye a este clima hostil”.

Nicaragua, el país donde te persiguen por reclamar derechos

Después de escuchar los testimonios y estudiar amplia documentación sobre los casos de agresiones a defensores en el país, la colombiana Ángela Buitrago, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) de la ONU, explica que en Nicaragua “estamos viendo claramente que hay una persecución para evitar que se cumpla una de las funciones más importantes dentro de una democracia, que es coadyuvar a la protección de derechos humanos”.

Si bien los datos recientes ubican a Nicaragua como un país muy peligroso para defender derechos, el problema viene desde hace años. “Desde 2007”, dice el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’. El escenario se complicó cuando “asumió el poder nuevamente Daniel Ortega y [su esposa y ahora vicepresidenta] Rosario Murillo”, aseguró.

Después de ejercer por varias décadas como defensor en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Carrión supo en carne propia qué es ser criminalizado por su labor, cuando tuvo que huir del país de forma subrepticia después que el general Luis Pérez Oliva lo señalara en público como encubridor del crimen de una familia de seis personas que murió quemada en su propia casa en el Barrio Carlos Marx, en Managua, en junio de 2018.

El 15 de febrero de 2023, el régimen sandinista lo incluyó en una lista junto con otros defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y académicos a quienes declaró “traidores a la patria”, les quitó su nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes.

Carrión considera “absolutamente arbitrario” que le priven de su nacionalidad, igual que la confiscación de la casa que poseía junto con su esposa y su hija y que estuvieron pagando durante 15 años. “Eso no nos lo regaló el Estado, ni esta familia [Ortega-Murillo] que acostumbra a darte y arrodillarte para que se lo agradezcas, y te despojan cuando quieren. A nosotros nos están despojando de nuestra casa, que es nuestro patrimonio material, pero no nos pueden despojar de nuestra dignidad”, dijo.

Jhoswel Martínez tenía solo 16 años de edad cuando se convirtió en defensor como parte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh). Esa decisión —que en principio era solo para protegerlo, al darle estatus de ‘defensor’— se convirtió en una vocación que lo llevaría, en agosto de 2018, a entrar en Honduras después de buscar refugio en varias embajadas europeas acreditadas en Managua que rechazaron ayudar por temor a la reacción del Gobierno de Ortega.

En ese momento era aún menor de edad, por lo que entrar a Honduras, solicitar visa para ir a Costa Rica y abordar un avión fue muy difícil: viajaba sin la compañía —o el permiso escrito— de sus padres. Al final se impuso la voluntad de ayudarle a escapar de la persecución gubernamental y pudo establecerse en Costa Rica desde el 4 de agosto de 2018.

Luego de eso trabajó con dos oenegés defensoras de derechos humanos, hasta que pudo cumplir los requisitos legales para formar la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), que brinda asesoría a los extranjeros que necesitan apoyo para gestionar su situación migratoria. Muchos defensores siguen esta ruta, aprovechando que, aunque no es imposible, sí es poco probable que los vayan a perseguir en Costa Rica.

Algo similar le sucedió a la abogada María Luisa Acosta, defensora de derechos de las comunidades indígenas de la Costa Caribe, quien se vio obligada a abandonar Nicaragua hostigada por simpatizantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo en represalia por su participación en el Diálogo de mayo de 2018, cuando el régimen aceptó (brevemente) negociar con quienes se manifestaban en las calles.

Asegura que, si escapó de ser linchada por una docena de muchachos que vestían camisetas de la Juventud Sandinista, fue porque sus vecinos negaron conocerla cuando llegaron a buscarla a su casa. Tres días después se fue a El Salvador, donde reside desde entonces.

Acosta, Carrión y Martínez son solo tres de los miles de defensores que no solo no pueden ejercer su labor social en Nicaragua, sino que han quedado indefensos ante los abusos del régimen sandinista contra quienes defienden los derechos humanos en un país que no los respeta, según concluyó el Ghren en el informe que dio a conocer este año.

Honduras: el número no para de crecer

En Honduras es donde la situación es más crítica, especialmente para quienes defienden los derechos ambientales y los de la comunidad LGBTIQ+. Lo demuestran dos historias separadas por apenas seis años, pero cubiertas por la misma crueldad: las de Thalía Rodríguez y la de Berta Cáceres.

Rodríguez fue la primera persona defensora de derechos humanos proveniente de la comunidad LGBTIQ+ asesinada en el país en 2022, según el Observatorio TMIS de la Red Lésbica Cattrachas. En la tarde del 10 de enero de ese año tres hombres armados entraron a su casa, ubicada en las faldas del cerro Juana Laínez, en Tegucigalpa, y la mataron con varios disparos en la cabeza (además, hirieron a su pareja). Fue el trans feminicidio número 402 registrado a lo largo de 12 años en ese país, siempre según el Observatorio TMIS.

