4 de agosto 2023
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El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua la nulidad de las condenas de cadena perpetua impuestas a los cuatro indígenas mayangnas: Arguello e Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robin Sacarías, quienes fueron condenados por cometer supuestamente una masacre en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna, del Territorio Mayangna Sauni As.
La solicitud de Calpi surge luego que la Policía Nacional capturó y presentó públicamente a dos miembros de la banda “Los Chabelos”, a quienes señaló de ser autores de varias matanzas en comunidades indígenas, entre ellas la ocurrida el 21 de agosto de 2021 en Kiwakumbaih, que dejó 13 fallecidos y dos mujeres sobrevivientes a violación.
“La comunidad (indígena) siempre ha dicho que los cuatro detenidos son inocentes y ahora se viene a corroborar con las declaraciones de la Policía”, explica un abogado de Calpi, que pidió no ser identificado.
Los cuatro indígenas mayangnas condenados a cadena perpetua cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en junio de 2023 exigieron pidió al Estado de Nicaragua que “de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”.
Familiares de los detenidos aseguraron a Calpi, que los indígenas son sometidos a un “régimen de tortura” en La Modelo, que incluyen castigos físicos y sexuales. Además, los ciudadanos están en una celda de castigo y aislamiento, duermen sin ropa o en calzoncillos y aunque padecen enfermedades crónicas no reciben atención médica o medicamentos.
Policía ahora señala a los Chabelos
Los dos ciudadanos que fueron detenidos e identificados como miembros de “Los Chabelos” son: Rafael Mendoza Escoto, conocido como “Chabelo”, y Darling Antonio Dávila Escoto, alias “Barril”.
Según detalló la Policía Nacional en una nota de prensa, Mendoza y Dávila también son responsables de la masacre ocurrida en la comunidad El Alal, en enero de 2020, en la cual murieron seis indígenas y quemaron 15 viviendas.
También del asesinato de cinco personas en la comunidad mayangna Wilú, ubicada en Bonanza, donde incendiaron tres viviendas y una iglesia morava. Además, los responsabiliza como autores de siete asesinatos cometidos entre julio de 2020 y abril de 2022.
Todas estas muertes, quemas de comunidades, violaciones y otras agresiones son parte de la violencia que han denunciado los indígenas y afrodescendientes en Nicaragua en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de estos crímenes están en la impunidad. Los comunitarios han pedido el saneamiento de sus territorios en varias ocasiones. Un reporte de CONFIDENCIAL estimó que al menos 70 indígenas de Nicaragua han sido asesinados en la última década.
Mayangnas condenados bajo proceso irregular
Entre los cuatro indígenas mayangnas que fueron condenados por la justicia orteguista hay dos que eran autoridades territoriales. Este es el caso de los hermanos Celso Lino, uno de ellos era juez de la comunidad y el otro era “síndico”, una persona elegida por la comunidad para encargarse de las tierras. Los otros dos eran guardabosques comunitarios y miembros de la Iglesia morava.
Calpi explica que el proceso en que fueron condenados estos indígenas fue irregular y no se escuchó los testimonios de los sobrevivientes, quienes declararon que tres de los cuatro ni siquiera estaban en el lugar de la masacre.
“En el juicio llegaron sobrevivientes, hijos de los asesinados, a atestiguar que fueron atacados por colonos armados y no por indígenas. También, declararon que los hermanos Celso Lino, que son autoridades del Territorio Mayangna Sauni As, estaban lejos del lugar y que Dionisio Robin Sacarías se encontraba sembrando frijoles”, explica.
Este testimonio fue soportado por 15 sobrevivientes que firmaron una carta y dos que llegaron presencialmente a declarar en el juicio.
En este caso, también se han pronunciado la Organización Mundial Contra la Tortura, el grupo Acción Penal, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia de la Universidad Jesuita de Guadalajara, quienes denunciaron entre las arbitrariedades que fueron “detenidos sin orden judicial, abstraídos de su juez natural, dejándolos incomunicados por varios meses, negándoles la protección del habeas corpus, violando su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”.
La abogada Yonarqui Martínez, quien ha atendido casos de presos políticos en Nicaragua, señala que las irregularidades en el caso “no es aislado”. Durante los juicios políticos, hubo varios donde se encontró este mismo patrón: acusan a inocentes de crímenes que cometieron otros.
“Esta sería una oportunidad para reivindicarse, para anular todo lo actuado y empezar de cero, pero lamentablemente es un escenario que nosotros como abogados, siendo justo, tendríamos una esperanza en el Poder Judicial”, comentó Martínez
Sin embargo, “hasta el momento no ha habido ningún caso en el cual la Corte se haya pronunciado y haya reconocido los errores garrafales que están cometiendo”, lamenta la defensora, quien se encuentra en el exilio y fue despojada de su título profesional por la dictadura.
