Eurodiputados demandan una “prueba de vida” del obispo Rolando Álvarez

Los eurodiputados votarán —y previsiblemente aprobarán— este jueves 15 de junio una resolución en la que demandan una “prueba de vida” del encarcelado obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, cuya última aparición fue el 25 de marzo de 2023.

En esa ocasión, los medios de propaganda de la dictadura mostraron fotografías y videos del líder religioso, durante una visita familiar en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, donde está recluido en una celda de máxima seguridad conocida como “El Infiernillo”.

Desde esa fecha han pasado más de dos meses y medio, y nadie fuera del penal ha visto al obispo, trasladado a La Modelo el 9 de febrero de 2023, luego de rehusar un destierro a Estados Unidos impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a 222 excarcelados políticos.

El Parlamento Europeo “pide que se demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo”, se lee en el punto cinco de la resolución. “Reitera —continúa— su llamado a su liberación inmediata e incondicional y a la de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, miembros de la Iglesia católica y periodistas detenidos arbitrariamente”.

En el siguiente punto, “condena los continuos abusos psicológicos y físicos a los que se enfrentan todos los detenidos a manos de la Policía y las autoridades penitenciarias, de los que las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTI son objetivos particulares, y la situación de detención en régimen de incomunicación en la que se encuentran algunos de ellos, sin acceso a sus abogados, familias o atención médica; exige que se mantenga informadas a las familias sobre el estado de salud de sus seres queridos detenidos”.

Es la segunda resolución seguida que la situación de monseñor Álvarez es tratada por la Eurocámara. En septiembre de 2022, una amplia mayoría de eurodiputados condenaron “en los términos más enérgicos” la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la detención del obispo matagalpino.

Esta será la novena resolución que vota la Eurocámara sobre la situación en Nicaragua, desde 2018. En todas han exigido la liberación de los presos políticos.

Destierro y despojo de nacionalidad

En otros de los puntos, del nuevo texto, los europarlamentarios “toman nota de la liberación de 222 presos políticos”, pero “condenan la decisión del régimen nicaragüense de deportarlos, despojarlos de su nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos, congelar y confiscar sus bienes”.

Además recuerdan “a las autoridades nicaragüenses que la privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida por el derecho internacional y pide a las autoridades nicaragüenses que revoquen de inmediato estas medidas y cesen la persecución y las represalias por motivos políticos contra disidentes y defensores de los derechos humanos”.

Expresan “su preocupación por la situación de muerte civil que sufren quienes han sido privados de su nacionalidad pero han permanecido en Nicaragua”, por lo que solicitan al régimen que “garantice la vida y la integridad de los defensores de los derechos humanos que permanecen en Nicaragua, como, entre otros, Vilma Núñez de Escorcia”.

En un debate previo, en el plenario del Europarlamento, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, comentó que “esperábamos que la liberación de los presos políticos supusiera el principio de un diálogo con el régimen y pusiera fin a la espiral autoritaria de Nicaragua. A pesar de su liberación, el régimen les revocó su nacionalidad y la de otros 94 nicaragüenses y les ha confiscado sus propiedades”.

“Y solo —continuó— por oponerse al régimen de Murillo y Ortega. Ya no es solo el régimen de Ortega, es más bien el régimen Ortega-Murillo o incluso solo de Murillo”.

En el primer punto de la resolución, los eurodiputados “condenan enérgicamente la perpetración generalizada, por parte del régimen de Nicaragua, de violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos de su población por motivos puramente políticos”.

Y destacan que “estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad”, según lo declarado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés).