11 de agosto 2023
“Ha sido muy duro. Intento tener paciencia”, afirma Samuel, quien llegó a Ciudad Juárez únicamente con la ropa que tenía puesta. “Aquí tampoco me siento seguro”, confiesa Luis, tras relatar cómo unos oficiales mexicanos le quitaron todo el dinero que llevaba para el trayecto. Jorge, quien lleva más de medio año esperando cruzar a Estados Unidos –con su esposa y sus dos hijas pequeñas– dice desesperanzado que “quisiera poder volar y llegar al otro lado”. Los tres son migrantes nicaragüenses varados en Ciudad Juárez, en el norte de México. Están atascados a un paso del “sueño americano”.
Ninguno planeaba permanecer tanto tiempo en esta localidad fronteriza. Salieron de Nicaragua huyendo de la crisis sociopolítica y económica. Querían dejar atrás el hambre y la represión, y en el camino encontraron peligros a los que no creyeron enfrentarse: robos, secuestros, extorsión.
Algunos han mal dormido en la calle o en albergues. Otros con más “suerte”, posan en la casa de algún conocido, o rentan la cama o colchón en un hostal hacinado. Comen con el poco dinero que consiguen, o dependen de comedores comunitarios. Quienes están “mejor” han conseguido trabajos precarios.
“Ya no alcancé a pasar”
El 5 de enero de 2023, Estados Unidos anunció un programa para reducir la migración irregular de Nicaragua, Cuba y Haití, tal como hizo en octubre de 2022 con los migrantes venezolanos.
Bajo el nombre de parole humanitario, informó que aceptaría a 30 000 migrantes al mes originarios de estos cuatro países. Pero en paralelo, ordenó el cierre de su frontera y la expulsión “inmediata” de los migrantes que intenten cruzar a su territorio de forma irregular.
“Veníamos en camino mi esposa, mis dos hijas y yo, junto con dos personas más, cuando cerraron la frontera (en enero). Ellos se devolvieron, pero nosotros decidimos avanzar, porque no podíamos regresar a Nicaragua”, relata Jorge.
“Ya no alcancé a pasar”, se lamenta Luis, que a finales de diciembre se quedó “pegado” en un albergue de Oaxaca, al sur de México.
Samuel se enteró de las nuevas disposiciones migratorias hasta que llegó a Ciudad Juárez a inicios de junio. “Aquí me vine a dar cuenta”, relata decepcionado. Cuenta que se quedó sin dinero “desde muy atrás” y tuvo que venirse “trasbordando en tren, sin comida, sin agua, aguantando frío”.
“A Nicaragua no pienso regresar”
Luis, Jorge y Samuel salieron de Nicaragua porque no se sentían seguros. “El promotor político (del Frente Sandinista) de la cuadra llegaba a mi casa a exigirme que participara de manifestaciones en apoyo al Gobierno, pero me negué. Por eso me fui, por temor a represalias”, detalla Luis, de 44 años.
Jorge era oficial de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), el cuerpo de antimotines de la Policía Nacional. Renunció porque no está de acuerdo con la represión ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Lo que estaba pasando no es correcto”, opina.
Samuel, de 24 años, participó en las protestas cívicas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y fueron violentamente reprimidas por el régimen, dejando 355 asesinados, más de 2000 heridos y cientos de miles exiliados por la persecución política. Expulsados como él, que primero se fue un par de años a Costa Rica. “Regresé (a Nicaragua) pensando que todo estaba bien, pero siempre era el mismo hostigamiento”, detalla. Volvió a salir del país, ahora rumbo a Estados Unidos, y llegó hasta esta ciudad fronteriza, que por ahora es lo más cerca que puede estar de su destino.
A principios de junio de 2023, un equipo de CONFIDENCIAL viajó a Ciudad Juárez, para documentar las condiciones de los migrantes varados como Luis, Samuel y Jorge, que desde México esperan obtener asilo en Estados Unidos.
A pesar de haber salido de Nicaragua hace varios meses, y estar a más de 4000 kilómetros de distancia, piden que se omita su verdadera identidad por temor a represalias del régimen contra sus familiares que permanecen en el país.
Los tres viven bajo duras condiciones en esta localidad, pero ninguno considera volver. “Si no logro cruzar, buscaría otro país, porque a Nicaragua no pienso regresar”, afirma Samuel.
