7 de junio 2023
AA
Share
El presbítero de la Diócesis de León, Jhonny José Guerrero Blanco, se exilió de Nicaragua ante el acoso constantes de agentes policiales y fanáticos orteguistas. “Sé que el sacerdote huyó del país por la persecución Ortega-Murillo, porque él ha sido frontal con la dictadura”, dijo a CONFIDENCIAL la investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina.
Guerrero es responsable de la Iglesia San Pedro, en el barrio Sutiava, León, y cumplió 24 años de sacerdocio el 25 de marzo de 2023. “Me llamaste, elegiste y consagraste como sacerdote tuyo. 24 años han pasado en esta aventura donde tú has permanecido fiel al llamado y regalo que me has dado. Permíteme que a pesar de mi miseria pueda servirte”, se lee en una publicación de Facebook de su parroquia.
Molina, quien ha sistematizado los ataques del régimen contra la Iglesia desde 2018, alertó que otros sacerdotes y monjas de la Diócesis de León están en “la mira de la dictadura”, por lo que no descarta que próximamente haya más religiosos exiliados o expulsados.
Según Radio Darío, el presbítero salió del país después que, presuntamente, monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la Diócesis de León, le sugiriera por teléfono: “retírese del país”, ya que de lo contrario sería encarcelado, junto a su conductor, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. Sin embargo, esa versión no ha sido corroborada por CONFIDENCIAL, que sí confirmó su exilio.
Ese mismo medio de comunicación aseguró que la Policía allanó la casa del religioso el pasado fin de semana. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento oficial por parte de la Diócesis de León sobre su salida. Guerrero estuvo a cargo también del Santuario Diocesano Nuestra Señora de Los Remedios, en Quezalguaque, León.
Molina subrayó que la Diócesis de León “ha sido seriamente afectada” por el congelamiento de las cuentas de la Iglesia católica en Nicaragua, durante la última semana de mayo, como parte de una supuesta investigación por lavado de dinero.
El obispo de León al igual que toda la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) han callado sobre dicho congelamiento. Sándigo ha sido cuestionado por sacerdotes y laicos por su cercanía con el régimen orteguista. Sin embargo, Molina explicó que esa afinidad con las autoridades sandinistas no puede generalizarse a todos los sacerdotes y religiosas de esa Diócesis, que en su mayoría, “están a favor de la justicia, democracia, un diálogo sincero, abierto y en contra de todas las arbitrariedades y vulneraciones de derechos humanos que se están dando en Nicaragua”.
Sacerdotes bajo intimidación
Guerrero Blanco se suma al grupo de unos 77 religiosos, entre sacerdotes y monjas, que han sido obligados a salir de Nicaragua entre 2018 y 2023, a través de diferentes formas represivas (expulsión, destierro, negación de ingreso al país).
Desde mediados de 2022, cuando el régimen inició un ataque frontal contra la Iglesia y apresó al obispo Rolando Álvarez (condenado a 26 años de cárcel), responsable de la Diócesis de Matagalpa, varios sacerdotes empezaron a ser perseguidos y amenazados con cárcel.
La intimidación policial obligó a varios curas a salir del país por puestos no regulados. Los datos de Molina revelan que 33 sacerdotes, tres seminaristas, tres diáconos, un obispo (Silvio José Báez) y un nuncio apostólico (Waldemar Stalislaw Sommertag), fueron obligados a irse de Nicaragua. También fueron expulsadas 36 monjas de diferentes congregaciones religiosas.
Con la investigación policial abierta en contra de la Iglesia, cualquier sacerdote está en riesgo de ser secuestrado por la Policía, justificando ese proceso judicial, advirtió un cura bajo anonimato.
El último sacerdote arrestado fue Jaime Iván Montecinos Sauceda, de 61 años, párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, en Matagalpa. Fue detenido el pasado 23 de mayo.
Antes, los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, fueron sacados por oficiales del régimen de sus parroquias en Jalapa y Estelí, respectivamente, y trasladados a Managua a “una casa de formación” de la Iglesia católica, donde están a la “espera” que la Policía complete un proceso “investigativo” en su contra, según informó entonces la Diócesis de Estelí, a través de un comunicado.
Y los padres Leonardo Urbina y Manuel Salvador García están condenados por delitos comunes. Tras los más recientes ataques del régimen, los sacerdotes, seminaristas y laicos organizados en la Iglesia permanecen en incertidumbre y con temor por más represalias.
