5 de septiembre 2023
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La dictadura de Daniel Ortega involucró a dos renombradas agencias de las Naciones Unidas en sus consultas tardías con las comunidades indígenas sobre el proyecto del Bio-Clima. Su objetivo es cumplir con los requisitos de la Secretaría del Fondo Verde del Clima (FVC) para descongelar el desembolso millonario.
Las agencias involucradas como "observadores" son la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La participación de estas organizaciones de credibilidad internacional, preocupa a ambientalistas y a miembros del Consejo de la Moskitia.
“El PMA y la UNOPS son agencias que han estado de cara a los procesos humanitarios de atención sobre todo de los huracanes Eta y Iota. Entonces, están utilizando, o mal utilizando, su credibilidad para argumentar que este proceso contó con la participación y con la garantía de estas agencias”, señala el ambientalista Amaru Ruiz.
El 22 de agosto de 2023, Ruiz envió una carta al director de América Latina y El Caribe, Fabrizio Feliciani, y al representante de país en Nicaragua de la UNOPS, Nazario Esposito.
En la misiva solicitó que expliquen cuál es la participación de estas agencias en el proyecto de Bio-Clima. En nombre de la confiscada Fundación del Río y de organizaciones ambientales, Ruiz les reiteró que este proyecto “no ha respetado los procedimientos internacionales concebidos para los pueblos indígenas y afrodescendientes” y que beneficiará a la dictadura. Pero quince días después no ha recibido respuesta.
El proyecto de “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan” fue aprobado en noviembre de 2020 y asciende a 116.6 millones de dólares.
Desembolso del proyecto de Bio-Clima sigue congelado
El desembolso del proyecto de Bio-Clima fue congelado por la Secretaría del FVC en julio. Ocurrió después de una serie de incumplimientos en las políticas, cometidos durante la aprobación del mismo por el FVC, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Ortega.
El Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) investigó una denuncia interpuesta en 2021 por comunitarios indígenas y ambientalistas. Su informe reveló que el BCIE y el Gobierno ocultaron información clave sobre la situación de violencia que se vive en las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. También, que no realizaron las consultas libres e informadas en estos territorios.
Agregaron que el FCV no verificó la información que presentó el BCIE, acreditado ante el Fondo Verde para recibir los recursos, que posteriormente ejecutaría el Gobierno de Nicaragua.
El Gobierno de Ortega, junto con el BCIE, tiene hasta octubre de 2023 para corregir algunos de los procesos que debieron hacerse antes de aprobar el proyecto. Ese mes, se volverá a reunir la Junta del Fondo Verde para decidir el futuro del desembolso. Por eso, el régimen está haciendo, de forma exprés, las consultas con representantes de la población indígenas.
Indígenas firman sin conocer el proyecto del Bio-Clima
Las correcciones que debe hacer el régimen al proyecto incluyen realizar una serie de “consultas libres e informadas” en las comunidades indígenas, para conseguir el consentimiento de estas. Sin embargo, alerta Ruiz, en las consultas están omitiendo información clave.
“No están incluyendo toda la información que se cuestionó en la investigación del IRM. El tema de convivencia pacífica, cuál es la selección de los subproyectos que va a beneficiar principalmente a proyectos ganaderos. Sólo están poniendo las cosas bonitas para pedir los avales”, reclama el ambientalista.
A través de un video publicado en su página de Facebook, el Consejo de Ancianos de la Moskitia denunció que el Gobierno está aprovechándose de la necesidad económica y de la falta de conocimiento de la población para recoger firmas de respaldo al proyecto.
“La gente en nuestras comunidades desconocen completamente qué es el proyecto Bio-Clima, para ellos es algo nuevo. No obstante, la gente del Gobierno ha llegado a decirles que les den sus firmas a cambio de provisión, les piden su cédula también, y la gente ingenuamente se las da. Ellos sin estar conscientes de la verdadera causa, firman”, denuncian los ancianos.
El Consejo de Ancianos también critican que las asambleas en las cuales comparten los detalles sobre el proyecto son breves y no dan tiempo para el debate. Además, cuestiona, hay poca participación de la población indígena y afrodescendiente, “cinco personas no pueden representar a 100 o 500 personas en la consulta sobre un proyecto como Bio-Clima”.
También alertan que durante las asambleas informativas se han callado y amenazado a las voces que se oponen al proyecto, piden saneamiento de los territorios o cuestionan a las autoridades gubernamentales. “Los han amenazado con la entrega de viáticos o se les ha quitado el micrófono”, aseguran.
La información tampoco está siendo compartida en las lenguas indígenas: inglés creole o garífuna, por lo que se excluye a la población que no habla español.
La prisa por realizar las asambleas y pedir casi de inmediato el aval de las comunidades indígenas, asegura Ruiz, es porque el Gobierno se puso un plazo de 20 días para hacer las consultas y conseguir el consentimiento. La primera asamblea ocurrió el 21 de agosto y fue en esta que se involucró a la UNOPS y al PMA.
¿Quién le paga a la UNOPS y al PMA?
Ruiz denuncia que la participación de la UNOPS y del PMA en el proyecto se ha hecho con discreción. No se conoce bajo qué concepto está participando en el proceso de consultas del Bio-Clima. Estas agencias trabajan en la ejecución de proyectos de ayuda humanitaria.
Tampoco se conoce que recursos económicos están usando para ejecutar el proceso de consultas y de petición de consentimiento, en el que se involucró además de las agencias de Naciones Unidas, a ministerios, universidades de la Costa Caribe, entre otros.
“Estos funcionarios de la UNOPS y del PMA no son pagados por el BCIE, espero yo, son pagados por las agencias de Naciones Unidas, porque ellos vienen de otros fondos, y están utilizando su tiempo, su movilización y su prestigio para (validar) un proceso que ha violado normativa internacional”, cuestiona Ruiz.
“Es como aprovecharme de tu credibilidad, utilizar tu base operativa para mis propósitos, qué es la aprobación de ese proyecto”, critica el ambientalista.
