5 de agosto 2023
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el viernes 4 de agosto de 2023 la intervención de la Cruz Roja nacional y designó una nueva directiva para su reestructuración, presidida por el expresidente de Fedecámaras, la mayor patronal del país, Ricardo Cusanno.
“Se ordena una reestructuración amplia y diversa en la Cruz Roja venezolana con la participación de los sectores de la sociedad venezolana”, señala la sentencia emitida por la Sala Constitucional del máximo tribunal.
Esta decisión se produce una semana después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el “presunto acoso y maltrato” cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional por parte de su presidente, Mario Villaroel.
El Supremo ordenó el “cese, de manera inmediata, en el ejercicio de sus cargos, del presidente y los miembros que integran el comité directivo nacional” de esta organización.
El considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, denunció recientemente que en la Cruz Roja venezolana no había “estatutos para proteger a los voluntarios de abusos de poder”, y aseguró que esta organización tenía “43 años sin cambio de directiva”.
Funciones de la nueva directiva de Cruz Roja Venezolana
De acuerdo con la sentencia, se establece la “constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida” por Cusanno, quien deberá “coordinar”, en los próximos siete días hábiles, la “designación de los miembros que integrarán” esta junta, así como “colaborar” con la Fiscalía en la “investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el comité directivo nacional (...) saliente”.
Asimismo, se encargará de “garantizar la continuidad en el servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores, las trabajadoras, los voluntarios y las voluntarias de la institución, y el cumplimiento de sus objetivos, fines y principios”.
Cusanno deberá también “administrar y ejercer la guarda y custodia de los bienes actuales y futuros que conformen el patrimonio de la Cruz Roja Venezolana y de los derechos y acciones que posea, previo el inventario correspondiente”.
Además, estará facultado para “evaluar la normativa vigente” y “proceder a la convocatoria de las elecciones internas para elegir a las autoridades que conforman la Cruz Roja” nacional, mediante un proceso “participativo y democrático, a los fines de garantizar” su “pleno funcionamiento”.
“Receta” de dictadura nicaragüense
Oenegés de Venezuela coincidieron en que esta decisión crea un “grave precedente” para el derecho a la libertad de asociación en el país.
La ONG Fundaredes afirmó que la judicialización de la Cruz Roja representa un incremento del “constante riesgo” de las organizaciones de la sociedad civil “al estar expuestas a intervenciones arbitrarias que socavan su derecho de autogestionarse y autorregularse”.
“Alertamos que esta acción forma parte de la receta seguida por otros regímenes autoritarios como Nicaragua, en donde la Cruz Roja, en mayo de 2023, también pasó a ser controlada por el Gobierno de Daniel Ortega”, señaló Fundaredes.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que genera “grave preocupación” que la decisión se fundamente en “presunciones basadas en denuncias y testimonios de personas no identificadas en la demanda, lo que hace que los hechos que se describen sean también presuntos”.
“El hecho de que directivos de la Cruz Roja (venezolana) hayan, presuntamente, cometido delitos, que, de probarse, esperamos sean juzgados por ellos, no justifica una medida tan invasiva y peligrosa para un derecho humano esencial como lo es la libertad de asociación, pues, de ser el caso, lo que aplicaba era la convocatoria a una elección para tener nuevas autoridades”, dijo.
A su juicio, lo “delicado” de la reestructuración es que se hará “sin la participación de los miembros” de la organización y por “una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación”.
Esto, agregó, “generaría un guion para intervenir ONG no solo cambiando las directivas, sino reestructurando las organizaciones e incorporando miembros ajenos a estas para luego controlarlas”.