La lideresa de la comunidad trans era originaria de Olancho, localidad del oriente hondureño. Siendo aún una niña llegó a vivir a Tegucigalpa donde, con el tiempo, pasó a liderar la lucha por la legalización de las tierras de su comunidad, en las faldas del cerro donde murió. Rodríguez inspiraba a otras a luchar por sus derechos. Junto con la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans y la Red Lésbica Cattrachas, exigió constantemente al Estado hondureño la garantía de los derechos de las mujeres trans, así como de las personas que conviven con VIH y SIDA.

De hecho, Thalía fue muy activa en la demanda colectiva por el reconocimiento de los transfeminicidios en Honduras, lo que generó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló al Estado hondureño por su responsabilidad en la muerte de Vicky Hernández (activista trans asesinada en el contexto del golpe de Estado en 2009) y ordenó tomar medidas para proteger a las personas LGBTI.

Ni la sentencia, ni las obligaciones que asumió el Estado sirvieron para proteger después la vida de Thalía. Su muerte fue una de las 87 de personas defensoras reportadas en Honduras por Front Line Defenders entre 2018 y 2022, donde ocurrió casi la mitad (49.2%) de los 177 crímenes cometidos en Centroamérica.

Taraciuk refiere que “según el relator de Naciones Unidas sobre Defensores, Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para hacer esa labor”. La investigadora del Diálogo Interamericano también recordó que el Gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro “prometió trabajar con la sociedad civil… y eso sigue siendo una gran deuda”.

En efecto, la llegada a la presidencia de Castro, el 27 de enero de 2022, generó expectativas de mejora entre la comunidad de personas defensoras, pero el año y medio transcurrido desde que asumió la primera magistratura de su país muestra que las cosas no han mejorado. Y si algo cambió, fue para mal: las 845 agresiones reportadas contra personas defensoras en 2021 crecieron 34%, para cerrar 2022 con 1132 casos, lo que incluyó el asesinato de tres activistas: dos de la comunidad LGTBI, y una defensora de la tierra y el territorio.

Otro asesinato emblemático es el de Berta Cáceres, ocurrido en 2016. Es quizás el más conocido en la región, por sus implicaciones en materia de defensa del medioambiente y porque puso en evidencia a empresarios voraces coludidos con militares, así como las carencias autorregulatorias del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En abril de 2015, mientras le daban el Premio Goldman —considerado el Nobel ambiental—, una fuente de la organización dijo que “lo que no ha parado son las amenazas de muerte contra Cáceres. Su asesinato no sorprendería a sus colegas, que mantienen su elegía y la esperanza de no tener que usarla”.

Menos de un año después, tuvieron que usarla. De nada sirvieron las medidas cautelares que la CIDH había dictado en su beneficio desde 2009. Si bien ella sabía que “aquí es muy fácil que a uno lo maten”, había asumido como filosofía de vida que “no se puede perder la alegría en la resistencia”, recordó Camilo Bermúdez, director de litigio estratégico del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Berta era una lideresa de la etnia indígena lenca, además de feminista y defensora del medio ambiente. En ese rol se destacó su oposición a la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque; su lucha contra proyectos mineros y madereros, y su enfrentamiento con el expresidente Juan Orlando Hernández, al que llamó “dictador” y “vendepatria”.

Oponerse al proyecto de represa le costaría la vida: el 3 de marzo de 2016, cuatro asesinos la mataron a balazos dentro de su casa. Dos años después, el 2 de marzo de 2018, capturaron a David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA, dueña de la fallida Agua Zarca), que sería condenado a más de 20 años de cárcel en julio de 2021 como autor intelectual del asesinato.

Si bien no todos los casos terminan en muerte, el riesgo para las personas defensoras es una realidad siempre latente. Lo narra Yéssica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y parte de la Red de la Organización Fraternal Negra Hondureña, quien ha sido agredida por la Policía de su país en plantones y acciones de resistencia. También ha sido víctima de persecución, hostigamiento y vigilancia por desconocidos, por lo que sale de su oficina en distintos horarios y por distintas rutas.

Guatemala: el país del que hasta los jueces huyen

El 2 de diciembre de 2022, la rapera Nesly Lizet Consuegra Monterroso (Neshie) cerró más temprano que de costumbre el negocio que operaba en sociedad con una amiga en la capital guatemalteca, para salir a divertirse con algunas amistades. Luego de un rato, se separó del grupo y se fue en su vehículo, siguiendo por mutuo acuerdo al carro de un exnovio. Nunca más se le volvió a ver con vida.

Tres días después, los vecinos de otra zona de la capital chapina reportaron la presencia de un auto sin placas. Al llegar, la autoridad policial encontró un tonel dentro del vehículo, con el cuerpo de la rapera dentro de él. Estaba atada con cuerdas. Había recibido un golpe en la cabeza, aunque también tenía señales de tortura, y la habían bañado en ácido.

