23 de julio 2023
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La ciudadana francesa Yvonne Horvilleur Cuadra y el nicaragüense Willy Rivas, de 77 años, no pudieron regresar a Nicaragua, luego que no los dejaron abordar el avión en Miami, Florida, donde hacían escala. Así terminó un viaje de ensueño a Francia, para asistir a la boda de una nieta. Los dos son familiares de la expresa política Jeannine Horvilleur, quien fue desterrada y desnacionalizada por la dictadura.
Fuentes conocedoras del caso confirmaron que a Horvilleur y Rivas no les dieron ninguna explicación sobre su impedimento para volar hacia Nicaragua. En el pasado, en casos similares, ha sido la aerolínea la que les informó de que no podían abordar, porque las autoridades nicaragüenses negaron su entrada al país.
Ese patrón coincide con las denuncias de ciudadanos críticos a Ortega, religiosos, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general, objeto de la represión de la dictadura.
Un sistema de justicia manipulado por Ortega ha sido usado, además, para desterrar y quitar la nacionalidad a centenares de ciudadanos—conculcando sus derechos cívicos y políticos, después de declararlos traidores a la patria—, mientras las autoridades consulares les indican a nicaragüenses en el exterior—aquellos casos a quienes sus pasaportes están por vencerse—que deben regresar al país para renovarlos, lo que es imposible por su condición de refugiados.
La señora Yvonne Horvilleur Cuadra es cuñada del perseguido político Javier Álvarez Zamora . El economista fue perseguido por la dictadura de Nicaragua y, al no encontrarlo porque ya se había exiliado, procesaron a su esposa Jeannine Horvilleur, su hija Ana Carolina y su yerno Félix Roiz. En enero de 2023, un mes antes que fueron desterrados sorpresivamente a Estados Unidos, el sistema de justicia bajo control de Ortega le había impuesto una condena de ocho años de prisión a ellas y diez de cárcel a él.
“Estos miembros de la familia de Javier Álvarez estuvieron detenidos arbitrariamente. Esto evidencia que el régimen continúa persiguiendo y el tema de evitar el retorno a cualquier persona de su país de origen es una grave violación a los derechos humanos, no solo el derecho a la nacionalidad que fue prácticamente arrebatado de manera arbitraria, sino también el derecho de poder regresar a tu país de origen”, dijo el abogado Braulio Abarca, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +.
Una familia pasó de la cárcel al destierro
Los delitos imputados por la Fiscalía de Ortega a los familiares directos del economista Álvarez Zamora fueron en su momento “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”, pero también “propagación de noticias falsas”, un proceso que terminó en una condena.
El juez a cargo del proceso fue Félix Salmerón, quien forma parte de la maquinaria judicial—integrada por jueces y fiscales—con la que Ortega aseguró la condena de los presos políticos. Tanto Horvilleur Cuadra como su hija Ana Carolina tenían doble nacionalidad: francesa y nicaragüense. La madrugada del 9 de febrero de 2023, cuando fueron desterrados 222 presos políticos de Nicaragua a Estados Unidos por órdenes de la dictadura, Roiz era el número 50 de la lista, su suegra la 51 y su esposa la 52.
“El régimen utiliza todos los mecanismos que tiene a su disposición para ensañarse en contra de toda la población prácticamente en Nicaragua. Además de eso, no solamente detiene, sino que amenaza a las familias. Se ensaña contra ellas. Se cometen graves violaciones. Ellos fueron desterrados. El traslado forzoso hemos visto que es un delito de lesa humanidad y esto evidencia que se continúan violentando los derechos humanos, no sólo desde 2018”, lamentó Abarca, quien ha dado seguimiento a la historia de esta familia y a casos similares.
Abarca demandó a la comunidad internacional que se mantenga vigilante ante los abusos contra los ciudadanos y que se continúe demandando democracia, verdad y justicia para las víctimas de la dictadura de Nicaragua, cuyos casos permanecen en la impunidad ante la falta de institucionalidad en el país.
Para otro abogado, consultado bajo condición de anonimato, no se debe buscar ninguna legalidad en la actuación del régimen de Ortega, sino que sus decisiones se sostienen en el más puro absolutismo al punto que ha convertido a Nicaragua en una finca, o una casa “donde hay un perro rabioso que muerde a quien se le acerca”.
El jurista lamentó que las víctimas en el caso de los Horvilleur sean personas de la tercera edad, quienes son sometidas a un daño terrible, no solo porque les alteran sus vidas, sino porque atentan contra su reputación. La gente llega a imaginar que “algo debe haber contra ellos, cuando las autoridades actúan-en realidad- al margen de la ley”, explicó.
