14 de julio 2023
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Nicaragüenses despojados de su nacionalidad y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos solicitaron a la Unión Europea que priorice la situación de Nicaragua y que se proponga la creación de un “Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense” para garantizar “una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel” ante la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, en la Cumbre Unión Europea- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará este 17 y 18 de julio, en Bruselas.
A través de una carta, 29 organizaciones y 160 víctimas del régimen orteguista, entre ellos los exprecandidatos presidenciales Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; periodistas, líderes cívicos y otros, agradecieron la postura de varios Gobiernos de América Latina, incluido el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) condenando públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen orteguista. Sin embargo, lamentaron que esa respuesta internacional “ha carecido hasta ahora de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”.
“Instamos a los Gobiernos de América Latina, a la UE y a sus Estados miembros, a establecer un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’ integrado por Gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática”, demandan en el documento.
Según los firmantes, este futuro grupo “debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible”.
Si bien, el país ya cuenta con un Grupo de Trabajo para Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), los opositores señalan que la gravedad de la crisis requiere de “una acción de más alto nivel liderada por Gobiernos de América Latina y el Caribe”.
“Consideramos que estos esfuerzos también podrían beneficiarse de la participación del SEAE o de Estados miembros de la UE”, indican.
Crímenes de lesa humanidad
En la misiva, los opositores recordaron que pocos países, entre ellos Nicaragua, “han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave”, que incluye ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario.
Añadieron que “un contundente informe publicado a principios de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN) concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos”.
Según organizaciones de derechos humanos, 64 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua. Asimismo, el Gobierno recientemente despojó de su nacionalidad a 317 críticos y confiscó sus bienes.
Las autoridades también han restringido drásticamente el espacio cívico, a través de la cancelación de la personería jurídica de más de 3500 organizaciones no gubernamentales desde 2018. Entre otros, el Gobierno ha perseguido a la Iglesia católica, sus sacerdotes y obispos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado arbitrariamente a 26 años de prisión.
Asimismo, no se ha permitido ingreso de observadores internacionales al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018.
Finalmente, los opositores esperan que esta cumbre sea una oportunidad para discutir los desafíos apremiantes en materia de DD. HH. de Europa y América Latina. Eso pasa por el retroceso democrático, la violencia e inseguridad y los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo.
