Pequeño empresario de la construcción relata cómo el Gobierno lo llevó a la quiebra

Un pequeño empresario del sector de la construcción —al que llamaremos “Raúl” para proteger su identidad— denunció haber sido despojado de un poco más de dos millones de córdobas por parte de dos instituciones del Gobierno de Nicaragua, que se confabularon para no pagarle por una obra para la que fue contratado varios años atrás. El golpe fue tan severo que despidió a su personal, cerró su empresa, y está haciendo planes para irse del país.

“Raúl” es un técnico especializado en el ramo de la construcción, que relató a CONFIDENCIAL cómo hace varios años participó en la licitación gubernamental de una obra de infraestructura pública incluida en el Presupuesto de la República, financiada con fondos de la cooperación internacional. Aunque no pensaba que aquel trabajo le cambiaría la vida, eso fue exactamente lo que pasó, solo que no en la forma en que hubiera podido esperar, porque cuando cobró su dinero, se convirtió en blanco de un ataque coordinado de dos ministerios de Gobierno.

Él pagó, pero  no le pagaron a él

Este constructor relata que supo que se había abierto una licitación para contratar a alguien con sus conocimientos, habilidades y experiencia, y aplicó. En poco más de dos semanas le comunicaron que había sido seleccionado, y aunque le pareció muy extraño que el proceso hubiera durado tan poco, se dispuso a completar los trámites. “Me pidieron que presentara mis papeles en orden, y como yo tenía todo en orden, seguimos con el procedimiento”.

Recuerda que, como parte del proceso administrativo, le pidieron que pusiera una garantía bancaria por un poco más de un millón de córdobas como requisito para seguir adelante. Si bien no disponía de esa suma en efectivo, puso como respaldo una propiedad valorada en más de un millón y medio de córdobas, confiado en que él ya había hecho trabajos pequeños para el Gobierno, y se los pagaron entre uno a tres meses, así como en el consejo de un familiar que le dijo que “el Estado paga tarde, pero paga, y yo me fui de boca”.

Aunque recibió un adelanto de casi un tercio del valor final de la obra, “Raúl” tuvo que acudir a la banca comercial, de donde obtuvo un poco más de 900 000 córdobas, y él aportó otros 350 000, tanto en dinero que tenía ahorrado así como en materiales que tenía en bodega. 

Usó ese dinero para comprar el resto de los materiales, pagar transporte, y cerca de un cuarto de millón de córdobas en salarios, durante los casi cuatro meses que duró la obra. Aunque ya no recibió más dinero de parte del Estado, decidió tomar dinero que iba ganando en otros proyectos que realizaba en paralelo. “Prioricé la mano de obra, para que no me fueran a demandar ante el Ministerio del Trabajo. Les pagué a todos”, asegura.

Castigado por cobrar

Su predicamento comenzó después de entregar la obra concluida, y presentarse a cobrar lo que le debían, recibiendo las más diversas excusas a lo largo de los años. Después de mucho reclamar, logró una resolución en su beneficio y fue con ella al Ministerio de Hacienda, donde le prometieron que iban a programar su pago. En vez de eso recibió una notificación del Ministerio de Gobernación ordenando auditar su negocio. Los inspectores se llevaron facturas, recibos, libros contables, historial de facturación… “me dejaron sin un solo papel, incluyendo la información de mis clientes”, explica.

Para su sorpresa, el Ministerio de Hacienda le comunicó que ya le habían hecho el pago, pero cuando fue al banco a buscar el dinero, encontró con decepción que sus cuentas estaban bloqueadas por orden del Ministerio de Gobernación, así que fue allá a preguntar cuándo se las liberarían, recibiendo por toda respuesta que todo lleva un proceso, que tenía que esperar, y que ellos le iban a notificar.

Él sigue esperando esa notificación. Mientras tanto, los ejecutivos bancarios siguen cobrándole el dinero que le prestaron, y aunque saben que sus cuentas están bloqueadas, mantienen la amenaza de demandarlo. En paralelo, narra que impartía clases en una universidad privada, y que al saber que sus cuentas estaban bloqueadas, la entidad educativa le rescindió el contrato con el argumento que no querían correr riesgos porque son una oenegé.

Después de llegar a tener hasta doce trabajadores, y en ocasiones tener que subcontratar otros talleres para cumplir los pedidos que recibía, ahora está solo en su taller, que luce desolado. Pudo seguir adelante buscando pequeños trabajos en las calles. “Si algo vale 600, cobro 350 para que me lo den a mí” dice prometiendo que no permitirá que eso sea para siempre. Sus planes pasan por “malvender mis implementos de trabajo y emigrar con mi familia. No voy a dejar a nadie aquí”.

Mientras llega el momento de dejar todo atrás, recuerda que ya canceló los créditos que obtuvo de varios prestamistas con los que ha trabajado. “Ya les pagué a todos, menos a una señora que sabe lo que me está pasando. Aunque ella sigue siendo muy comprensiva, yo sé que toda paciencia tiene un límite. Por lo pronto, decidió congelar los intereses, y solo pidió que le pagara en dólares. Ella me dijo que si algo le pasa, que le pague a sus hijos, y aunque no tenemos papeles firmados, esta es una deuda de honor que yo voy a honrar”.

El nuevo modelo oficial 

Después que se rompiera el ‘modelo de diálogo y consenso’, y en especial, después que se aprobara la reforma tributaria de 2019, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó sus ataques en contra de las empresas del sector privado, en especial —pero no únicamente— las más grandes, sometiéndolas a cobros ilegales, multas, reparos, dudas de valor, aumento del valor catastral sobre el que hay que tributar.

Se suma a ello la existencia de una red de gestores tributarios —empleados y exempleados de la Dirección General de Ingresos (DGI)— y de aforadores que trabajan para la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), que hacen cobros por su cuenta, aprovechando el ambiente de corrupción que impera en las altas esferas del organigrama de ambas entidades.

Ello ha llevado al cierre o disminución de las operaciones de las empresas, menor captación de inversión extranjera, migración de empresarios y profesionales, etc., sin descartar que, aunque las cifras de recaudación tributaria crecen en cada ejercicio, el crecimiento podría haber sido mayor si las empresas hubieran podido usar el dinero para hacer negocios, comprar materia prima, contratar personal, etc., en vez de tener que dárselo al Gobierno.

Multas cierran empresas y despiden personal

“Raúl” no tiene esperanza en ver resuelto su caso, ni piensa que él haya sido un desafortunado al que la dictadura eligió agredir. Lo dice porque conoce los casos de dos empresas con las que él ha trabajado, las que también han sido víctimas de acciones extorsivas que las tienen al borde del cierre.

Una de ellas es la ferretería donde se surte de materia prima. Esa empresa se quedó sin producto, porque “la Aduana les impuso un sobreprecio tan alto que no pueden pagarlo. Aparentemente, quieren obligarlos a subir los precios para que empresas propiedad de algunos allegados al régimen puedan vender más barato, y sacar a esta ferretería del mercado”, reflexiona.

También relata el caso de una empresa de manufactura a la que la DGA multó con 178 000 dólares por unos reportes que no se presentaron a tiempo. “Es cierto que no los entregaron, pero tenían que cobrarles 700 dólares, no 178 000. El dueño despidió al personal —más de 100 trabajadores— cerró la planta de producción y liquidó los activos, pero ahora tiene a varios clientes demandándolo para que cumpla los contratos”.