La espera en Ciudad Juárez: Un eterno día a la vez
Luis partió hacia Estados Unidos a finales de 2022. El 23 de diciembre llegó a San Pedro de Tapanatepec, al sur de México, donde planeaba solicitar una Forma Migratoria Múltiple (FMM) para seguir hasta la frontera norte. En los trámites para esa solicitud le llegó la noticia del cierre de la frontera, y tuvo que quedarse en un albergue de Oaxaca.
Cuatro meses más tarde, se animó a “subir” junto a un grupo de venezolanos. Pensó que en Ciudad Juárez su situación mejoraría. Pero al llegar a Chihuahua –a 360 kilómetros de la que pensó sería su última parada– le robaron todo el dinero que tenía. “Traía 1500 dólares para el viaje, pero unos oficiales me los quitaron. Me dijeron que tenía que dar plata si quería seguir”, relata indignado.
Ahora pasa los días en otro albergue de Ciudad Juárez. Duerme en las instalaciones habilitadas por una iglesia cristiana y come en el comedor comunitario que diariamente ofrece almuerzo a unos 250 migrantes.
Todos los días, Samuel visita ese mismo comedor comunitario, para tomar su única comida del día, descansar y recargar su celular. Pero no duerme en este ni otro albergue porque no ha encontrado espacio.
Iveth Marín, del Servicio para Refugiados de Ciudad Juárez, explica que “los albergues no tienen capacidad para recibir a todas las personas migrantes”.
Samuel relata afligido: “Estaba pagando un alquiler con un dinero que me enviaron, pero solo me alcanzó para tres días. He estado durmiendo en la calle, en uno de los puentes que va hacia El Paso (Texas)”.
“Lo más difícil fue no saber para dónde agarrar”
Frente al comedor comunitario de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Plaza de Armas, de Ciudad Juárez, acampan durante el día decenas de migrantes. Llegan ahí en busca de algún empleo o trabajo informal para cubrir sus gastos del día, mientras esperan cruzar a suelo estadounidense.
“Estamos esperando que nos salga un trabajito para la gaseosa, o para tener dinero para seguir”, comenta Carlos Hernández, un migrante hondureño.
“Aquí se necesitan mínimo 200 pesos mexicanos (unos doce dólares) diarios para subsistir. Depende de cuántas comidas uno haga al día”, agrega.
Cerca de él, está sentada Xiomara Obando, de 48 años. Es originaria de Masaya, Nicaragua, y en junio llegó a Juárez “sin nada de dinero”.
“Lo más difícil fue no saber para dónde agarrar, porque no conocía ninguno de los refugios”, comenta.
Otro migrante que Xiomara conoció durante sus primeros días en la ciudad, le dio posada en una pequeña casa particular, y sobrevive con lo poco que gana como doméstica y niñera: 300 pesos mexicanos a la semana (unos 17 dólares).
Dos de sus hijos mayores, le apoyan de vez en cuando, enviándole remesas desde Costa Rica; país donde emigró junto con ellos en 2018, ante la crisis política que se desató en Nicaragua.
La falta de documentos le impide conseguir un empleo con mejores condiciones. “Me piden muchos papeles para trabajar, empezando por la partida de nacimiento, pero para tenerla, tendría que regresar a buscarla a Nicaragua”, señala decepcionada. Para ella, volver tampoco es opción.
En la misma Plaza de Armas, varios migrantes optan por pedir dinero. O limpian vidrios de autos en las avenidas más transitadas de esta ciudad, donde la temperatura promedio de los días de junio ronda los 35 grados Celsius.
Expuestos a la violencia, robos y estafas
Sin embargo, qué comerán o dónde dormirán, son solamente dos de las preocupaciones de los migrantes durante su espera en Ciudad Juárez, apodada alguna vez “la capital mundial del asesinato”, por su alta tasa homicidios.
Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2023, 1005 personas fueron víctimas de homicidio en el Estado de Chihuahua, 546 de ellas en la zona norte, donde se ubica Ciudad Juárez. Es un promedio de una víctima cada cuatro horas.
Un informe de InSight Crime, publicado en junio, indicó que “el creciente tráfico de migrantes y drogas sintéticas podría ser la explicación del reciente aumento de los homicidios en Ciudad Juárez, que no ha logrado salir del ciclo de violencia que comenzó tras el inicio de la guerra contra las drogas en México”, a finales de la década de los 2000 y principios de los 2010.
