4 de julio 2023
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La dictadura orteguista ordenó este martes 4 de julio de 2023 la anulación de la personería jurídica y la confiscación de todos los bienes de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo. La medida ocurre dos días después que la Policía del régimen asaltó la casa de las hermanas de la fraternidad, en León, y expulsó de Nicaragua a cuatro religiosas de origen brasileño.
A través del acuerdo ministerial 91-2023-OSFL, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, el Ministerio de Gobernación (Migob) argumentó que la cancelación y confiscación se da porque la Fundación incumplió supuestamente la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, al “no presentar” sus últimos estados financieros y tener la Junta Directiva “vencida” desde el 25 de febrero de 2021.
Según el Migob, la Fundación “obstaculiza el control y vigilancia” de la Dirección General de Registro y Control de OSFL, y “no promueven políticas de transparencia en la administración de los fondos” que manejan, por lo que presuntamente el ente regulador “desconoce” las actividades que realizan.
Gobernación estableció además que a la Procuraduría General de la República (PGR) le corresponderá traspasar a nombre del Estado los bienes muebles e inmuebles de la Fundación.
Las misioneras de la Fraternidad Pobres de Jesucristo están en Nicaragua desde 2016, aunque según el Migob obtuvieron la personalidad jurídica en 2019. Ellas atendían en la vivienda allanada por la Policía en León, ciudad en la que se han dedicado al servicio de los pobres, a través del suministro de alimentos, vestuario y oración.
Se caracterizan por ser multivocacional y estar integrada por personas consagradas, sacerdotes y laicos. Tienen presencia en 14 países, incluida Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se lee en su sitio web.
La dictadura ha confiscado los bienes de todas las oenegés que han sido ilegalizadas tanto por la Asamblea Nacional como por el Migob. Los bienes de las oenegés han sido traspasados a instituciones y ministerios del Estado.
Desde el 2018, el régimen ha ordenado el cierre ilegal de 3364 oenegés en Nicaragua. Esta decisión política ha dejado a más de 23 480 desempleados, pérdidas de al menos 255 millones de dólares en proyectos y 3.4 millones de nicaragüenses en condición de vulnerabilidad, según un informe de la Fundación del Río.
Religiosas brasileñas fueron acogidas en El Salvador
Las misioneras brasileñas expulsadas por el orteguismo fueron acogidas en El Salvador, informó el lunes el Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo a través de una declaración pública. “Queremos, por medio de este comunicado, manifestar nuestra gratitud por los siete años de misión en tierras de Nicaragua”.
Las misioneras religiosas tenían previsto abandonar Nicaragua esta semana, luego de que las autoridades de Migración y Extranjería del régimen no les renovaran sus residencias.
Una fuente cercana a las religiosas explicó a CONFIDENCIAL que las misioneras tenían previsto irse de Nicaragua “porque no les extendieron el permiso de estadía. Su obra era alimentar a los indigentes, proveerles ropa y otros víveres”.
“Ellas (las hermanas) les comunicaron un día de entrega de ayuda a los que llegan que ya no iban a estar en el país, pero no le dijeron cuáles eran las razones específicas”, comentó la fuente.
Los planes de salida fueron confirmados por las religiosas a través de una llamada telefónica realizada por CONFIDENCIAL.
“Agradecemos la acogida de la Iglesia y del pueblo durante ese tiempo que nuestro carisma permaneció en el país sirviendo a los pobres en sus múltiples rostros”, continuó el Instituto de las Hermanas Pobres de Jesucristo, una orden católica que pertenece a una Fraternidad Franciscana, fundada en Brasil por el sacerdote Gilson Sobreiro.
Las religiosas agradecieron a “todas las consagradas, laicos, jóvenes, bienhechores y amigos que construyeron con nosotros la misión, haciendo posible llevar Cristo a los pobres”, y anunciaron que continuarán con su misión en El Salvador.
Más de 80 religiosos expulsados
Con la expulsión de las hermanas brasileñas, se eleva a 84 el número de religiosos —entre sacerdotes y monjas— obligados a irse de Nicaragua desde 2018 a la fecha, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez. El régimen ha utilizado diferentes mecanismos de presión, como exilio, negativa de ingreso al país o no renovarles su residencia en un contexto marcado por múltiples ataques contra la Iglesia católica.
Se calcula que 44 religiosos y 40 monjas han salido del país en estos últimos cinco años, pero con mayor énfasis, entre 2022 y el presente, según datos actualizados de una base de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
La especialista ha destacado que, en el caso de las religiosas expulsadas, la cifra “es prácticamente simbólica” porque, generalmente, ellas no denuncian sus casos. Sin embargo, es confirmado que desde enero de 2021, el Migob mantiene un férreo control de los extranjeros residentes en Nicaragua, sean laicos o religiosos.
En varios casos de religiosos extranjeros, el Migob no les ha renovado su residencia, lo que implica una expulsión de facto, ya que los afectados sí cuentan con los requisitos solicitados por las autoridades, pero no hay forma de apelar la decisión tomada.
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la Santa Sede.
*Con información de EFE.
