24 de agosto 2023
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“No hay nada firmado que comprometa la seguridad de Argentina”. Son las palabras de Edmundo Novillo, ministro de Defensa de Bolivia, en respuesta a la nota formal del canciller argentino, Santiago Cafiero, solicitando información sobre cooperación militar de Bolivia con Irán. El ministro Novillo reconoció la existencia un plan de cooperación con Irán para el mantenimiento de aeronaves bolivianas y el uso de drones para la agricultura y medicina.
No es trivial la preocupación de Cafiero. Las fuerzas rusas utilizan drones de fabricación iraní en sus ataques contra ciudades e infraestructura civil en Ucrania. Ojalá que esto sirva para reencauzar la política exterior argentina, siempre errática. Ello en relación a Irán, Ucrania y muchos otros temas. El caso es un verdadero retrato de sus incoherencias.
Ocurre que el partido de Gobierno en Bolivia, el MAS, es el partido del expresidente Evo Morales, a su vez protegido por el presidente argentino, Alberto Fernández, envuelto en la política boliviana más allá de toda razonabilidad. La paradoja ahora es que el canciller de Fernández le pide explicaciones formales al Gobierno del partido de su amigo Evo Morales sobre cuestiones que hacen a la paz y la seguridad regional. Explicaciones necesarias, desde luego, es sólo que habrá que ver qué tan genuina es dicha iniciativa diplomática.
El malestar sobre la cuestión originó en comunicados emitidos por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y el Centro Simón Wiesenthal. Ambas organizaciones subrayaron que la presencia de personal y equipamiento militar iraníes en un país limítrofe representa una amenaza. Y, a tal efecto, destacaron el récord de Irán como patrocinador del terrorismo en la región.
La referencia es a Hezbollah, organización paraestatal cuya estrategia y operaciones depende de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Con presencia y acciones en varios puntos de América Latina, tal vez ninguna nación haya sido más golpeada por el terrorismo yihadista que Argentina. No es posible exagerar la gravedad de aquellas tragedias, los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, tanto como el ataque al vuelo 901 de Alas Chiricanas en Panamá ocurrido al día siguiente del atentado contra la AMIA.
El pronunciamiento de las asociaciones comunitarias judías de Argentina sirve para poner la lupa sobre las habituales incongruencias del Gobierno de Fernández. Hoy su canciller se preocupa por la amenaza iraní, pero en junio de 2022, ante el aterrizaje en Ezeiza de un avión venezolano de Conviasa sancionado y con cinco tripulantes iraníes, todos oficiales de inteligencia, el Gobierno ocultó la información. Y cuando la noticia se divulgó, Agustín Rossi, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), declaró que los iraníes viajaban como “instructores de vuelo”.
Nótese, antes que eso, en enero de 2022, en la quinta toma de posesión de Daniel Ortega el Gobierno iraní estuvo representado por el viceministro de Asuntos Económicos, Mohsen Rezai. Sobre él pesa una alerta roja por la causa AMIA, cuando era un alto jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, por los cargos de homicidio calificado en perjuicio de 85 víctimas fatales y daños múltiples agravados por haber sido motivado por odio racial o religioso. Nicaragua debió notificar a Interpol, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo el embajador argentino, Daniel Capitanich, estando allí presente y aún hoy en funciones. Si Irán preocupa a su canciller, queda pendiente entonces dar a conocer cuáles fueron las instrucciones impartidas al embajador en Managua.
Y aún antes, en enero de 2013, Argentina e Irán firmaron el “Memorándum de Entendimiento” que intentaba revocar las alertas rojas contra los imputados por los ataques terroristas de 1992 y 1994. Denunciar dicho memorándum le costó la vida al fiscal Alberto Nisman, la victima 86 de la AMIA, siendo posteriormente declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, en 2015. En 2013 gobernaba Cristina Kirchner, hoy vicepresidente.
En otras palabras, el canciller que hoy pide explicaciones a Bolivia por su cooperación militar con Teherán pertenece al mismo partido político que decretó una virtual amnistía—ilegal—para los terroristas auspiciados por Irán. En esto se resume la política exterior de los Gobiernos de Fernández y Kirchner.
En cuanto a Bolivia, la Cancillería argentina debería saber que el primer acuerdo de cooperación satelital entre Bolivia e Irán es de agosto de 2016. También que el presidente Luis Arce se reunió con su par iraní, Ebrahim Raisi, el 20 de septiembre de 2022 para evaluar “un plan estratégico que incluye la salud, cultura, educación, agencia espacial, agro y telecomunicaciones”.
Esta reunión tuvo lugar en Nueva York solo cuatro días después de la muerte de Mahsa Amini, ocurrida el 16 de septiembre bajo custodia policial luego de haber sido arrestada por no usar el hiyab. El hecho produjo una ola masiva de protestas que, según organizaciones de derechos humanos, causaron la muerte de al menos otras 476 personas, la mayoría de ellas mujeres.
Al respecto, en octubre de 2022, Romina Pérez, embajadora de Bolivia en Teherán, afirmó que “nuestro Gobierno condena los recientes disturbios en Irán, perpetrados por los sionistas británicos y estadounidenses, y estamos seguros de que todos los problemas se resolverán con la solidaridad, el conocimiento y la comprensión del querido líder de Irán”.
La aclaración de la embajadora Pérez consistió en asegurar que sus palabras habían sido distorsionadas por la prensa iraní. Y allí continúa en el cargo hoy, al igual que el embajador Capitanich sigue en Managua.
*Artículo publicado originalmente en Infobae.