Agregó que algunos funcionarios de la zona opinan que esta es la nueva causa de “violentas guerras territoriales”, que antes estaban más relacionadas al narcotráfico. “Los grupos criminales en la frontera se han involucrado cada vez más en el negocio del tráfico ilícito de migrantes”, subraya.
En el día a día, los migrantes también están expuestos a robos y estafas.
“Tengo miedo. No me quiero quedar solo aquí”, comenta Luis desesperado. Luego, con la voz muy baja, el migrante nicaragüense cuenta otra estafa que sufrió recientemente: “Mi amigo que me va a recibir en Estados Unidos me mandó un dinero a la cuenta de aquel señor (lo señala), pero cuando me iba a dar el dinero dijo que su cuenta se bloqueó”.
Este tipo de estafas a migrantes son muy comunes en Ciudad Juárez.
A Xiomara, le robaron un dinero que sus hijos reunieron para ella. “Mis hijos me mandaron 30 dólares a la cuenta de un señor, pero se los quedó. Dizque la cuenta se la bloqueó el banco”, relata.
Trabajos precarios y explotación laboral
Marín, del Servicio para Refugiados, comenta que las personas migrantes “desafortunadamente son presa fácil” para la delincuencia común y el crimen organizado. Enumera que están expuestas a estafas, robo de pertenencias y documentación, secuestros exprés, casos de tortura y explotación laboral.
A tres cuadras de la Plaza de Armas, en un hostal que renta habitaciones y camas por noche, vive y trabaja Jorge.
“Mi familia y yo nos hospedamos aquí cuando vinimos (en enero), y luego me quedé trabajando, para pagar la renta y cubrir otros gastos”, comenta.
En el hostal no está registrado formalmente como trabajador, aunque debe cumplir con extensas jornadas laborales de 12 horas diarias y solamente tiene un día libre a la semana. “Aquí me toca hacer de todo: cobrar, limpiar, estar en la Recepción”, agrega. Pero no tiene otra opción.
Hacinados sin opción de queja
En el hostal de tres pisos se hospedan más de 200 migrantes. Los precios por habitación no bajan de los 400 pesos mexicanos (unos 23 dólares) por noche. La mayoría de los migrantes no pueden cubrir por sí solos el costo de una habitación, por lo que generalmente duermen en grupos.
Junto a la recepción, también hay un espacio con 15 camas. Ahí duerme otro grupo de migrantes. Pagan 200 pesos por cama la noche. “Si solo podés pagar 100 pesos, entonces te ponen a dormir con otro en una cama, aunque no lo conozcas, para ellos completar”, se queja uno de los migrantes.
Mientras el equipo de CONFIDENCIAL conversaba con los “huéspedes”, una de las administradoras del hostal dijo en voz alta: “Aquí ellos (las personas migrantes) deben darnos de la comida que cocinan también. Tienen que ser agradecidos, porque los estamos recibiendo”.
En algunos pasillos del hostal, colocan otros colchones para “recibir” a más migrantes cuando las habitaciones están llenas.
Marín advierte que las autoridades locales hacen caso omiso a las denuncias presentadas por los migrantes, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y desprotección.
El 27 de marzo, 40 migrantes murieron en el incendio de una estancia migratoria. La tragedia causó indignación y cuestionamientos a las autoridades mexicanas por el trato a la comunidad migrante.
Cientos de migrantes protestaron y se negaron a permanecer en los albergues municipales, por temor a que se repitiera el hecho.
“Tras el incendio, las personas migrantes empezaron a desconfiar mucho más de las autoridades”, agrega Marín.
Organizaciones sociales y religiosas han denunciado que los Gobiernos municipales y estatales en Ciudad Juárez, no muestran un “verdadero interés por proteger y brindar atención” a la población migrante.
Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, reconoce que hace falta un plan coordinado de atención y protección a migrantes entre las autoridades municipales, estatales y federales. “No hay recursos suficientes para poder atenderlos a todos”, justifica.
La nueva política migratoria: ¿Solución o calvario?
Antes de la medianoche del 11 de mayo, cientos de migrantes varados en Ciudad Juárez se entregaron a las autoridades estadounidenses en un último intento por alcanzar el anhelado “sueño americano”, antes del fin del Título 42 y el resurgimiento del Título 8. La regla permite a las autoridades migratorias estadounidenses expulsar a cualquier persona que llegue de manera irregular y prohíbe que vuelva entrar a Estados Unidos, durante al menos cinco años.
