18 de junio 2023
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua”. Esto debido a “la continua represión y violaciones a los derechos humanos” de los nicaragüenses.
El llamado de la CIDH se hace en un momento en que los miembros de la OEA intentan concertar una propuesta de declaración sobre Nicaragua, que podría ser aprobada durante la Asamblea General de cancilleres de la próxima semana. Hasta el momento existe un proyecto de declaración crítica de la situación en el país, impulsada por el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, y una propuesta alternativa realizada por el Gobierno de Brasil, el cual busca suavizar el tono del texto original.
Entre los argumentos de la CIDH para este llamado destaca el decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles de las 222 personas excarceladas y expulsadas arbitrariamente de Nicaragua. Una medida que fue formalizada el 9 de junio, mediante un requerimiento realizado por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República.
“Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país”, explica la CIDH en un comunicado de prensa. “La confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, agregan.
Nicaragüenses señalan "apatridia de facto"
El organismo de derechos humanos también expresa “preocupación” por la “política arbitraria que mantienen las autoridades respecto del libre ingreso o salida del país de la población”. Al respecto, la CIDH señala que, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), continúa recibiendo información sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición para impedir la salida de personas al exterior.
“MESENI ha recibido información sobre casos de prohibición de retorno de personas nicaragüenses, quienes se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países”, se lee en el comunicado de la CIDH.
Agregan que algunas personas a las que el Estado impidió arbitrariamente el retorno a Nicaragua, “señalaron al MESENI encontrarse bajo una ‘apatridia de facto’ debido a la imposibilidad de renovar los pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación”.
Ante esta situación, la CIDH recuerda que la Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria; asimismo, los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella.
Preocupación por nuevas detenciones
Por otra parte, la CIDH expresa preocupación por las recientes “detenciones arbitrarias” de personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia católica. “Entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos”, destacan.
Si bien algunas detenciones fueron temporales, decenas de personas fueron “judicializadas en audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales”, dice el organismo. En otros casos, las autoridades habrían impuesto discrecionalmente la medida cautelar de "casa por cárcel" y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, “lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente”, continúan.
A la fecha, prevalece un contexto generalizado de falta de información oficial sobre el paradero de las personas detenidas y su situación jurídica, lo que dificulta el trabajo de la sociedad civil para documentar nuevos casos de personas presas políticas.
En este contexto, en el mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la inhabilitación vitalicia de 26 abogados, “con lo cual buscaría perpetrar un ambiente de miedo y autocensura en contra de quienes ejercen la defensa de personas opositoras políticas o siguen trabajando en Nicaragua”, subrayan.
Ante este panorama hostil, la CIDH “urge” al Estado nicaragüense a “poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas en el país y a la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria”.
