Los desterrados por Ortega: seis meses de sobrevivencia en Estados Unidos

En la sala de un pequeño apartamento, al sureste de Miami, en Florida, Armando Robles Alaniz y tres mujeres nicaragüenses sacan cuentas sobre los gastos por alquiler, servicios básicos y alimentos, para pagarlos en cuotas iguales.

A partir del 9 de febrero de 2023, cuando fueron desterrados de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, surgió entre ellos un inesperado lazo de familia.

Robles, un comerciante que además era líder de la opositora Alianza Cívica en el departamento de Río San Juan, conversa con “Cristina”, “Juana” y “Alicia”, sus compañeras de apartamento. A diferencia de él, ellas prefieren reservar sus identidades para evitar represalias del régimen orteguista con sus familiares en Nicaragua.

Viven entre el miedo y la búsqueda de soluciones a sus problemas cotidianos: el pago de 2100 dólares mensuales —dividido entre los cuatro— por el alquiler del apartamento, es uno de los asuntos inmediatos y prioritarios.

“Juana” y “Cristina” se hablaron por primera vez en el avión que las llevó a Washington, en Estados Unidos.

- ¿Has viajado en avión? – preguntó Cristina.

- No – respondió Juana.

- Entonces tratá de pensar en otra cosa.

Así comenzó su historia juntas, a la que se sumarían Robles y “Alicia”. Ellos son parte de los 222 presos políticos a los que el régimen de Ortega y Murillo despojó de la nacionalidad y desterró enviándolos a Estados Unidos. Un caso inédito de expulsión masiva en América Latina, lo que provocó alarmas en la región sobre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Los cuatro chocaron con una realidad en la que el idioma era tan solo una dificultad. Hasta llenar los formularios de trámites migratorios que incluyeran a sus núcleos familiares, se volvió un laberinto no resuelto. Un motivo más de insomnio.

Robles, “Cristina”, “Juana” y “Alicia”, ahora forman parte de la nutrida comunidad de nicaragüenses en Miami, un espacio donde luchan por sobrevivir miembros de este grupo con antiguos exiliados.

Apátridas y confiscados

Son 18 excarcelados de conciencia quienes aceptaron contar sus historias tras el destierro, el ocho por ciento de los que fueron expulsados de Nicaragua, declarados “traidores de la patria” y confiscados por órdenes de Ortega. Trabajan en limpieza de casas, pintura, construcción, floristerías, consultorías. Otros están desempleados.

Detrás de cada uno de ellos hay sueños rotos, familias separadas, carreras truncadas, títulos anulados, angustias y la desesperada búsqueda de un mejor porvenir, mientras sobreviven valiéndose de un permiso de permanencia temporal conocido como parole, que estará vigente hasta el 8 de febrero de 2025 y otorgado por la Administración Biden.

Dormir en colchonetas o colchones inflables

En otro sector de Miami, los también desterrados Néstor Eduardo Montealto Núñez y sus primos Ángel de Jesús y José Gadiel Sequeira Zamora, comparten una sola habitación en un apartamento. No fue el primer lugar donde estuvieron en febrero, pero están conscientes de su nueva realidad.

“Ahí nos acomodamos (para dormir) en colchonetas y colchones inflables”, cuenta Montealto. Reciben el apoyo de su prima Elvira —hermana de los Sequeira Zamora— y el esposo de ella Hamilton Javier Sánchez Quiroz —excarcelado político de 2019—, quienes huyeron antes del régimen y residen en el mismo sitio.

Moisés Alfredo Leiva Chavarría, de 26 años, sufrió la represión de Ortega en Matagalpa, una ciudad al norte de Nicaragua, donde fue encarcelado dos veces a partir de 2018 hasta que finalmente fue desterrado en febrero de 2023.

Leiva trabaja en una empresa de flores, tanto en empaque como en carga y descarga. Por las noches debe viajar un poco más de una hora para estar en un restaurante donde trabaja en limpieza, y en ciertos fines de semana también hace entregas de sopas de mondongo a domicilio.

En distancias cortas Leiva se moviliza en una bicicleta que compró en 40 dólares. Antes, tuvo empleos efímeros, principalmente en pintura y construcción.

Antes de agosto de 2022, Sergio José Cárdenas Flores era reportero gráfico en TV Merced, un canal de televisión por cable de la Diócesis de Matagalpa. Fue parte del grupo —inicialmente de once personas— que, desde el 4 de agosto de 2022, estuvo en cautiverio con el obispo Rolando José Álvarez Lagos en la Curia Episcopal de Matagalpa.

Álvarez finalmente fue trasladado a su casa en Managua tras un violento asalto policial el 19 de agosto de 2022 —en febrero de 2023 fue enviado a la cárcel La Modelo—.

Cárdenas, tres sacerdotes, un diácono y dos seminaristas fueron conducidos a la prisión de alta seguridad policial “El Chipote”, denunciado por organismos de derechos humanos como un centro de torturas.

Insomnio por los traumas de la cárcel

Cárdenas tiene problemas para caminar, por lesiones que sufrió en un accidente de tránsito en Matagalpa antes de ser secuestrado. Una dolencia con la que tuvo que lidiar mientras estuvo encarcelado. En su destierro, fue intervenido para quitarle unos clavos de la pierna izquierda y se recupera bajo el cuido de la Diócesis de Gaylord, en Michigan.

Con los días han aflorado una serie de traumas en los desterrados por Ortega. “No podía dormir. Era una cosa de que no dormía, me agarró ansiedad. Era muy raro para mí ser alguien ansioso”, confiesa Cárdenas.

