3 de agosto 2023
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El régimen orteguista secuestró el miércoles 2 de agosto de 2023 al excarcelado político Juan Carlos Baquedano, de 65 años. El ciudadano se había exiliado en México, pero regresó el pasado lunes 31 de julio a Nicaragua para ordenar una documentación personal y de sus propiedades, confirmó la opositora y activista Ivania Álvarez.
El martes 1 de agosto Baquedano realizó varias gestiones administrativas con normalidad, pero la Policía apareció en su vivienda en Jinotega, a eso de la 1:00 p. m., y sin orden judicial le dijeron que debía acompañarlos.
Con el pasar de las horas, la familia acudió a la estación policial del departamento para obtener más información sobre su situación y entregarle comida, pero les informaron que fue trasladado a Managua.
La familia desconoce si Baquedano se encuentra en el Distrito III de la Policía, donde últimamente el régimen ha llevado a ciudadanos opositores secuestrados en redadas masivas.
En julio de 2018, en el marco de las protestas contra del régimen de Daniel Ortega, el Ministerio Público acusó al hombre de “asesinato, portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y secuestro simple”, condenándolo a 47 años de cárcel.
La jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó entonces a Baquedano a 25 años de cárcel por supuestamente ser responsable del asesinato de Pablo Israel Ramos Chavarría, ocurrido el 16 de junio de 2018, y a 22 años por el delito de terrorismo.
Las autoridades además lo señalaron de ser “cabecilla” de los grupos que bloquearon las vías en Jinotega, en protesta contra el Gobierno de Ortega.
Permaneció en prisión durante 11 meses y fue liberado por medio de una Ley de Amnistía.
Baquedano es un veterano revolucionario, a quien médicos de Cuba, Mongolia y la Unión Soviética le extirparon una bala que recibió en la cabeza en los años ochenta, y preservaron sus funciones cerebrales, reseña el reportaje “La revuelta contra Ortega se muda al exilio”. En 2018, cuando estalló la Rebelión Cívica, él se sumó como cientos de miles de nicaragüenses a las protestas cívicas y participó en los tranques que la población colocó en las diferentes vías del país, como método de presión para que el régimen orteguista cediera a una salida pacífica para solucionar la crisis sociopolítica.
Tras la excarcelación de decenas de personas en 2019 por medio de la Ley de Amnistía, la Policía orteguista los asediaba, vigilaba y detenía por horas. Estas razones motivaron a gran parte de los exreos políticos a exiliarse. Sin embargo, muchos han tenido que regresar por diversos motivos, exponiéndose a ser nuevamente privados de su libertad.
