10 de agosto 2023
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde de este miércoles, tras un ataque perpetrado presuntamente por sicarios, en un suceso que ha conmovido la conciencia nacional en medio de la crisis de inseguridad que azota a Ecuador y que cada vez parece ponerse peor.
Villavicencio, de 59 años, fue en su juventud sindicalista y asesoró a la federación de trabajadores de la empresa estatal petrolera, de la que salió despedido como político afín a las izquierdas.
Se graduó de periodista en una polémica universidad ya disuelta y que fue denunciada por entregar títulos por dinero, pero su prestigio como periodista de investigación se lo labró con las sospechas de corrupción que lanzó contra los integrantes de la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Él encarnó al anticorreísmo, una tendencia abiertamente crítica a Correa, a quien culpó de casi todos los males que padece el país.
También amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción, sentencia que Correa tilda de persecución política.
Fernando Villavicencio era enemigo de Rafael Correa
Enemigo declarado de Correa, Villavicencio se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto, con el afán de evitar que el correísmo vuelva al poder.
Antes de lanzarse a la Presidencia, dirigió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) entre mayo de 2021 y mayo de 2023, hasta que el actual presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, invocó el recurso constitucional de "muerte cruzada" para disolver el Parlamento y llamar a elecciones extraordinarias.
Villavicencio, que en muchos casos criticó a Lasso, también lo defendió y algunos de sus rivales lo consideraban como el candidato presidencial encubierto del oficialismo, algo de lo que él renegó.
Oriundo del municipio andino de Alusí, en la provincia de Chimborazo, en el corazón mismo de Ecuador, Villavicencio también trabajó en medios de información como la antigua revista Vanguardia y fue asesor político del exlegislador del movimiento indigenista Pachakutik Cléver Jiménez, entre 2009 y 2017.
En esa época ambos fueron condenados a 18 meses de prisión por supuestas injurias contra Correa, pero evitó la cárcel tras estar prófugo hasta que logró la prescripción.
Meses después y tras refugiarse en Estados Unidos, Villavicencio impulsó nuevas denuncias contra Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China.
Su nervio anticorreísta le llevó a la Asamblea Nacional en 2021 y en junio pasado, tras aplicarse la "muerte cruzada", anunció su candidatura presidencial para sustituir a Lasso, pero bajo la consigna de no regalar nada al correísmo.
Convencido en enfrentar a las mafias
En una entrevista con EFE en mayo tras anunciar su aspiración presidencial, Villavicencio, que en sus inicios de identificaba como de izquierda moderada y que actualmente decía ser de centro, aseguró que buscaba ser presidente para "enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad".
El candidato presidencial ponía el foco en "las mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico y a estructuras delictivas de minería ilegal, y también estructuras corruptas en el sector público".
Villavicencio afirmaba que Ecuador necesita un "Gobierno valiente" y ofrecía desmantelar a las mafias "con la ley y con las armas".
"Ecuador está caminando muy rápidamente a la contaminación generalizada de la economía. Tenemos una economía criminal financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por los recursos de los sobreprecios y los sobornos de la corrupción en el sector público", lamentaba.
Su asesinato deja más manchada de sangre una campaña electoral que prácticamente sólo giraba en torno de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, con los índices más altos de muertes violentos de toda su historia (25,32 por cada 100.000 habitantes), incluidos otros políticos y candidatos.