15 de agosto 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo condena a los nuevos presos políticos de Nicaragua a una "desaparición forzada". Oculta su paradero a los familiares que angustiados peregrinan de cárcel en cárcel preguntando por ellos. Luego del arresto ilegal de un ciudadano u opositor --sin orden de captura ni acusaciones en contra-- los familiares recorren delegaciones policiales departamentales o de los distritos de Managua, hasta llegar a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Pero la Policía no confirma su ubicación hasta varios días después de la captura, o no lo hace nunca.
El 2 de agosto de 2023, la Policía detuvo en Jinotega al excarcelado político Juan Carlos Baquedano, de 65 años. Sin orden judicial, los oficiales lo trasladaron a Managua, a más de 140 kilómetros de distancia.
Horas después del secuestro, la familia consultó en la delegación departamental si podía recibir alimentos, pero les dijeron que Baquedano no estaba ahí. Continuaron su búsqueda hasta que días después les confirmaron que estaba en el Distrito III de la Policía, en Managua.
La angustia de Carmen, madre de una presa política
Carmen, madre de una presa política, sufrió por el secuestro de su hija y desconocer su paradero. La rea de conciencia es una de las más de treinta personas capturadas en abril de 2023, en el contexto del quinto aniversario de la Rebelión Cívica de 2018.
Cuando Carmen llegó a la delegación de su departamento, en el suroriente del país, le dijeron que no sabían nada de su hija. Desconsolada, no tenía idea qué hacer, pero un contacto le dijo que seguramente la habían llevado al Distrito III de Policía, en la capital. Esa delegación se ha convertido en la nueva cárcel donde la dictadura encierra a los reos de conciencia, tras el destierro de 222 expresos políticos.
“Llegué al Distrito III y me dijeron que ahí no estaba, me mandaron a El Chipote y de El Chipote me mandaron otra vez al Distrito III, que ahí estaba”, relata. Un oficial de turno le recibió la comida y solamente le dijo que su hija estaba bajo investigación.
Días y hasta una semana de silencio
CONFIDENCIAL conversó con familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos que confirmaron un patrón con las detenciones de nuevos presos políticos. Ppasan cuatro, cinco días, o hasta una semana de delegación en delegación antes de que la Policía les confirme que están en el Distrito III. A algunos tampoco se los confirman oficialmente, pero los familiares presumen que están ahí porque los oficiales les reciben comida y artículos de aseo. En esa cárcel, a ninguno le permitieron visita.
La activista exiliada y exrea política, Ivania Álvarez, detalla que esta "desaparición forzada" ha sido recurrente desde el estallido social de 2018. Sin embargo, sostiene que ahora hay mayor hermetismo en el tratamiento de los casos de presos políticos.
“Estas personas --los presos políticos de abril-- están sin contacto más de 40, 50 días porque en los Distritos --de Policía-- no se daba la visita”, detalla Álvarez. Solamente hasta un mes después de que los reos políticos son trasladados a los Sistemas Penitenciarios les autorizan un primer encuentro supervisado con sus familiares. Carmen, por ejemplo, logró ver a su hija 69 días después del arresto.
Policía viola la ley al no informar a familiares
El artículo 232 del Código Procesal Penal (CPP) establece que la Policía tiene el deber de “informar a la persona en el momento de detenerla, de las causas de su detención en forma detallada y en idioma o lengua que comprenda”.
Además, “que tiene derecho a ser asesorada por un defensor de su elección, a fin de que lo designe” e informar a los parientes u otras personas relacionadas con el detenido que así lo demanden. Entre estas, información sobre la unidad policial donde fue conducido, y "permitir al detenido informar él mismo a su familia o a quien estime conveniente”. Pero ninguna de estas garantías se cumplen para los reos políticos.
La abogada Yonarqui Martínez confirmó a CONFIDENCIAL que la Policía tiene la obligación legal de informar sobre cualquier persona que esté bajo su custodia. De lo contrario, define, “la están ocultando”.
Martínez defendió a decenas de presos políticos desde la represión contra la Rebelión de Abril de 2018, hasta que fue inhabilitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo control de la dictadura. La abogada recordó que desde aquel año hasta la fecha, la Policía traslada a los reos de conciencia desde diferentes Distritos a El Chipote. “Por maldad los cambian”, afirmó.
Familiares pueden interponer un recurso de exhibición personal
La especialista en Derecho Penal recomendó que “la mejor manera de ejercer el derecho, en este caso, es interponer un recurso de exhibición personal”. Reconoció que estos no se cumplen en la práctica, porque los procesos judiciales contra presos políticos son anómalos. Sin embargo, el soporte de las violaciones reiteradas a la ley sirven para documentar estos atropellos contra los reos de conciencia.
La activista Ivania Álvarez agregó que el régimen orteguista ha incrementado el hermetismo en torno a los reos de conciencia, ocultando información sobre sus procesos judiciales. Por ley, estos deberían ser publicados en el Sistema Nicarao, del Poder Judicial, pero no aparecen. A los familiares que tiene "la suerte" de que les den alguna información únicamente les dicen que "están siendo investigados".
Martínez detalla que el cerco informativo sobre los presos políticos siempre ha existido, pero la agravante actual es que el régimen no permite que ningún abogado privado los defienda. Primero porque les asigna a un abogado de la Defensoría Pública que también responde a la dictadura. Segundo, porque la CSJ ha despojado a varios abogados en represalia por defender a los reos de conciencia.
Con este hermetismo, cada vez es más difícil conocer el estado de los presos políticos que mantiene la dictadura. También los familiares que denuncian los abusos son amenazados con maltratos contra de sus presos políticos.
Martínez agregó que, incluso en aquellos casos de los cuales sí publican información en el sistema Nicarao, ya no agregan la información completa. “Están manipulando el sistema, de tal manera, que si antes vos podías ver el 70% de información de un caso, ahora miras el 20% o 25%, porque sí te aparece el caso, pero no te aparecen las diligencias. Eso está ocurriendo ahora en mayor proporción”, denuncia.
"Desaparición forzada" también contra sacerdotes presos
El hermetismo de los casos de reos de conciencia también abarca a los sacerdotes apresados por la dictadura. El padre Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna (en el Caribe Norte) fue detenido el 9 de julio, y sigue sin confirmarse su paradero y situación física. Tampoco se sabe qué ha pasado con el padre Jaime Iván Montecinos Sauceda, de 61 años, párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, en Matagalpa, detenido el 23 de mayo.
La Policía únicamente informó que el padre Montecinos Sauceda estaba bajo investigación por supuestamente “cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. En el caso del padre Zamora no han informado nada.
Más de media docena de sacerdotes permanecen encarcelados en Nicaragua, algunos condenados por delitos comunes y otros señalados por delitos políticos fabricados. Entre ellos, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que permanece en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo, condenado a más de 26 años de prisión.
El obispo también está condenado a una "desaparición forzada" ya que justicia al servicio de la dictadura no le permite recibir visitas de sus familiares. La última y única vez que lo ha mostrado desde su encarcelamiento en agosto de 2022 fue en marzo de 2023, después de casi mes y medio del traslado a la celda de máxima seguridad.