Después de su asesinato, sus amistades relataron a los medios de comunicación que su amiga había comenzado a rapear en 2013 y luego formó un movimiento de estilo libre femenino conocido como 'Women Free', con el que buscaba ayudar y empoderar a las mujeres que buscan convertirse en raperas.

En abril de este año, la Policía Nacional Civil de Guatemala, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, informó que había capturado a Kenneth Amed Morales Lucha, de 37 años, como el presunto autor de la muerte de la artista y feminista.

Aunque el ciclo violento se repite una y otra vez en Centroamérica, la situación es muy aguda en Guatemala, país que cuenta 71 defensores asesinados en los últimos cinco años; pero, además, del que ha tenido que huir una treintena de jueces, fiscales y periodistas por la judicialización de defensores de derechos civiles por motivos políticos.

“Un caso paradigmático es el de [José Rubén] Zamora, [director y fundador de El Periódico,] que ha sido uno de los medios que más ha denunciado la corrupción”, y quien fue condenado este año a prisión, dijo la fuente de Asociadas por lo Justo, añadiendo que el periodista sigue preso, igual que su abogado, al punto que el comunicador eligió defenderse a sí mismo para no poner a los letrados en riesgo.

“Hay una fiscal, Virginia Laparra, que está presa y sin medios de prueba, sufriendo juicios arbitrarios”, muchos de los cuales están enfocados contra gente que participó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). “Hay una Fundación Contra el Terrorismo que abiertamente dice que la gente de la Cicig tendrá que pagar… por las denuncias que interpusieron”, al punto que “van más de 30 jueces y fiscales que han tenido que salir” del país, insiste la fuente.

El exjuez Miguel Ángel Gálvez es uno de ellos. Después de llevar escoltas a lo largo de dos décadas y movilizarse en un auto blindado por más de cinco años para preservar una vida dedicada a enjuiciar a delincuentes involucrados en algunos de los casos más emblemáticos de Guatemala, tuvo que abandonar su país al percibir un alto nivel de peligro.

“No obstante que mi situación siempre fue de riesgo en Guatemala al tener seguridad por prácticamente 22 años, en los últimos tiempos se da un deterioro total del tema de derechos humanos. Empieza una persecución sistemática y a raíz de eso, en virtud de que el Estado no garantizó mi seguridad, me hallé obligado a salir del país y estando fuera, presentar mi renuncia (al cargo de juez)”, explica.

A él tampoco le sirvió de nada ser uno de los pocos jueces que tiene medidas cautelares a su favor, dictadas en 2016 por la CIDH, y medidas provisionales dictadas en 2022 por la misma Corte Internacional. Desde el exilio, dice que “se puede imaginar cómo se puede sentir uno después de tratar de consolidar un Estado de derecho, dedicarme a mi función de juez y tener que salir, dejar mis cosas, venirme y salir en unas condiciones como salí”.

Como en los otros países de la región, los defensores del medio ambiente y los indígenas que defienden su territorio también son víctimas de la violencia en Guatemala. Al respecto, Tamara Taraciuk señala que los pueblos indígenas son un número muy pequeño de la población a nivel global, pero “la proporción de ambientalistas y defensores de derechos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que son víctimas de represalias por su trabajo es mucho más alta. Es totalmente desproporcionada”, testificó.

El Salvador: 16 meses sin garantías constitucionales

A las cinco de la mañana del martes 22 de marzo de 2022, la salvadoreña Elizabeth de León (55), reconocida defensora del medio ambiente, pero también de las mujeres en situación de violencia, salió presurosa de su hogar ubicado en Santo Tomás (San Salvador), en dirección a la vivienda de una de sus hijas para cuidar a un nieto. 

También conocida como Niña Bety, nunca llegó a ese destino porque a pocas cuadras de su casa fue asesinada de manera atroz por dos hombres que se bajaron de un carro blanco y le propinaron unas 30 puñaladas. Murió desangrada en el vehículo en el que la llevaban a un hospital.

Ese año, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró 328 ataques contra personas defensoras en El Salvador, muchos de ellos en el contexto del estado de excepción dictado el 27 de marzo de ese mismo año, lo que aumentó la peligrosidad en que se desarrolla la actividad de defensoría en ese país. 

En este país fueron asesinados dos defensores entre 2018 y 2022 (según Front Line Defenders). En comparación con los otros países del Triángulo Norte, la cifra no es tan alta, pero desde hace 17 meses el Gobierno de Nayib Bukele mantiene suspendidos todos los derechos constitucionales en el marco del régimen de excepción con el argumento de la lucha contra las organizaciones criminales conocidas como “maras”.

