31 de agosto 2023
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Este 24 de agosto dio inicio en Estados Unidos el juicio por la demanda presentada por 21 estados republicanos contra el programa de permisos humanitarios (parole humanitario) instaurado por el Gobierno de Joe Biden, el cual ha permitido la entrada de unos 180 000 migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití a EE. UU. en menos de un año.
El juez federal a cargo del caso, Drew Tipton, cuestionó si vivir en pobreza es suficiente como requisito para optar al 'parole' humanitario, reportó el sitio Los Angeles Times. Durante la audiencia en que se presentaron los alegatos finales, Tipton dijo que una gran parte del mundo vive en pobreza. “¿El hecho de que vivan en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente?”, preguntó durante el juicio en Victoria, Texas.
Los 20 estados demandantes consideran que el Gobierno de Biden está tomando una medida ilegal porque usa el permiso o 'parole' humanitario para permitir la entrada de migrantes y, a su vez, les ha obligado a gastar "cientos de millones de dólares" en educación, salud y apoyo legal para los beneficiarios del programa. También alegan que "el gran número de inmigrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos demuestra que los funcionarios están otorgando dichos permisos en masa y no caso por caso como exige la ley", amplía la nota de Los Angeles Times.
Consultada por CONFIDENCIAL, Astrid Montealegre, nicaragüense especialista en temas migratorios y abogada supervisora de la Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), consideró válido el cuestionamiento del juez sobre si vivir en pobreza es una necesidad humanitaria urgente para brindar el 'parole'.
Sin embargo, añadió que el programa del 'parole' no solo valora el tema económico, "sino también los factores de persecución, de represión y de erosión de los sistemas legales y democráticos específicamente". Ese argumento fue expuesto durante el juicio por los abogados del Departamento de Justicia y grupos defensores de los inmigrantes.
Cancelación de programa de parole es "improbable"
El juez Tipton dará a conocer su fallo en unos meses y dijo que no se sentía cómodo emitiendo una orden para suspender el programa de forma temporal en todo el país.
Montealegre valoró que es poco probable que se suspenda de forma definitiva "porque varios Estados han expresado que el programa ha disminuido la cantidad de inmigración ilegal de los cuatro países beneficiados". Agregó que en este programa las autoridades determinan caso por caso la admisibilidad de la persona solicitante y solicitan una explicación justificando las condiciones humanitarias en su caso particular, por lo que se cae el alegato de los demandantes, que aseguran que los permisos se otorgan de forma masiva.
El programa permite el ingreso a Estados Unidos de hasta 30 000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en total cada mes. A finales de julio, más de 72 000 haitianos, 63 000 venezolanos, 41 000 cubanos y 34 000 nicaragüenses habían sido autorizados para emigrar a Estados Unidos.
Los nicaragüenses son los que menos han aplicado al programa entre las nacionalidades consideradas debido a "la escasez de patrocinadores económicos que presenten la solicitud y den constancia de que asumen la responsabilidad de las necesidades económicas y de vivienda del beneficiado", dijo Montealegre. Se trata del mismo obstáculo que vienen enfrentando los nicas desde los primeros meses de vigencia de dicha iniciativa, que arrancó el 5 de enero de este año. Desde entonces ha disminuido el ingreso de nicaragüenses de manera irregular en la frontera sur de Estados Unidos, según las cifras oficiales.
