6 de julio 2023
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La condena de 26 años y cuatro meses de cárcel contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, es rechazada por el 79% de los nicaragüenses, según los resultados de una encuesta de la firma costarricense CID Gallup, contratada por CONFIDENCIAL.
A la pregunta: ¿Qué opinión tiene sobre la condena a monseñor Álvarez?, el 79% respondió entre “nada o poco favorable”, mientras un 21% se mostró entre “algo o muy favorable”.
Basándose en la afiliación política, el 56% de los que se identificaron como “sandinistas” dijeron estar “nada o poco favorables” con la condena, mientras el porcentaje restante se mostró a favor, según el estudio de opinión pública, elaborado entre el 14 y 20 de junio de 2023.
Para la encuesta se entrevistaron a 823 ciudadanos a través de llamadas a sus teléfonos celulares. El margen de error es de + −2.93% y el nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la ficha técnica.
Es la primera vez que un estudio de opinión pregunta sobre la condena contra Álvarez, por los presuntos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”. El obispo fue sentenciado el 10 de febrero de 2023 en un juicio exprés realizado un día después que se negó a abordar un avión que lo llevaría a Estados Unidos junto a otros 222 excarcelados políticos que fueron desterrados. Ese mismo fue desnacionalizado y trasladado a una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”.
Fuentes diplomáticas y eclesiásticas informaron a CONFIDENCIAL que el obispo fue sacado de La Modelo en la noche del lunes 3 de julio, pero devuelto un día después a la celda de máxima seguridad, luego de que fracasaron las “negociaciones” entre la dictadura, la Conferencia Episcopal y el Vaticano para “liberarlo y enviarlo al exilio”.
“La única circunstancia en la que monseñor Álvarez aceptaría irse al exilio es si el papa Francisco se lo pide o se lo ordena, y eso no ocurrió antes, ni tampoco ha ocurrido en las pláticas que llevaron a cabo esta semana con un representante diplomático del Vaticano”, dijo una de las fuentes.
Monseñor Álvarez también demandó la liberación de los cinco sacerdotes detenidos y el descongelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia católica, pero sus peticiones fueron rechazadas por los representantes del régimen en la negociación.
El 28 de junio de 2023, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ordena a la dictadura Ortega Murillo la liberación del obispo, sin embargo, el régimen desacató la sentencia judicial.
Mayoría no apoya suspensión con el Vaticano
La Iglesia católica y sus obispos y sacerdotes mediaron en los intentos de diálogo nacional en 2018 y 2019, y apoyaron la demanda de libertad para los presos políticos, recibiendo ataques y amenazas de la dictadura y sus operadores.
La presión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica incrementó en 2022, cuando el Gobierno —a través de su maquinaria represiva, encabezada por la Policía Nacional— inició a cerrar emisoras católicas, profanar iglesias, expulsar del país a curas y monjas —van más de 80 hasta julio de 2023—, prohibir las procesiones, y encarcelar, desterrar y desnacionalizar a sacerdotes. Asimismo, la dictadura suspendió las relaciones diplomáticas entre la dictadura y la Santa Sede.
Ortega ordenó la suspensión unilateral de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, el 12 de marzo de 2023, unas horas después de publicarse una entrevista en la que el papa Francisco calificó como una “dictadura hitleriana” al Gobierno sandinista, de cuyo máximo dirigente, Daniel Ortega, comentó —“con mucho respeto”— que padece “un desequilibrio”.
CID Gallup preguntó a los nicaragüenses: ¿Considera adecuada la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano?, el 62% respondió que “no”, un 25% que “sí” y un 13% “no sabe o no responde”.
En sus apariciones públicas, desde abril de 2018, Ortega acostumbra atacar a los obispos nicaragüenses a quienes tilda de “mafiosos”, “terroristas” y “golpistas”. Además, los ha acusado —sin pruebas— de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, a su juicio, “actúan en Nicaragua para derrocarlo”.
