15 de junio 2023
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El Gobierno de Estados Unidos extendió por otros 18 meses el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a más de 300 000 migrantes de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Nepal y con esa decisión los migrantes podrán permanecer de manera regular en el país hasta mediados de 2025.
“Los beneficiarios de TPS existentes que deseen extender su estatus hasta el 5 de julio de 2025 deben volver a registrarse durante el período de reinscripción de 60 días desde el 6 de noviembre de 2023 hasta el 5 de enero de 2024”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado de prensa.
Sin embargo, antes que ocurriera la extensión, miembros de la diáspora y exiliados políticos urgieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que redesigne y amplíe el TPS a los nicaragüenses que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular huyendo de la crisis sociopolítica de Nicaragua a partir de 2018.
La redesignación estaba prevista por la Casa Blanca para la última semana de abril. No obstante, la oficina de la asesora para política interna del presidente Biden consideró oportuno incluir a los migrantes de El Salvador y Honduras por lo que se retrasó el proceso.
Para el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y miembro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, esta decisión abre posibilidades para las personas beneficiarias, pero también indica que aún la puerta para que el Gobierno de Estados Unidos redesigne el TPS para Nicaragua aún está abierta.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció la extensión del TPS por otros 18 meses, a los titulares de este beneficio originarios de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Nepal. Al menos 4250 beneficiarios son nicaragüenses que tienen más de 20 años viviendo en EE. UU. ¿Qué beneficio recibirán?
Efectivamente el Departamento de Seguridad Nacional el martes 13 de junio anunció que se amplía el plazo de estatus de protección temporal para esos 4250 nicaragüenses, aproximadamente que gozan de ese estatus desde 1999, el que les concede seguridad jurídica en los próximos 18 meses y les renueva su permiso no solamente de residencia temporal sino también de trabajo.
Pero también el DHS rescindió o dio por terminada la orden de la administración anterior que cancelaba el estatus de TPS para ciudadanos de varios países, entre ellos Nicaragua.
¿Por qué no son candidatos a recibir un estatus de residencia permanente?
La ley que se adaptó en 1990 contempla que esta es una medida temporal y que no da derecho a residencia permanente. Se considera que es una medida humanitaria, que el Gobierno de los Estados Unidos está facultado para otorgar, en casos concretos. El primero tiene que ver cuando hay un conflicto armado, por ejemplo, una guerra o una asonada. El segundo, cuando hay un desastre natural en el país de origen y el tercero cuando las circunstancias impiden el regreso seguro de ese grupo de migrantes al país de origen.
¿Qué pasará cuando este beneficio se vuelva a vencer en 2025? ¿Quedarán de nuevo en riesgos de deportación?
Cuando este beneficio venza, en el año 2025 pueden ocurrir varias cosas: por un lado, es probable que estas personas que ya tienen TPS puedan lograr de alguna manera hacer permanente su estatus a través de las otras vías que la ley de inmigratoria en Estados Unidos contempla o bien puede ser que el Gobierno considere de que para entonces amerita una nueva extensión o una nueva ampliación o tercero es que se pueda dar una reforma migratoria que de alguna manera permita que estas personas tengan otro estatus.
Medios estadounidenses reportaron en marzo que la Administración Biden planeaban redesignar un TPS para nicaragüenses víctimas de la represión de Ortega. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra?
Efectivamente la Administración Biden ha estado estudiando seriamente la posibilidad de volver a designar a lo nicaragüenses para que puedan gozar del estatus de protección temporal y lo que eso implica es que acogería a los nicaragüenses que están ya en territorio estadounidense, pero que no tienen estatus o tienen un estatus incierto. Y esto no aplica solamente a los que han llegado desde 2018 o 2019 acogería a todo el que esté presente en el territorio estadounidense a la fecha en que se designe.
En principio estamos trabajando, desde hace casi dos años, por la designación de Guatemala que es un país que no ha tenido TPS con anterioridad, pero también la redesignación de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador.
