27 de julio 2023
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) omitió información clave sobre la situación de violencia que se vive en las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, permitiendo con esa omisión que el Gobierno de Daniel Ortega consiguiera un préstamo de 116.6 millones de dólares del Fondo Verde del Clima –y cuyos desembolsos están “congelados”–, según un informe del Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés), revisado por CONFIDENCIAL.
Esta información “hubiera permitido al personal del Fondo Verde del Clima, de la Junta, y otras partes interesadas, estar mejor preparados para realizar la evaluación y la mitigación de los riesgos planteados por y para el proyecto”, señaló el IRM en el informe, realizado tras la queja que comunitarios indígenas y representantes de organizaciones independientes presentaron en 2021, condenando el préstamo millonario otorgado al régimen de Daniel Ortega.
El BCIE fue acreditado por el Fondo Verde del Clima para recibir los recursos que serían ejecutados por el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
El IRM señala que es “particularmente preocupante” que, en varias ocasiones, el BCIE afirmó “que conoce muy bien las áreas de ejecución del proyecto y que ha trabajado en ellas en muchos proyectos anteriores”. A pesar de esto –cuestiona– el BCIE no brindó información detallada sobre “la naturaleza, frecuencia, ubicación, actores, dinámica, alcance y gravedad de la violencia en la Costa Caribe, ya sea debido a la falta de datos o a la decisión de posponer un análisis más exhaustivo” a una etapa posterior del proyecto.
Cuestionamientos alcanzan a la FAO y la Secretaría del Fondo Verde
El IRM también criticó a la Secretaría del Fondo Verde por no verificar la documentación del BCIE ni tener contacto con las comunidades involucradas antes de aprobar el proyecto.
La propuesta de financiamiento para Nicaragua y sus instrumentos complementarios fueron redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Nicaragua, que fue contratada para ello por el BCIE. Por esto, el IRM también señala que la FAO no participó en el proceso de consentimiento libre e informado con las comunidades indígenas, y cuestiona su tarea.
Además, el informe del Mecanismo enfatiza que la débil aplicación de las leyes y del Estado de derecho en Nicaragua están creando una atmósfera de impunidad que favorece a los colonos.
Un reportaje de CONFIDENCIAL, publicado en abril de 2023, detalló que unos 70 indígenas miskitos y mayangnas de la Costa Caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores en la última década; otro centenar ha sido víctima de secuestros, violaciones sexuales, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripléjico, y miles han sido obligados a dejar sus comunidades en desplazamientos forzados.
El artículo titulado Genocidio en impunidad: 70 indígenas de Nicaragua asesinados en la última década, describe cómo los ataques contra las comunidades indígenas han incrementado desde 2018, mientras el régimen de Ortega minimiza las agresiones a “rencillas personales”.
El BCIE y la FAO “bolearon” al IRM
Durante su investigación, el IRM preguntó al BCIE sobre el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas, y el personal del organismo multilateral los mandó a consultar a la FAO, pero esta respondió que esa información debían verla con el Marena, alegando que era el responsable de hacer las consultas con las comunidades.
La investigación del IRM incluyó la visita de una misión a Nicaragua y conversaciones con 45 indígenas y afrodescendientes, entre ellos 23 miembros de los Gobiernos Territoriales Indígenas.
Además, entrevistó a representantes del BCIE, consultores de la FAO, personal de la Secretaría del Fondo Verde del Clima, y el grupo que en 2021 interpuso la queja contra el proyecto bajo condición de confidencialidad.
La documentación para la propuesta de financiamiento a Nicaragua, elaborada por la FAO, fue presentada por el BCIE ante el Fondo Verde del Clima, y contó con el visto bueno de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, el informe precisa que, para el proyecto, el Fondo Verde del Clima mantiene comunicación única con el BCIE, quien tiene la responsabilidad de “garantizar que se haya llevado a cabo de forma correcta la debida diligencia de primer nivel sobre las partes interesadas más cercanas al proyecto”.
Situación es “sumamente grave”, valora ambientalista
El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz –confiscado y desnacionalizado por el régimen orteguista– ha dado seguimiento al desarrollo de este proyecto desde antes de su aprobación, y opina que el BCIE y la FAO fueron negligentes.
Según Ruiz, fue un funcionario de la FAO quien propuso un acuerdo de convivencia en las comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar de que durante años han denunciado masacres y violaciones de los derechos humanos por parte de los colonos que invaden sus territorios.
Ruiz lamenta que el acuerdo se realizó “sin antes evaluar qué podría significar eso en los territorios indígenas” y califica la situación como “sumamente grave”, porque considera que la FAO debería de cumplir con sus reglamentos internos y los procesos de consulta cuando redactó el informe.
El ambientalista asegura que la FAO se ha convertido en “el intermediario del régimen ante el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), para conseguir recursos millonarios en el financiamiento climático y ambiental en Nicaragua”, y agrega que “lamentablemente la agencia de la FAO está siendo utilizada como soporte del régimen en la búsqueda de recursos financieros verdes”.
A su juicio, tanto el BCIE como la FAO se han influenciado por sus intereses económicos para favorecer al régimen de Ortega.
Asimismo, advierte que “lo que está en juego en las próximas reuniones (de la Junta del Fondo Verde) es la reacreditación del BCIE”, porque destaca que el informe del IRM “cuestiona el proceso de transparencia de la entidad acreditada para cumplir las condicionalidades, y también señala el incumplimiento de los procesos de consulta, de consentimiento, las violaciones a ciertos procedimientos y políticas”.
Ruiz –quien está exiliado en Costa Rica desde 2018, cuando el régimen canceló la organización no gubernamental Fundación del Río– considera que el organismo multilateral “se está jugando” su reacreditación ante el Fondo Verde, y lamenta que “el BCIE no está interesado en respetar los derechos de las comunidades indígenas”, sino “en conseguir recursos financieros y ejecutar proyectos”.
Desembolsos del Fondo Verde a Nicaragua están “congelados”
El proyecto para Nicaragua, titulado “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawas y Río San Juan”, fue aprobado el 13 de noviembre de 2020. Sin embargo, los desembolsos para iniciar el proyecto están congelados.
A mediados de julio de 2023, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima decidió mantener congelados los desembolsos del proyecto hasta que el régimen de Ortega cumpla con las políticas y procedimientos establecidos por la Secretaría de este organismo. Estos requisitos incluyen: una consulta libre previa e informada con las comunidades involucradas, la identificación de un tercer actor independiente que supervise las acciones del proyecto, y garantías sobre el uso transparente de los recursos.
En junio de 2021, comunitarios indígenas y afrodescendientes presentaron una queja ante el IRM, argumentando que el proyecto perjudicará a las comunidades indígenas y afrodescendientes por un probable aumento de la degradación ambiental y de ataques por parte de colonos no indígenas armados.
Además, alertaron el incumplimiento o incapacidad del BCIE y las instituciones nicaragüenses para seguir con éxito con las políticas y procedimientos del Fondo y las condiciones de la Junta para la aprobación del proyecto.
El BCIE fue acreditado ante Fondo Verde para el Clima el 14 de diciembre de 2016, mediante la modalidad de Acceso Directo Regional.
El BCIE ha sido el principal organismo multilateral que ha financiado a la dictadura orteguista. El organismo ha “oxigenado” al régimen, destinando hasta un 26% de todos los préstamos aprobados en la región, mientras en el país se deterioran los índices de gobernabilidad democrática, se irrespetan los derechos humanos y hay falta de transparencia.
El aún presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, ha sido cuestionado en varias ocasiones por el financiamiento a la dictadura y su cercanía con Ortega. Sin embargo, el banquero alega que los préstamos tienen soporte técnico y los recursos se usan de forma correcta y transparente.
Mossi, quien dejará su cargo en noviembre, ha calificado como “injustas” las sanciones internacionales a más de 60 altos funcionarios del régimen, señalados por corrupción, violaciones a los derechos humanos y sabotaje a la democracia.
