15 de junio 2023
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Una amplia mayoría de legisladores del Parlamento Europeo exhortó a los países miembros de la Unión Europea (UE) a activar el mecanismo de la “jurisdicción universal”, para investigar y castigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El llamado fue hecho a través de una resolución sobre la situación nicaragüense, aprobada a mano alzada en la Eurocámara, este jueves 15 de junio de 2023.
De acuerdo con el documento, los eurodiputados piden “a los Estados miembros que se basen en las pruebas recopiladas por el GHREN en relación con los crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades nicaragüenses y que apoyen el fin de la impunidad en Nicaragua, en particular iniciando investigaciones formales y emprendiendo acciones legales contra los responsables mediante el ejercicio de la jurisdicción universal”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), en su primer informe, concluyó que Ortega, Murillo y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezadas por la Policía, han cometido crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales, desde 2018 hasta la fecha.
Los expertos del GHREN —el jurista alemán Jan-Michael Simon y la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago— han sugerido “activar la jurisdicción universal”, un mecanismo legal que tienen muchos países, para investigar “la vulneración de derechos en otros países”.
A inicios de octubre pasado, en los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, se inició una investigación penal contra Ortega, Murillo y otras autoridades nicaragüenses para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad. Un hecho que la justicia argentina basa en el principio de jurisdicción universal reconocido en su Constitución.
A mediados de marzo de 2023, Simon explicó que “al haber concluido que el Estado de Nicaragua” ha violado la Convención Contra la Tortura, cualquier país que sea parte de la Convención “puede demandar” régimen ante la Corte Internacional de Justicia (CPI).
En la resolución, los eurodiputados animan a “los Estados miembros a llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Nicaragua es parte”.
Esta es la novena resolución que vota la Eurocámara sobre la situación en Nicaragua, desde 2018; sin embargo, es la primera vez que exhortan a los países a activar estos mecanismos legales internacionales. En las primeras cinco no los mencionan y en las últimas tres pidieron “a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma”.
El inconveniente con invocar el Estatuto de Roma, con el que se constituyó la CPI, es que Nicaragua no es suscriptor del mismo, por lo cual la dictadura puede argumentar que no le atañe.
Soraya Rodríguez: “romper la impunidad del dictador”
En una entrevista con el programa Esta Noche, la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos comentó que, desde la comunidad internacional, se deben apoyar todas las investigaciones “para llevar pruebas de los delitos cometidos de asesinatos, torturas, tratos degradantes, crueles e inhumanos”, que han sido verificados por el grupo de expertos de la ONU.
“Es una vía importante para al menos frenar la represión y poder reconducir esta situación”, señaló. “Necesitamos una mayor cooperación internacional para, desde mi punto de vista, romper la impunidad del dictador”.
La eurodiputada subrayó que, la aprobación de una novena resolución, es una señal inequívoca de que “Nicaragua está muy presente en la agenda de la política exterior de la Unión Europea”.
“En el Parlamento Europeo —prosiguió— hay un grupo muy importante de diputados que estamos volcados y viendo la situación y evolución del país. Desde la UE y el Parlamento nos comprometimos a que Nicaragua estaría en las prioridades de la política exterior y lo está a nivel internacional”.
Insisten en sanciones para Ortega y sus jueces
Los europarlamentarios recalcaron su llamado a que la Comisión Europea imponga sanciones a Ortega y su círculo más cercano. “Llama la atención sobre la continua instrumentalización del sistema judicial y la complicidad de los jueces al respecto; reitera su petición de que se incluya rápidamente a los jueces y fiscales en la lista de personas sancionadas por la Unión”, se lee en la resolución.
Rodríguez señaló que “hace meses” envió el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, “una lista con los nombres de los jueces” que despojaron de la nacionalidad nicaragüense a los opositores políticos. “Estos jueces y fiscales deben ser sancionados”.
“Reiteramos que es necesario la sanción directa al dictador Ortega y a todo ese entramado político y familiar, que sostiene esta gran maquinaria de represión y corrupción en la que se ha convertido el país”, destacó la europarlamentaria.
En una resolución aprobada en junio de 2022, los eurodiputados detallaron una lista de catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones de Managua.
La UE ha sancionado a 21 altos funcionarios de la dictadura —incluyendo a la vicepresidenta Murillo— y tres entidades: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).Las últimas sanciones se dieron el 10 de enero de 2022, en horas previas a que Ortega y Murillo asumieron un nuevo mandato como presidente y vicepresidenta.
