12 de junio 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “institucionalizó de facto” la prohibición de procesiones en toda Nicaragua. La medida, que se derivó en la primera Semana Santa sin actos de piedad popular en las calles, busca silenciar la voz de la Iglesia católica, como parte de una guerra declarada, consideran defensores consultados.
“Es una prohibición de facto que ya se generalizó e institucionalizó en el país. No existe un documento oficial porque la dictadura fue cuidadosa en no dejar constancia de esa arbitrariedad, con el objetivo de hacer creer que son los sacerdotes quienes no desean sacar a los santos en procesión”, sostuvo la investigadora Martha Patricia Molina, quien da seguimiento a los ataques del régimen contra la Iglesia.
Desde mediados de 2022 la Policía orteguista, brazo represor de la dictadura, prohibió la realización de procesiones emblemáticas, como la de San Jerónimo en Masaya o la de la Virgen de La Merced en Matagalpa, alegando “razones de seguridad”. Sin embargo, resguardó actividades recreativas patrocinadas por las alcaldías sandinistas, aprovechadas como propaganda política a favor de la dictadura.
La negativa de las procesiones se generalizó a inicios de 2023, cuando la Policía prohibió la procesión de Jesús Sacramentado, que se celebra cada 1 de enero y convoca a cientos de feligreses.
Sin embargo, fue en Semana Santa 2023 cuando el régimen orientó la vigilancia policial afuera de las Iglesias para asegurarse que ninguna imagen del Nazareno fuera más allá de los atrios de las parroquias; ese es el límite permitido.
Según estimaciones de Molina, 3176 procesiones fueron prohibidas en la Semana Mayor, concentrando su represión contra los feligreses católicos. Quienes desafiaron la imposición orteguista, fueron encarcelados y enfrentan procesos judiciales ilegales y bajo total hermetismo.
Cerca de una treintena de personas fueron capturadas en abril de 2023, según el Monitoreo Azul y Blanco. En ese contexto, la represión estuvo focalizada en los actos de piedad popular realizados adentro de las iglesias, que fueron copadas por los católicos en defensa de su fe.
Tras la Semana Mayor, la medida restrictiva se ha mantenido. Por ejemplo, en junio, casi todas las parroquias celebran el Sagrado Corazón de Jesús. Esas actividades se están celebrando a lo interno de los templos o en el atrio de las parroquias, indica Molina. Algunos sacerdotes “aún tienen la esperanza y solicitan permiso a la Policía sandinista, pero han sido denegados”, reveló.
La más reciente procesión que estuvo limitada a las afueras del templo San Juan Bautista, en Masatepe, Masaya, fue la Santísima Trinidad. Sus fiestas patronales se desarrollan desde el miércoles 31 de mayo hasta el lunes 5 de junio. La imagen fue trasladada en un camión pequeño hacia la casa de su mayordoma para evitar inconvenientes con las autoridades. En ocasiones anteriores, la Policía ha impedido que los santos salgan, como con San Sebastián, en Masaya, cuando desplegó un operativo con más de 50 agentes formados en torno a la parroquia.
Se desconoce en qué momento el régimen orteguista permitirá, nuevamente, las celebraciones de piedad popular en las calles de Nicaragua. Estas restricciones se mantienen en un contexto de mayores agresiones contra la Iglesia católica, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas por la dictadura orteguista la última semana de mayo, aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero.
Este último ataque ha puesto en aprietos financieros a la Iglesia, que según fuentes cercanas a la institución religiosa, siguen trabajando, pero con restricciones. Si bien, las iglesias pueden mantenerse, ya que su sostenibilidad proviene, en gran parte, de la ofrenda de los feligreses, las otras dependencias (colegios parroquiales y centros de formación), tienen otras obligaciones (pago de planilla educativa y mantenimiento) que aún se desconoce qué harán para solventarlo.
Mayor terror y silencio
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, asegura que los ataques a la Iglesia católica forman parte de la persecución sistemática del régimen contra el pueblo nicaragüense, víctima de la comisión de “crímenes de lesa humanidad”, confirmado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Las acciones de la dictadura orteguista contra la Iglesia forman parte de una maquinaria de terror que busca alcanzar el control absoluto, característico de un régimen totalitario, señala el defensor.
“La pretensión es silenciar todo, que ni se escuche una homilía, por eso están prohibidas las procesiones”, expresó Carrión. Tras esta persecución la jerarquía de la Iglesia ha callado, lo que ha provocado críticas dentro del clero y laicos.
La dictadura impone el terror a través del asedio policial a los templos católicos, el acoso a sacerdotes, la vigilancia a sus eucaristías y la amenaza constante de ser encarcelados. Se estima que unos 78 religiosos, entre sacerdotes y monjas, han sido obligados a salir de Nicaragua entre 2018 y 2023, a través de diferentes medios represivos (expulsión, destierro, negación de ingreso al país). Y actualmente permanecen cuatro sacerdotes presos, entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de encierro, tras negarse a ser desterrado en febrero pasado.
Los ataques de la dictadura han sido acompañados por un discurso de odio promulgado por el mismo Daniel Ortega. En febrero, durante la conmemoración del 89 aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino., calificó a la Iglesia de ser “una mafia”.
“Son una mafia, miren los crímenes que han cometido, cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días”, cuestionó. En discursos anteriores los ha tachado de terroristas y golpistas.
La confrontación de Ortega contra la Iglesia se agudizó desde 2018, cuando los obispos y sacerdotes abrieron las puertas de los templos para resguardar de la violencia estatal a los ciudadanos que salieron a protestar masivamente contra el régimen orteguista.
Como mediadores de dos fallidos diálogos nacionales para encontrar una salida a la crisis sociopolítica, los obispos propusieron una ruta democrática, que implicaba elecciones libres y transparentes. El acto fue interpretado por Ortega como una acción que buscaba derrocar su Gobierno, responsable de al menos 355 asesinatos en el contexto de las protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