Estados Unidos dice que únicamente aceptará en la frontera a quienes se les haya negado la protección solicitada en otro país por el que han transitado, y a quienes programen una cita previa por medio de la aplicación móvil CBP One.
Tras la cita, el caso de asilo es evaluado en uno de los puertos de entrada de Estados Unidos. La aplicación móvil fue presentada por la Administración de Joe Biden como una forma de “facilitar el proceso”, pero se ha convertido en un “dolor de cabeza” y el “último impedimento” de una larga travesía para los centenares de migrantes que están varados del lado mexicano.
Conseguir cita, “es como jugar a la lotería”
“Ya llevo dos meses esperando la cita, pero nada que me sale”, lamenta Xiomara. Luis y Samuel se encuentran en la misma situación. “Siempre ingreso a la aplicación y a mi correo, para ver si ya me llegó la confirmación, pero nada”, dice Luis. “Esto es como una lotería, porque a unos les sale rápido y otros tenemos rato esperando”, reclama Samuel.
Testimonios de migrantes que se quejan de la deficiencia del sistema, se repiten a lo largo del cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
No poder completar el inicio de sesión, el bloqueo constante de la aplicación, y problemas para tomar la fotografía que les solicita, son algunas de las fallas de CBP One que se comentan con más frecuencia.
La abogada Melissa Hernández, del Consejo Estatal de Población (Coespo) en Ciudad Juárez, reconoce que en los últimos meses han visto “muchos cambios para bien” en la aplicación. “Ahora –agrega– está disponible en inglés y español, las personas migrantes pueden presentar cualquier tipo de documento de identidad, no solamente un pasaporte o una partida de nacimiento. También se le da mayor cupo a las familias que solicitan la cita, cuando antes se le daba prioridad a quienes viajaban solos”, resume.
Sin embargo, el principal problema sigue siendo la saturación del sistema, ya que solamente hay 1250 citas disponibles al día, para un total de ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera, con miles intentando conseguir un cupo.
Hernández dice que no hay información exacta sobre cuántas personas son atendidas cada día en el Puente Internacional Paso del Norte. Según sus observaciones, se atienden alrededor de 150 citas diarias.Jorge lamenta que él ni siquiera tiene cómo conseguir ese boleto de la lotería, a falta de una identificación para conseguir una cita. “No tengo pasaporte, y mi cédula de identidad está en Nicaragua”, expresa con impotencia.
Ser rechazado: El fin del “sueño americano”
Ante la desesperación de no lograr conseguir una cita, algunos migrantes optan por cruzar por vía irregular a suelo estadounidense. Sin embargo, se arriesgan a ser devueltos y verse vetados por los próximos cinco años, además de enfrentar procesos penales si lo intentan más de una vez.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), en solamente 20 días –entre el 12 de mayo y el 2 de junio de 2023– repatriaron a más de 38 400 migrantes a más de 80 países, incluyendo familias. Entre ellos, 1400 eran migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron devueltos a México.
Organizaciones mexicanas de sociedad civil han denunciado que las repatriaciones y expulsiones de migrantes, se llevan a cabo con poca transparencia, y sin dejar claro los esquemas de atención bajo los cuales están siendo procesados.
Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo), se limita a expresar que la “autoridad federal” de México ha sido discreta con esa información.
El 28 de julio, el Gobierno de Estados Unidos anunció que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya estén en México a la espera de cruzar a su territorio, en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. Pero no han dado mayores detalles al respecto.
Los migrantes nicaragüenses que no consideran la opción de regresar a Nicaragua, continúan atentos a cualquier posibilidad que les abra las puertas que tanto han esperado. Luis, que salió en diciembre con un plan claro y llegó a México con algunos recursos para cubrir su viaje antes de ser víctima de robo y estafa y tener que dormir en un albergue y comer en un comedor comunitario, se aferra a su sueño: “Si me rechazan –dice– no sé qué voy a hacer. No he pensado en otra opción”.
Este reportaje es parte de una serie especial realizada por equipos periodísticos de Confidencial (Nicaragua), Plaza Pública (Guatemala) y Revista Factum (El Salvador), que viajaron a Ciudad Juárez, en la frontera norte mexicana, y a Tapachula, en la frontera sur, en busca de los Migrantes varados en México.