El insomnio también se apodera de Montealto, quien recibe asistencia psicológica cada diez o quince días. “Cuando estoy dormido se me vienen cosas como que estoy preso y eso, me cuesta dormir, me vengo durmiendo a las dos o tres de la madrugada”, relata.

Montealto estuvo preso tres años y tres meses con sus primos, los Sequeira Zamora. Versiones periodísticas relatan que vivieron escenas de tortura como comer gusanos y excremento de ratas. Uno de ellos incluso pensó en suicidarse.

Las condiciones eran tan crueles que Montealto improvisó una huelga de hambre zurciéndose los labios.

Trabajar en cualquier oficio

El olor a carne asada invade un sector cercano a la Pequeña Habana donde destaca una fritanga nica. En ese local, uno de los comensales es un rostro conocido en Nicaragua: calvo, moreno, delgado y de bigote. Es Carlos Raúl Valle Guerrero, el padre de Elsa Valle, la estudiante que pidió auxilio desesperada desde las trincheras universitarias en un video que se hizo viral en redes sociales.

Valle Guerrero tiene 65 años y estaba jubilado en Nicaragua. Además del destierro, el régimen de Ortega le quitó la pensión. Hoy enfrenta el desempleo y solo atina a conseguir trabajos ocasionales. Recientemente trabajó más de 40 horas en dos días con una compañía de eventos.

“Uno puede conseguir trabajo en construcción, pero qué voy a trabajar yo en eso, subirme a una escalera, me caigo de un segundo piso, me mato”, lamenta Guerrero.

Casi todos han tenido que reiniciar sus vidas en oficios distintos a los que ejercían en Nicaragua. “Cristina” estudió y se desempeñó siempre en administración de empresas y contaduría pública. En Miami ha tenido que trabajar limpiando casas y ahora está desempleada. Las enfermedades crónicas que padece esta mujer de 59 años, incluidas diabetes y osteoporosis, se agravaron en la cárcel.

La barrera del idioma

José Alcides Zeledón Úbeda, otro de los desterrados y quien vive en Portland, Oregón, también tiene un temor fundado de que el régimen tome represalias contra sus familiares en Nicaragua.

Él era un próspero agricultor, dueño de negocio y ganadero en su natal Jinotega. Las vacas que criaba rompieron récords nacionales en producción varias veces. En 2017 en una feria en Estelí, su vaca “Calceta” produjo 83.5 litros de leche. Pero fue encarcelado dos veces desde 2018, hasta que también fue desterrado.

“Hay muchas cosas que no puedo hablar, porque esa gente (el orteguismo en Nicaragua) vive ‘al tiro’ (muy pendiente) y realmente la familia está en peligro allá en Nicaragua. Lo tienen a uno de mano atada”, se disculpa Zeledón Úbeda y lo único a lo que se refiere abiertamente es al reto de conseguir empleo en su nueva realidad.

Como otros de los desterrados, el idioma es una barrera. En Oregón, donde vive Zeledón Úbeda, solo el 6.5% de la población habla español, según el Censo de los Estados Unidos del año 2020. Ese dato contrasta con otros sitios en Estados Unidos, donde el español es una realidad entre los migrantes como Miami, donde aproximadamente el 70% de la población es hispanohablante.

Rusia Evelyn Pinto Centeno es una reconocida defensora de derechos humanos. Tiene 64 años y por su activismo en defensa de la niñez y comunidades indígenas, estuvo presa 460 días, entre el 6 de noviembre de 2021 hasta el destierro, el 9 de febrero.

Pinto está desempleada, y señala que, “para los que tuvimos la suerte de tener familiares aquí en Estados Unidos, nos ha sido más fácil lidiar con el duelo de la pérdida de la nacionalidad y el destierro”.

“He lidiado con la pérdida de mi hogar, de mis cosas, de mi vida pasada y eso es lo que me ha dolido y todavía sigo procesando”, se lamenta Pinto.

Problemas con reunificación familiar

Otro de los grandes problemas que enfrentan los desterrados es el reencuentro con sus familias, que depende la autorización que, especialmente en casos de menores de edad, el régimen de Ortega y Murillo tiene que dar para que salgan del país.

Carlos Raúl Valle Guerrero dice que entre los desterrados han hecho un censo y “hay 27 hermanos que no han podido conseguir un patrocinador para traer a sus familiares”.

Sergio Cárdenas, el reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, no ha podido reunirse con su esposa e hija, mientras sigue recuperándose de las dolencias en la pierna.

Valle tuvo una experiencia distinta. Su esposa y cuatro hijos estaban en Estados Unidos cuando él fue desterrado el 9 de febrero. A través del parole logró llevar a otros tres hijos, pero aún quedan dos en Nicaragua.

Dos de las mujeres con las que Armando Robles comparte apartamento en Miami, “Juana” y “Alicia”, sueñan con poder reencontrarse con sus familiares. En el primer caso, ella logró reunirse con su hijo mayor, pero en Nicaragua siguen su esposo y un hijo de 13 años.

“Alicia” lamenta un escenario que ve cuesta arriba para poder encontrarse con sus tres hijos. Necesita que ellos tengan pasaporte. “Dicen que tengo que mandar una carta poder, ir a la embajada (de Nicaragua), pero no le veo nada lógico (…) si voy a ir a gastar mi tiempo y voy a gastar mi dinero, porque al dar mi nombre y mi apellido me van a negar todo”.

*Fragmento del reportaje Vidas y desafíos de los desterrados por Ortega, publicado originalmente por Mosaico CSI.