20 de julio 2023
AA
Share
En la casa que fue confiscada a la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (AMCC) vivía un grupo de mujeres de diferentes comunidades rurales, que llegaron hasta la ciudad esteliana en busca de un lugar seguro para poder estudiar o trabajar. Sin embargo, desde el 11 de julio de 2023, cuando oficiales de la Policía Nacional y miembros de la Alcaldía de Condega irrumpieron el inmueble, este grupo se quedó sin un hogar.
“A la organización le cancelaron su personería jurídica en mayo de 2022, pero la casa seguía funcionando porque legalmente, según los estatutos de la organización, es la Junta Directiva la que decide qué se hace con el espacio ante cualquier cierre”, explica una integrante de la AMCC, que pidió no ser identificada por temor a represalias.
A la asociación le cancelaron su personería jurídica por no haberse registrado como “agente extranjero” y, supuestamente, por no presentar detalles de sus estados financieros y de sus donantes, justificó el Ministerio de Gobernación.
Al momento de la confiscación del inmueble, de unos 370 metros cuadrados, habían pertenencias de las jóvenes, unas cuantas literas, utensilios de cocina y una refrigeradora.
“Viví en esa casa por siete años y puedo decir que por allí pasaron muchas jóvenes que necesitaban un espacio para vivir, que en sus comunidades no podían acceder a educación o un trabajo. Entonces, la casa se volvió un espacio seguro para ellas”, narra la integrante de la AMCC.
La confiscación
Un año y 40 días después de que fue cancelada la personería jurídica de la AMCC, la Policía Nacional confiscó el inmueble que les pertenecía. Según describe la integrante de la AMCC, en la tarde del 11 de julio de 2023, llegaron unos oficiales que romper los candados de la casa.
En el inmueble no había nadie. Los oficiales solo rompieron los candados y se fueron. Por lo cual, las integrantes de la asociación decidieron enviar a la mañana siguiente a alguien a ponerlos nuevamente. Sin embargo, cuando el ciudadano llegó a la casa se encontró con que tres funcionarios de la Alcaldía de Condega ya estaban adentro.
“Hasta el momento, la casa no ha sido entregada a nadie, pero conocemos por fuentes cercanas que allí van hacer una universidad, supuestamente”, comenta.
A pesar de la confiscación, la activista asegura que “la AMCC va a seguir porque la organización no eran las paredes físicas, sino era todo un trabajo de un tejido social que se ha venido haciendo y se ha venido construyendo a lo largo de estos años y que sabemos de que la organización está en cada persona y cada comunidad en la que trabajamos”.
Este es el segundo inmueble que es confiscado en Condega a una organización de mujeres. El 20 de junio pasado, la Policía en conjunto con el Mined se tomó las instalaciones de la Asociación Red de Mujeres de Condega para la Formación y Desarrollo Integral. El edificio pertenecía a la Asociación Pro Recreación, Educación y Orientación Juvenil, (Aproroj), cuya personería jurídica fue anulada en 2022.
Además de estas dos propiedades de organizaciones de mujeres, también han sido confiscadas otras oenegés a las cuales les cancelaron su personería jurídica en 2022, como: la Fundación Luisa Mercado, las instalaciones del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo de Esquipulas de Matagalpa y el asilo de ancianos Sor María Romero que recibía apoyo de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense.
Vivieron asedio
La AMCC tenía 34 años de existir en Condega. Durante un tiempo, esa casa había funcionado como una escuela técnica donde enseñaban carpintería, soldadura, electricidad, energía solar fotovoltaica, construcción natural. La escuela cerró en 2013 y desde entonces la casa quedó como un lugar para recibir a jóvenes de las comunidades.
Tras las protestas de 2018, la ACMM al igual que otras organizaciones de mujeres comenzaron a sufrir asedio. Sin embargo, continuaron con su trabajo.
“Tenemos videos de nosotras dentro de la casa, porque teníamos cámaras, donde se ve a la Policía llevarse todo el sistema de cámaras que teníamos. Nos presionaban para que nos saliéramos subiendo el precio de los servicios básicos, el recibo de agua nos llegó a salir hasta en 3000 córdobas”, cuenta la activista.