Paralelamente desde septiembre del año pasado emprendimos una campaña paralela para solamente centrarnos en Nicaragua. A partir de esta primavera, de enero y febrero de este año, se ha intensificado los esfuerzos y hoy por hoy creemos que estamos bastante cerca y así nos han indicado, pero obviamente, nos hemos topado con el hecho de que Nicaragua también es uno de los países que estuvo sujeto a la orden de la Administración anterior de cancelar su estatus de TPS y es uno de los países que están en litigio federal.
La Administración ha decidido intentar resolver ese caso judicial primero y luego estudiar nuevamente si efectivamente se puede redesignar esta condición nuevamente para que los nicaragüenses puedan acogerse a un estatus de protección temporal.
La CBS publicó este martes una nota en la que asegura que lo que ocurrió fue que la Administración Biden decidió no ofrecer ese TPS para más nicaragüenses por miedo a que se incrementen las llegadas a la frontera. ¿Qué información manejan ustedes que han cabildeado esta redesignación?
En el pasado hemos trabajado en la designación o redesignación de otros países en los cuales se ha expresado el temor de que estos programas o estas medidas que en realidad son primordialmente humanitarias generen un “efecto llamada”, es decir, que compatriotas en el país de origen al escuchar que sea designado o redesignado un país para TPS asuman y les susciten esperanzas de que al llegar a Estados Unidos recibirán el estatus de protección temporal.
Hay que tener en cuenta que este estatus solamente beneficia a quienes ya están en territorio estadounidense y no les da derecho a quienes están fuera. Es probable que la Administración esté pensando en nuevas formas de asegurarse de que esta redesignación, de llegar a anunciarse, no genere expectativas que aumenten o incrementen el flujo migratorio hacia la frontera
¿Cuáles son las demandas específicas y las necesidades de los beneficiados con TPS?
Quienes tienen TPS generalmente buscan seguridad jurídica más que nada, es decir, asegurarse de que les permita residir temporalmente en el país y gozar de un permiso de trabajo que les permita sufragar sus gastos y poder mantenerse en el país.
Ahora bien, una vez que el beneficiario tiene un estatus de protección temporal “sale de las sombras”, que es la frase que se utiliza en estos círculos migratorios. Sale de las sombras por cuanto ya no tiene temor de que pueda ser deportado o enviado a su país de origen, sabe que podrá trabajar, obtener una licencia para manejar, tener una cuenta de banco, alquilar una vivienda y hacer absolutamente todo lo que un residente en los Estados Unidos está autorizado a hacer.
El TPS y todo lo que respecta a la migración en EE. UU. se vuelve un tema de debate político siempre que se acercan comicios electorales. En 2024 habrá elecciones generales ¿Cuál es el debate hoy sobre la migración en ese país?
Para el 2024 se anticipa que efectivamente va a ser un tema nuevamente, como ya lo ha sido en otros en otros ciclos electorales, y que va a ser un tema de debate y será sujeto a promesas electorales.
Se ha venido planteando desde principios de los años noventa la necesidad de otra reforma migratoria que pudiera complementar a la última la gran reforma migratoria que se dio en el año 1986 y se ha venido ampliando y se han hecho reformas a la Ley de forma paulatina y constante, pero esas reformas generalmente han sido no para ampliar los derechos de los emigrantes, sino para restringirlos y para hacer ver de que hay consecuencias severas para la migración ilegal.
Entonces todas las administraciones suelen, durante la campaña, prometer que habrá una reforma migratoria, suelen incluirlas en sus discursos el día de la investidura del gobierno y sin embargo no depende del poder Ejecutivo aprobarlas.
Siempre, constitucionalmente el poder del Estado tiene facultad casi exclusiva en temas migratorios es el Congreso, entonces depende siempre de la voluntad del Congreso y nunca faltan congresistas bastante solidarios que entienden esto y que siempre presentan propuestas de ley, pero las propuestas de alguna manera suelen no prosperar mucho.