A partir de marzo de 2022, garantías constitucionales como el derecho a la defensa o el derecho a contar con la presunción de inocencia están suspendidas en El Salvador. Y si bien los asesinatos por parte de las bandas armadas han disminuido con estas medidas represivas, las condiciones para que muchos defensores de derechos hagan su labor han empeorado. Muchos de ellos denuncian que sufren ataques desde el mismo Gobierno, como refleja una reciente investigación publicada por CONNECTAS. 

Además, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos informó que en 2022 se registraron en el país 328 agresiones contra líderes sociales y periodistas. Mientras que al 14 de julio de 2023, un informe presentado por organizaciones de derechos humanos registró más de 6430 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares.

Alejandra Burgos, miembro de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, teme que el estado de excepción pueda generar nuevas formas de reprimir a la ciudadanía, incluyendo a defensores, por lo que llamó al Estado salvadoreño a revisarlo de manera urgente.

Una de las muertes violentas de 2022 fue precisamente la de Niña Bety, mujer profundamente solidaria “con mucha energía y empatía para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad sin esperar nada a cambio. Siempre andaba buscando apoyo para llevar alimentos, pampers o sillas de ruedas para personas de la tercera edad”, dice Sonia Sánchez, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (Momujest).

En 2015, junto a otras integrantes de esa organización, Niña Bety participó en acciones de protesta y denuncia por la construcción de un proyecto urbanístico del Grupo Roble, conglomerado empresarial propiedad de la familia Poma. Desarrollar el proyecto significó la tala de más de mil árboles y la afectación directa a esa zona de recarga hídrica que abastece de agua a Santo Tomas.

La misma Sonia Sánchez fue criminalizada y llevada a los tribunales por impulsar esta denuncia. La organización, a la que Niña Bety se integró en 2011, está convencida que su asesinato tiene relación directa con la labor que realizaba en defensa de mujeres que enfrentaban violencia, particularmente el acompañamiento que brindaba a una familiar cercana en la denuncia de un militar por violencia sexual.

Producto del crimen, su compañero de vida, sus hijas y nietos se vieron obligados a irse del país, debido a las amenazas recibidas por quienes se cree que son los autores del asesinato que continúa en la impunidad. En parte por la inoperancia de la Policía Nacional Civil de El Salvador, pero también porque cuando otras defensoras quisieron aportar datos sobre las circunstancias y el contexto del hecho, los agentes policiales las cuestionaron “por parecer cómplices del asesinato”, en una clara intención de amedrentarlas.

“Este régimen de excepción, aunque ha sido presentado por el Estado salvadoreño como una forma de garantizar el combate al crimen organizado, las pandillas y las maras, y como una política en materia de seguridad ciudadana, es una medida que empezó como algo extremo pero temporal y se ha convertido en una forma continua, sistemática, de vulnerar derechos humanos. Ya son más de 66 000 las personas detenidas”, dijo Alejandra Burgos, también integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

Eso es un ejemplo de cuando el Estado no cumple su obligación de proteger a sus ciudadanos. “En las últimas décadas hemos visto –en algunos países con más claridad o rapidez que en otros– la cooptación de los poderes del Estado. La concentración del poder; la falta de pesos y contrapesos”, dijo Marcela Martino, directora adjunta del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés). Todo eso “redunda en un debilitamiento de las instituciones democráticas y tiene un impacto directo en la garantía de los derechos humanos para la población”, añadió.

¿Quién cuida a los cuidadores?

Ante este escenario, la psicóloga costarricense Ruth Quirós se pregunta: ¿quién cuida a los cuidadores en Centroamérica?

“Muchas veces, los defensores de derechos humanos son las personas que más se descuidan a nivel personal, porque se entregan tanto a su trabajo que se olvidan de sí mismos”, aseveró. Al hacer énfasis en el autocuidado, recomendó “analizar que ‘primero estoy yo’, y que ser un defensor de derechos humanos no anula mi humanidad. Que también necesito atención y que esto puede llegar a afectar mi vida” a nivel físico, psicológico y emocional.

La experta explicó que entre las consecuencias de sufrir cualquier tipo de agresión están la depresión profunda y otros trastornos, principalmente ansiedad, aunque también le ha tocado atender a defensores con estrés postraumático debido a la persecución, el asedio y la intimidación que han sufrido, lo que los mantiene en un estado de alerta permanente.

Otras reacciones que ha observado son los pensamientos negativos y emociones tan intensas que son difíciles de controlar, destacando ataques de ira y de ansiedad; estados de tristeza que se convierten en depresión, así como conductas destructivas y autosaboteadoras, entre las cuales incluye consumo de sustancias como alcohol y drogas.

Quirós dijo que en el 100% de los casos el Estado es el responsable de lo que ocurre; “del daño directo y el daño indirecto a las familias, de la separación familiar, de toda la violencia que la sociedad está introyectando, que se está quedando, porque además esto va a causar secuelas a largo plazo”, advirtió.